Un análisis publicado esta semana por la revista británica The Economist criticó las políticas ambientales del presidente colombiano Gustavo Petro, señalando que sus decisiones en materia de transición energética presentan contradicciones que podrían aumentar la contaminación y los costos para el país. Según el medio, la suspensión de nuevas licencias para la exploración de gas […]
Un análisis publicado esta semana por la revista británica The Economist criticó las políticas ambientales del presidente colombiano Gustavo Petro, señalando que sus decisiones en materia de transición energética presentan contradicciones que podrían aumentar la contaminación y los costos para el país.
Según el medio, la suspensión de nuevas licencias para la exploración de gas natural, una de las principales apuestas del mandatario para reducir la dependencia de combustibles fósiles, ha obligado al país a recurrir a la importación de gas licuado desde países como Qatar. Este proceso, argumenta The Economist, triplica el precio del combustible y aumenta las emisiones en un 50% respecto al gas producido localmente.
“El gran beneficiado de esta estrategia será Spec, la única regasificadora del país, controlada por Promigas”, indicó el análisis, sugiriendo que se ha creado un monopolio de facto en las importaciones de gas.
La publicación también destacó que, pese a los discursos del presidente en favor de una transición energética, las políticas implementadas han generado dudas sobre su coherencia. Un ejemplo citado fue la planta de Cupiagua, en el noreste del país, que refleja la caída en la producción de gas nacional. De acuerdo con cifras citadas por el medio, las reservas colombianas se han reducido en un 58% desde 2012, llevando al país a importar gas por primera vez en casi medio siglo.
Petro ha defendido su decisión de detener la firma de nuevos contratos de exploración, afirmando que las reservas actuales permitirán avanzar en la transición energética. Sin embargo, The Economist cuestionó esta afirmación, señalando que los datos no respaldan esa visión.
El análisis también repasó los intentos fallidos del Gobierno colombiano por importar gas desde Venezuela, debido al deterioro del gasoducto binacional y a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. En su lugar, el Ejecutivo optó por un acuerdo con Qatar, anunciado en marzo, para importar gas licuado.
“La licuefacción y el transporte del gas encarecen el producto y aumentan su huella de carbono”, advirtió The Economist, que considera esta estrategia contraria a los objetivos ambientales del gobierno.
En diciembre, el Gobierno celebró el hallazgo del mayor yacimiento de gas en la historia del país, ubicado en el Caribe. Pese a que el descubrimiento podría triplicar las reservas una vez entre en operación en 2029, la administración Petro mantiene su política de no otorgar nuevas licencias de exploración.
The Economist también mencionó que, frente al creciente escrutinio, el mandatario ha intentado desviar la atención. En un Consejo de Ministros transmitido el 7 de abril, Petro lanzó críticas al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien respondió asegurando que la compañía mantiene una estrategia de exploración “agresiva”.
El medio británico concluyó que las decisiones del Gobierno han generado un déficit de gas que podría agravarse a partir de 2025, afectando tanto a consumidores residenciales como a la industria. La importación de gas mediante fracking desde países como Estados Unidos, agregó, representa una contradicción frente a los compromisos de reducción de emisiones.
“El presidente Petro ha intentado posicionar a Colombia como líder en la transición energética, pero sus decisiones recientes han generado críticas dentro y fuera del país”, finalizó The Economist. “Las promesas verdes del presidente de Colombia suenan cada vez más vacías”.