Las aerolíneas se convirtieron en las principales afectadas por los contagios masivos. Más de mil vuelos fueron afectados solo en enero. Empresarios del país piden ayuda con los costos por incapacidades.

La variante de Covid-19 ómicron marcó el inicio del 2022 en Colombia y el mundo. En el país el Ministerio de Salud informó que se convirtió en la variante dominante y que ante el aumento de contagios cualquier persona con flujo nasal, dolor de cabeza, malestar general o fiebre debía asumir que había sido contagiado con el virus. Pero, por tratarse de una variante altamente contagiosa, revivió una dificultad que los empresarios colombianos ya habían superado en 2020: la escasez de empleados por los altos contagios y el temor a un nuevo aislamiento.

Las aerolíneas fueron las principales afectadas. Un informe de la Aeronáutica Civil, confirmó que, con corte a la última semana de enero, por cuenta de los contagios de la variante ómicron, principalmente en las tripulaciones y auxiliares, en el país se cancelaron 52 vuelos que afectan a 3.787 pasajeros.

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Con la cancelación de estos itinerarios en lo que va corrido de 2022, se han perjudicado 1.125 vuelos que perjudican directamente a 91.927 pasajeros.
Avianca, Latam y Viva Air han sido las más afectadas en ese orden.

Empresarios de otros sectores también manifestaron que ante el aumento de incapacidades se podía poner en riesgo la recuperación esperada para el comercio local. De los siete a diez días de incapacidad que establece la EPS para los casos positivos de ómicron, los dos primeros de ellos son asumidos por las compañías, lo que deja a las empresas pagando, por ejemplo, si se trata de un empleado con salario de 1,5 millones de pesos, cerca de 100 mil pesos por la incapacidad.

La cifra parece pequeña, pero si se tiene en cuenta que el número promedio de contagios en el país llegó a los 20.000 por semana, si una empresa tiene 10 empleados enfermos dos días el valor a cubrir asciende al millón de pesos. Cuando las incapacidades superan los tres días, la norma establece que la EPS se encarga de asumir el 66,67% del valor total.

“Tenemos que pensar mecanismos mediante los cuales el Gobierno pueda apoyar a las empresas dadas las incapacidades. Como todos sabemos, el sector empresarial colombiano ha sufrido una situación complejísima desde el año 2020 en término de los efectos que económicamente ha tenido el aislamiento y los confinamientos”, dijo sobre la situación Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Mientras eso ocurre, las incapacidades siguen siendo materia de evaluación. Para el caso del ómicron, aunque el Minsalud pidió que las personas de grupos no prioritarios asumieran los síntomas como una confirmación de contagio, las áreas de recursos humanos siguieron pidiendo constancia de la enfermedad para avalar los días de recuperación, lo que puso en los empleados en una difícil situación con las EPS.

“La incapacidad se rige bajo la normativa de cualquier otra incapacidad médica con las características que esta implica”, dijo públicamente el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera. “Para efectos de la expedición del certificado de incapacidad o del certificado de aislamiento al confirmar un nexo epidemiológico, se recomienda al médico tratante indagar sobre la actividad laboral que desarrolla el paciente y la posibilidad de realizar teletrabajo, de no ser viables estas modalidades se sugiere ordenar la toma de prueba para covid- 19. Si el resultado de la prueba es negativo se suspenderá el aislamiento y podrá el trabajador reintegrarse a las actividades presenciales”, explica la circular emitida por el Gobierno.

La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, manifestó que “nosotros ya tuvimos un peso de incapacidades porque el sistema no respondía en el momento apropiado. Si bien es cierto, ómicron es menos letal, hay contagio más acelerado y el número de trabajadores que se contagian al tiempo es alto. En ese orden de ideas, ya se puede imaginar cuantas empresas, sus procesos y estructuras de producción se ven afectados porque precisamente tenemos muchos trabajadores fuera de las condiciones adecuadas para ir a laborar”, agregó.

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Con ese panorama dos discusiones recurrentes que Colombia aún no soluciona vuelven a estar sobre la mesa. La primera, el uso de pruebas caseras de Covid-19. Ana María Vesga, vicepresidenta de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), afirmó que “hemos pedido la autorización al Gobierno para la importación y comercialización de las pruebas caseras de covid. Creemos que en un escenario de hipercontagio por el que estamos atravesando y cuando es importante mantener la senda de reactivación, es necesario un mecanismo fácil que puede ser adquirido en una farmacia o en un almacén de cadena”.

Y la segunda, es la necesidad de tener herramientas legales y jurídicas que les permitan a los empleados y las empresas operar bajo modelos claros de trabajo remoto. Según el informe sobre el balance 2021 y las perspectivas 2022 presentado por la Andi, ante lo que ha sido el inicio de año y con el riesgo del Covid aún latente, las empresas consideran mantener el teletrabajo como modalidad principal y del total de empresas que plantean mantenerlo, el 25% espera hacerlo un día a la semana, 40,5% por dos días a la semana, 25% más de dos días a la semana y 9,5% de manera permanente.

Mientras eso ocurre, el país tendrá que seguir avanzando en la vacunación masiva. El presidente Iván Duque ha dicho que este año la meta es llegar al 80% de la población con al menos una dosis y para el cierre del primer semestre tener cerca del 90% de la población vacunada. “Algo importante es que estamos próximos a llegar a 5 millones de personas con dosis de refuerzo, que es casi el 10% de la población, y también como podemos advertirlo, eso ha ayudado a que la mortalidad colombiana por ómicron no sea tan severa en los sectores de mayor vulnerabilidad”, dijo.