El contrato de producción de pasaportes provocó la renuncia de Sarabia la semana pasada, apenas cinco meses después de haber asumido la Cancillería.

El Gobierno aseguró este jueves que está “listo” para firmar con Portugal un convenio para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes, un proceso polémico que le ha costado el cargo a dos cancilleres y actualmente es investigado por la Procuraduría (Ministerio Público).

“Estamos listos para firmar con Portugal. Luego de reuniones técnicas todo está acordado”, afirmó en una breve publicación en X el nuevo jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade.

Sin embargo, según el borrador del convenio interadministrativo que el entonces Canciller Luis Gilberto Murillo dejó en manos de Laura Sarabia para ser suscrito entre la Cancillería y el Gobierno de Portugal para la producción de pasaportes, el costo del documento fluctuaría según la tasa de cambio del euro, ya que la tabla de precios se formuló en esa moneda.

El hecho fue revelado por Blu Radio al dar a conocer el borrador del convenio. Durante el primer año, la Cancillería haría una inversión de $122 mil millones.

“El valor base del pasaporte con chip se fijaría en 17 euros, que al tipo de cambio actual equivaldría a unos 79.900 pesos. A esta cifra habría que sumarle el transporte, el impuesto de timbre (75.000 pesos) y otros gastos, lo que podría hacer que el precio final sea igual o incluso superior al actual”, señaló Blu Radio.

El caso de los pasaportes llevó a la Procuraduría a abrir el miércoles una investigación disciplinaria contra Saade y los excancilleres Sarabia y Murillo por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo.

El contrato de producción de pasaportes provocó la renuncia de Sarabia la semana pasada, apenas cinco meses después de haber asumido la Cancillería.

La polémica comenzó en 2023, cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años para fabricar los documentos, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.

Para remplazar a esa firma, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia, pero según Sarabia, esta última carece de la capacidad técnica.

Por esa razón, antes de dejar el cargo, Sarabia prorrogó por un año, a partir del 1 de septiembre, el contrato con Thomas Greg & Sons.

Según la excanciller, la Imprenta aún no está en condiciones de encargarse de la impresión, personalización y distribución de los documentos, algo que intentará determinar la Procuraduría en esta etapa de su investigación, con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

En el caso de Saade, quien asumió el cargo hace solo dos semanas, el Ministerio Público investiga si se extralimitó en sus funciones al dar instrucciones a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para expedir pasaportes.

Thomas Greg & Sons, además de producir estos documentos, ha sido durante años la encargada de la logística electoral en Colombia y ayer la Registraduría Nacional (autoridad electoral) le adjudicó el contrato para organizar los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

Esta decisión provocó nuevas críticas del presidente Gustavo Petro, quien volvió a poner en duda, sin presentar pruebas, la transparencia del sistema electoral colombiano y el papel de esta empresa en procesos pasados. 

Forbes Staff y EFE