Aunque el cálculo debe tomarse con precaución, se estima que cada año se pierden entre 10% y 30% de las inversiones en infraestructura.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) calculó en cerca de US$6 billones las pérdidas que la región entre 2019 y 2030, si se tiene en cuenta que en promedio se pierden entre 10% y 30% de las inversiones para grandes construcciones.
Aunque la CAF advierte que, por tratarse de una economía oculta, se debe mantener la cautela con los cálculos sobre corrupción, cada año se perderían entre US$1,5 billones y US$2 billones en pago de sobornos según el Fondo Monetario Internacional.
Lea también: Latinoamérica sigue rumbo de desaceleración: CEPAL
El multilateral también recordó que solo en el caso de Odebrecht, que incluyó sobornos pagados a 12 países en 15 años, los pagos ilícitos a políticos y funcionarios alcanzaron los US$788 millones según las declaraciones de la empresa brasilera al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Dichos pagos, le aseguraron a la constructora Odebrecht un total de US$3.336 millones en beneficios por obtener más de 100 contratos en infraestructura pública.
Lea también: Evo Morales acepta asilo ofrecido por México
Consecuencias en el desarrollo
La CAF advirtió que dichas pérdidas se reflejan también en la pérdida de bienestar de los habitantes de la región, mediante varias líneas.
Por ejemplo, “está el desvío de recursos que de otra manera podría financiar bienes y servicios públicos”, advierte el multilateral, en casos como la malversación de fondos para la educación pública que resultan en la falta de adecuación y herramientas en las aulas de clase.
Sin herramientas suficientes o profesores mal pagos, los estudiantes obtendrán resultados académicos más bajos por lo que terminarán abandonando su educación o sin acceso a una capacitación suficiente para obtener empleos que les permitan mejorar sus ingresos y hacer más productivos a sus países.
El informe también advierte que la corrupción también afecta la productividad y el crecimiento económico de los países al distorsionar las decisiones de las empresas. Al establecer relaciones entre el sector privado y los políticos vía financiación electoral para obtener más adelante beneficios en contratación “provocan caídas en el nivel agregado de inversión, especialmente en proyectos de larga duración”.