La Junta dice que ordenó la suspensión del contrato de US$ 5,8 millones con Covington & Burling LLP y que en función de los resultados de las investigaciones en curso se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan.
La Junta Directiva de Ecopetrol emitió un comunicado en el que advierte que ni sus miembros ni el Comité de Auditoría fueron consultados sobre la firma de un otrosí al contrato original por US$587.500 con Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses.
Después de la modificación de su alcance, el valor del contrato aumentó a US$ 5,8 millones, lo que habría originado la renuncia irrevocable de la ex ministra Mónica de Greiff a la Junta a partir de este 30 de mayo.
“En este proceso no participó el Presidente de la compañía”, dice la Junta en un comunicado en el que señala que desde que Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, en 2008, la compañía ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyada por firmas de abogados de Estados Unidos, con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas.
Estos temas tienen que ver con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) (FCPA, por sus siglas en inglés) y asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) (OFAC, por sus siglas en inglés), gestión de riesgos y asuntos éticos.
Explica la Junta que al verificar en las actas que ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo, por lo cual ordenó la suspensión de estas actividades desde febrero de 2025.
“En su momento y de manera oportuna, la Junta Directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso. En función de los resultados de estos procedimientos, se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan”, señala.
La Junta dice que la Empresa colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación, y que las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de Ecopetrol y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional.
Reitera finalmente que Ecopetrol mantiene su solidez operativa y financiera, y que ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública.
“Esta coyuntura no afecta los planes ni los proyectos definidos por la empresa y tampoco las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso”, dice la Junta al señalar que “la transparencia y la defensa del patrimonio público son sus prioridades, en línea con los principios de buen gobierno corporativo”.
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