En el Congreso, un proyecto que podría regular el mercado cripto colombiano avanza a paso lento. La iniciativa promete establecer un marco claro para que plataformas y usuarios operen con mayor seguridad jurídica y bajo la supervisión de las autoridades.

El proyecto para regular las criptomonedas en Colombia sigue sin ver la luz. Entre miedos políticos, vacíos técnicos y la presión de la industria, el país observa cómo otros mercados avanzan y atraen inversión en un sector que no espera.

Expertos advierten que la ausencia de reglas claras frena la innovación y facilita delitos financieros. Mientras en países como Argentina, Chile y El Salvador ya afianzaron marcos regulatorios, en Colombia el debate se dilata entre la desinformación, el miedo y la falta de garantías.

“No hemos tenido las reglas claras para navegar en este mundo tan innovador, y ahora tenemos la posibilidad de cambiar el mundo financiero tal como lo conocemos”, señaló Juanita Rodríguez Kattah, directora de Bitso en Colombia.

En el Congreso, un proyecto que podría regular el mercado cripto colombiano avanza a paso lento. La iniciativa promete establecer un marco claro para que plataformas y usuarios operen con mayor seguridad jurídica y bajo la supervisión de las autoridades. Aunque ha superado varios debates y cuenta con el respaldo de sectores de la industria y parte del Gobierno, las discusiones técnicas y políticas han retrasado su llegada a la plenaria, prolongando la incertidumbre en un sector que se mueve mucho más rápido que la agenda legislativa.

El proyecto de ley No. 510 de 2025 por el cual se “regulan los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)” busca establecer un marco normativo integral para este mercado en Colombia. La iniciativa propone crear un registro obligatorio de PSAV, administrado por la Superintendencia de Sociedades, con el fin de darles claridad jurídica únicamente a quienes operan de forma habitual y profesional.

A través de este registro, el regulador podrá ejercer vigilancia, exigir información sobre operaciones y activos, y asegurar la presentación de reportes ante entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fortaleciendo así la transparencia, la prevención del lavado de activos y la protección del usuario. Además, el proyecto busca impulsar la adopción de tecnología blockchain, promover la innovación tecnológica, fomentar colaboración público-privada y apoyar la investigación científica en ámbitos educativos como el SENA.

Aún así, el avance de una regulación para el mercado cripto en Colombia se ha visto ralentizado por factores como el desconocimiento técnico del tema en algunos sectores legislativos, la falta de un consenso claro sobre cómo supervisar la actividad y los temores a que un marco normativo mal diseñado frene la innovación. A esto se suma la preocupación de que una sobrerregulación, en lugar de proteger, asfixie el crecimiento del ecosistema, alejando a los desarrolladores y a las empresas más innovadoras.

“Si bien con una regulación estamos buscando que inversionistas y personas que quieran entrar en este mundo tengan un cierto nivel de protección, tampoco podemos limitar a esto que ciertas empresas que están en el mundo blockchain no generen una innovación relevante en la industria”, asegura Carlos Jaramillo, director Comercial del Sector Público de Chainalysis para Latinoamérica.

Especialistas en análisis de blockchain señalan que, aunque la proporción de actividad ilícita sobre el volumen total de transacciones ha disminuido en los últimos años, los hackeos y estafas en el ecosistema cripto continúan en aumento, con más de 2.200 millones de dólares sustraídos en 2024, según Chainalysis, en su mayoría, a través de contratos inteligentes y servicios centralizados auditados.

La ausencia de marcos normativos claros dificulta la detección y prevención de estas actividades, lo que puede abrir espacio para que la criminalidad aproveche vacíos regulatorios. “Cuanta menos regulación haya, más oportunidad hay para los criminales”, aseguró Felipe Carreño, Chief Compliance Officer de Minteo.

Una regulación, argumentan, permitiría exigir reportes a autoridades, fortalecer la trazabilidad de fondos y reducir riesgos para los usuarios, además de ofrecer certidumbre jurídica a empresas y atraer inversión hacia un sector que, en países con reglas claras, ha demostrado un crecimiento sostenido.

Ejemplos en la región muestran cómo estos marcos pueden implementarse de forma efectiva: de acuerdo con el LATAM Blockchain 2024 de Sherlock Communications, Brasil ha implementado un marco legal que exige el registro de proveedores de servicios de activos virtuales y establece lineamientos para prevenir el lavado de dinero. En Argentina, la regulación avanza de forma fragmentada, con medidas tributarias y requisitos para exchanges, mientras que en México la Ley Fintech incorporó disposiciones sobre activos virtuales, aunque el sector considera que no ha logrado cubrir las particularidades del mercado cripto.

Si el proyecto de ley es aprobado, Colombia contaría por primera vez con un marco normativo específico para proveedores de servicios de activos virtuales, lo que daría inicio a la implementación de un registro oficial y a la supervisión directa de las operaciones bajo criterios definidos por la autoridad competente.

En ese escenario, el actual sandbox regulatorio de la Superintendencia Financiera, que hoy funciona como espacio de pruebas controladas para productos y servicios innovadores, podría complementarse con reglas permanentes para los actores que superen la fase experimental. En caso de que no se apruebe, el mercado seguiría operando bajo normas generales de prevención de lavado de activos y disposiciones financieras indirectas, sin un esquema unificado que regule de forma integral la actividad, manteniendo al sandbox como uno de los pocos mecanismos formales de interacción entre autoridades y empresas del sector.

“Creo que una regulación clara y exitosa podría ayudar a canalizar la innovación, a traer una inversión responsable, ampliar la oferta de servicios con mayor seguridad jurídica para todos los actores, y que quienes fueran a participar precisamente en esta industria lo pudieran hacer bajo unas normas claras y establecidas para protegerse de los riesgos al conocerlos muy bien”, afirmó Sergio Covaleda, Chief Legal Officer de Wenia.

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