Según el gremio de las EPS del régimen subsidiado, para alcanzar la suficiencia de la UPC en 2024 será necesario un aumento real que no amplíe la desfinanciación y que reconozca el comportamiento real de las principales variables de cálculo.

En una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado – Gestarsalud- alertó que la cartera aún no ha socializado cuál será el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que determina el valor que paga el Estado para la atención de cada uno de los usuarios para 2024.

“La decisión trascendental que debe tomar el Ministerio este año marca el futuro del sistema de salud, de los aseguradores y prestadores, y particularmente de la garantía del derecho de las personas a la atención”, señaló Carmen Eugenia Dávila, Directora del gremio. 

Además, recordó  que, de no publicarse antes del 31 de diciembre la resolución que establece dicho aumento, este se ajustaría automáticamente de acuerdo a la inflación causada, lo que traería graves consecuencias financieras para el sector, porque no se estarían considerando otros aspectos como el incremento de frecuencias de uso. 

Según Gestarsalud, para el cálculo de la UPC se fijó una metodología que se viene implementando desde hace 20 años, en la que se tienen en cuenta, entre otros factores,  la base de suficiencia del sector para establecer el presupuesto.  

De acuerdo con la dirigente gremial, para alcanzar la suficiencia de la UPC en 2024 será necesario un aumento real que no amplíe la desfinanciación y que reconozca el comportamiento real de las principales variables de cálculo.

En la carta, la Directora de Gestarsalud reiteró la necesidad de la unificación de la prima pura de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, ya que aún existe una brecha entre estos a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, quién ordenó equipararlas en el 95 %. 

Según datos del gremio, entre 2022 y 2023 esta brecha se ha ampliado llegando al 11 %, es decir que por cada afiliado al régimen subsidiado el Estado dejó de pagar un promedio de $128.637 destinados a cubrir las necesidades en salud de la población más pobre y vulnerable, lo que equivale a aproximadamente $3,3 billones en el agregado nacional.