Este es el modelo que permitiría a la plataforma regresar al mercado colombiano bajo la legalidad.
La gran discusión que rodea la salida de Uber del mercado colombiano es que mientras sus críticos sostienen que es una empresa de transporte, quienes la defienden recalcan que es una compañía tecnológica que intermedia el servicio.
Esta plataforma, símbolo de disrupción en el mundo, se lleva por delante todo el peso de la discusión por haber sido la primera en introducir esta propuesta en el mercado colombiano, pero es solo una de otras tantas como Didi, Beat, Cabify e InDriver, que han llegado, y seguramente, seguirán llegando.
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Cuando se le pregunta a Luis López, gerente de asuntos públicos de Uber para Colombia, Bolivia y Ecuador, por qué en seis años no han sido reguladas las plataformas privadas de transporte en el país, responde “realmente no sabemos”, a pesar de haber sido el primer destino en Sudamérica. De hecho, destaca que es el único de la región en el que “aún no tiene una conversación” sobre este tipo de regulación.
Desde Uber han intentado acercarse al Gobierno, para sugerir que para este tipo de plataformas, se debería crear una categoría de Empresa de Red de Transporte (ERT) en la que cada una de las partes tiene unas responsabilidades.
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Mientras que la plataforma se encarga de los servicios financieros, de marketing, de GPS, de seguros, mapas, así como de términos y condiciones, entre usuarios y conductores existiría un servicio privado en el que cada parte también asume unos mínimos de calidad para la prestación del servicio y para el pago del mismo.
Sin embargo, el problema local va más allá porque, así como hay 88.000 conductores asociados a Uber, hay otros miles de conductores de taxis amarillos que cumplen con la regulación vigente y quedarían en el aire.
Precisamente en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley, de autoría de los representantes a la Cámara Mauricio Toro (Verde) y Edwin Ballesteros (Centro Democrático), el cual pretende “equilibrar la cancha” y regular de una vez el servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales.
Otras iniciativas similares no han prosperado en el legislativo, como el proyecto de ley que presentó el senador Andrés García Zuccardi en 2014.
Pero Toro y Ballesteros dicen que su propuesta se diferencia de otras porque en esta “ganan” ambas partes. Esta está compuesta por tres partes; primero, un fondo de compensación de cupos para los inversores de los taxis, el cual deberán asumir las plataformas con el 1% de sus ventas.
Segundo, equiparar los requisitos para las aplicaciones móviles, en el que se entrarán a regular elementos como el seguro para pasajeros que deben tener los taxis o la licencia especial para transporte de pasajeros en las plataformas.
La tercera parte del proyecto se refiere al tema tributario. Teniendo en cuenta que las plataformas pagan IVA (Uber dice que ha entregado a la Dian más de $70.000 millones por este concepto), el proyecto pretende que las aplicaciones paguen impuesto de renta sobre las ventas y no solo sobre las oficinas que ocupan.
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De convertirse en ley, este otorga al Ministerio de Transporte la responsabilidad de reglamentar la tarifa dinámica para las empresas de taxis. El Gobierno tendría un año para especificar las reglas y los taxis para acogerse a operaciones a través de tabletas y geolocalización.