Los bajos precios del carbón término, sumado a la pandemia y a la reducción en la demanda impulsaron la difícil situación del Grupo Prodeco. Expertos consultados por Forbes advierten que su salida del país tardaría entre dos a cinco años.
La profunda crisis que abarca al sector carbonífero colombiano ya deja uno de los primeros derrotados. Este jueves el Grupo Prodeco, una de las principales empresas de la industria, dio a conocer que comenzará la devolución de sus títulos mineros al país al argumentar que el reinicio de sus operaciones “no resulta económicamente viable”.
La decisión se tomó al dar una nueva revisión operativa para identificar eficiencias adicionales en sus costos de operación, considerando las expectativas de precios a la baja. Tras esta evaluación, se determinó que sus números no soportan la operación de las minas de Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento del César, al norte de Colombia.
“La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante”, explicaron a través de un comunicado. “El Grupo Prodeco apoyará a sus empleados, contratistas y las comunidades vecinas en relación con el impacto derivado de la renuncia a los títulos mineros y las posteriores etapas del proceso”.
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Prodeco, que al cierre de 2019 alcanzó unos ingresos operacionales de $2.7 billones, siendo la tercera minera más grande del país, por debajo de Drummond y El Cerrejón, no dio mayores explicaciones sobre esta decisión, pese a que colaboradores de la empresa le explicaron a Forbes que tan pronto se den avances adicionales en este proceso se estarán comunicando.
Ante este anuncio, expertos, gremios y analistas lamentaron esta notificación y pusieron sobre el tapete la discusión sobre la difícil situación que atraviesan las empresas de esta industria. Más ahora que ya se analiza una posible venta de El Cerrejón y se mantienen en jaque las operaciones de otras empresas que se dedican el negocio.
“La devolución de los títulos mineros de Prodeco es una noticia muy lamentable para el país y las comunidades de las zonas de influencia, quienes se benefician no solo de los impuestos y las regalías que este tipo de proyectos generan, sino también del empleo, los encadenamientos productivos y la inversión social”, le dijo a Forbes Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón).
Y es que los bajos precios internacionales del carbón térmico, que han caído más de 40 % en los últimos dos años, sumado a la reducción de la demanda, la caída en la producción y el impacto de la pandemia fueron sin duda las razones que llevaron a la organización a tomar la decisión, según explicaron los expertos.
Leonardo Güiza, director del Observatorio Colombiano de Minería y profesor de la Universidad del Rosario, advirtió que son varios factores que jugaron en contra más allá de la situación externa que vive este combustible fósil a nivel internacional. “El precio del carbón a nivel internacional está muy bajo, pero también en Colombia hay factores internos que no permiten estabilidad jurídica a las empresas. Vemos que temas relacionados con el licenciamiento ambiental o el orden público han generado que se tengan altas cargas sociales y ambientales, lo que hace inviable la operación”, dijo.
Pese a que el anuncio sorprendió a la industria debido a la alta capacidad de producción que tienen esas dos minas en Colombia, algunas voces que pidieron no ser citadas argumentaron que en los últimos meses ya se han dado señales sobre lo que iba a ocurrir.
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El motivo obedece a que Glencore, principal productor de carbón en el mundo, y quien es propietario de Prodeco y accionista de El Cerrejón, ya había anunciado que se harían ajustes en su operación tras suspender la extracción a comienzos de la pandemia. En su momento, la multinacional advirtió que se habían reducido las compras de carbón en Europa, por lo que sin duda se iba afectar la industria no solo local, sino global.
Este anuncio se vio acompañado de la caída en la producción nacional de carbón, pues mientras en 2016 se producían alrededor de 91 millones de toneladas al año, al cierre del año pasado se habría cerrado con 53.7 millones. Es decir, una caída en términos netos de 37.3 millones de toneladas en tan solo cuatro años.
“Se estima que para el cierre de 2020 la producción cierre alrededor de 55 millones de toneladas, 35 millones menos que los récords alcanzados en 2016 y 2017, con lo que la reducción en el valor agregado del carbón se estima cercana al 30%, aportando más de 22 puntos porcentuales a la caída del PIB minero”, decía hace dos meses Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
¿Qué viene?
La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que ya recibió la solicitud formal de la renuncia a los derechos mineros de los títulos del Grupo Prodeco. Tras este anuncio, la entidad destacó que realizará la evaluación de la solicitud radicada con el objetivo de definir si es viable legalmente.
“El proceso de evaluación incluye una revisión rigurosa al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales derivadas de los títulos mineros, entre las cuales se contemplan las obligaciones ambientales, sociales y económicas”, destacaron.
Aunque no se tiene un cronograma y tiempos establecidos sobre todo el desmonte de la operación, lo cierto es que los expertos advirtieron que “es un proceso complejo que depende no sólo de temas técnicos mineros, sino también ambientales”.
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Cante, de Fenalcarbón, advirtió que en este camino se deben dar algunos cumplimientos de obligaciones económicas, “por lo que fácilmente todo el proceso podría tardar uno o dos años”. Su visión es optimista, pues hay quienes advierten que se deben cumplir con obligaciones contraactuales que podrían extenderse hasta 5 años.
“Después de que se hace la solicitud, viene el cierre de mina. No es solo entregar el título, sino hacer el cierre porque son obligaciones ambientales que tienen con el Gobierno. Eso podría tardar hasta cinco años. No es un tema jurídico, sino un tema de operación. Es decir, hacer todas las medidas de contención, del suelo, de repoblamiento de fauna, entonces no es algo que se hace de un momento para otro”, añadió Güiza, del Observatorio Colombiano de Minería.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, advirtió que el desmonte de los yacimientos de carbón de estas dos minas de Prodeco, ante el desplome de la demanda mundial del carbón, sin duda marca el inicio del final del ciclo carbonífero en Colombia.
Pese a que el Gobierno Nacional declinó hacer cualquier tipo de comentarios a Forbes sobre lo que viene para Prodeco y la industria, la semana pasada la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, advirtió que si bien los mercados le están cerrando las puertas a Colombia, las perspectivas apuntan a que se dará una gradual mejora en los precios y en la demanda al cierre del año.
Es de resaltar que, si bien Prodeco entra en un proceso de entrega de títulos, se conoció que Colombian Natural Resources (CNR) también ha suspendido sus actividades de explotación en el Cesar.
De hecho, la empresa presentó una solicitud para también suspender su operación, por lo que en este momento la Agencia Nacional de Minería analiza la petición, para dar una pronta respuesta. Se estima que CNR había producido un poco más de 4 millones de toneladas de carbón, dejando al país $73.886 millones en regalías.
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El impacto
Durante los últimos 30 años de su actividad minera en Colombia, el Grupo Prodeco ha invertido un poco más de US$3.000 millones, así como ha pagado millones en regalías en el César. Su salida del departamento pone en jaque la economía de esa región, pues se estima que la multinacional mueve alrededor del 40% del PIB de ese departamento.
Lo mismo pasa en La Guajira, por ejemplo, donde la producción de carbón del Cerrejón representa 43% de la economía, pues mueve la inversión social, las regalías y en empleo.
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Aunque todavía no se tienen datos exactos sobre de el impacto total de la salida de Prodeco, se estima, por ahora, que más de 4.500 empleos se podrían perder. En línea con lo anterior, la empresa confirmó que “se ofrecerá nuevamente un programa de retiro voluntario a sus empleados el cual será significativamente superior a lo requerido bajo la legislación colombiana”
A esto se suma que la Gobernación del Cesar no recibiría alrededor de $65.429 millones por concepto de regalías, mientras el país perderá $243.901 millones.