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Nivel de corrupción se ha mantenido en la región: Encuesta Latam

Más de la mitad de los encuestados señalaron que la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios en la región.

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Foto: Despacho jurídico Martínez Ocampo & Chávez-Vaca.

A pesar de los intentos por combatir la corrupción en América Latina, los países de la región han demostrado que este problema es un mal que se ha mantenido de manera constante y que está lejos de terminar.

Por lo menos así lo indica la Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2020, la cual se publica cada cuatro años desde 2008 y, aunque el ánimo de entonces era esperanzador, a más de 12 años de su primer lanzamiento la situación no ha cambiado.

De acuerdo con Jorge Martínez Ocampo, socio director del despacho jurídico Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, fue desde 2008 cuando los países latinoamericanos prometieron enfrentarse a la corrupción; sin embargo, son más los casos de este delito dados a conocer por los mismos medios de comunicación, que por investigaciones realizadas por las autoridades.

Y es que, según la encuesta, más de la mitad de los participantes señalaron que la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios.

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Particularmente en el caso de México, 49% del número de encuestados indicó tener conocimiento sobre procesos judiciales por corrupción y casi 75% clasificó a la Fiscalía como significativamente corrupta.

“A pesar de los intentos gubernamentales por mejorar en el combate a la corrupción, este mal continúa minando el tejido social. ¿Cómo podemos avanzar en el país si nuestros socios comerciales y hermanos de Latinoamérica aumentan sus índices de corrupción y viceversa? Es un círculo del que no hemos podido salir”, observó Martínez Ocampo.

Por ello —señaló— es importante implementar un instrumento que beneficie a todos los países por igual, tal como el Compliance gubernamental, cuya utilidad ha sido probada en distintas instancias.

El Compliance gubernamental es el cumplimiento de las normas, fundamentadas bajo el funcionamiento correcto del sector público, y uno de sus principales objetivos es ampliar espacios de participación ciudadana que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas, en los distintos ámbitos de la gestión gubernamental.

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