El Gobierno pactó la medida con Podemos y prevé otorgar permisos de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya se encuentran en el país
El Gobierno de España aprobará el martes el inicio de la tramitación de un real decreto para una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en el país, una medida pactada entre el Ejecutivo socialista y el partido izquierdista Podemos, con la que se busca otorgar permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes. Con esta medida, miles de órdenes de deportación quedarían anuladas.
El anuncio fue realizado por el Ejecutivo minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, adelantara el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lidera el Gobierno.
Según explicó Montero, la iniciativa permitirá regularizar a todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en el país.
La residencia podrá demostrarse mediante el empadronamiento municipal, pero también a través de otros documentos, como informes médicos, contratos de suministro eléctrico o certificados de envío de dinero, una flexibilización que había sido reclamada por organizaciones sociales ante las dificultades que enfrentan muchas personas migrantes para acceder al padrón.
La admisión a trámite de la solicitud concederá automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por haber trabajado sin permiso.
Al finalizar ese periodo, las personas beneficiarias podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que el real decreto tiene como objetivo “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”.
Al tratarse de un real decreto, el Gobierno no requiere convalidación parlamentaria, lo que le permite sortear la falta de apoyos que ha enfrentado en el Congreso en materia migratoria.
La regularización prevista se suma a los hasta ocho procesos extraordinarios impulsados en España desde los años ochenta por gobiernos tanto del PSOE como del conservador Partido Popular (PP).
Estas iniciativas han tenido como objetivo reducir las bolsas de inmigración irregular y combatir la economía sumergida.
Según cifras oficiales de distintos gobiernos, más de un millón de extranjeros lograron regularizar su situación mediante estos mecanismos, aunque no han sido la única vía para acceder a la documentación.
En mayo de 2025 entró en vigor una reforma del reglamento de extranjería que introdujo cambios para flexibilizar la regularización por arraigo, con la que el Gobierno estimaba poder legalizar la situación de unas 900.000 personas en un plazo de tres años.
El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) informó este lunes que la cifra de personas migrantes en situación administrativa irregular en España continúa en aumento y ya alcanza las 840.000.
Por origen, predominan las nacionalidades del continente americano, con unas 760.000 personas, que representan el 91 % del total.
Entre ellas destacan los ciudadanos colombianos, con cerca de 290.000 personas, seguidos por los peruanos, con casi 110.000, y los hondureños, con unas 90.000.
Las nacionalidades africanas suman alrededor de 50.000 personas, mientras que las asiáticas alcanzan las 15.000 y las europeas, unas 14.000, cifras muy inferiores en comparación.
Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo de 2025.
Antecedentes de regularización
Los dos primeros procesos extraordinarios se aprobaron en 1985 y 1991, durante los gobiernos del socialista Felipe González, y beneficiaron a más de 147.000 personas.
Bajo el mandato del conservador José María Aznar, se impulsaron varios procesos entre 1996 y 2001. En 1996, unas 21.000 personas obtuvieron permisos, mientras que en el proceso del año 2000 se presentaron más de 244.000 solicitudes, de las cuales unas 163.000 fueron aprobadas.
En 2001, una revisión posterior permitió regularizar a 36.000 personas adicionales. Ese mismo año se aprobó un proceso específico para ciudadanos ecuatorianos, que benefició a más de 20.000 migrantes, tras un accidente ferroviario en Lorca en el que murieron doce trabajadores sin permisos.
También en 2001 se puso en marcha la llamada regularización por arraigo, que permitió documentar a más de 239.000 extranjeros.
El mayor proceso de este tipo fue el aprobado en 2005 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició a cerca de 578.000 personas y vinculó por primera vez la regularización de forma directa al mercado laboral mediante la exigencia de un contrato de trabajo.
La nueva regularización ha sido celebrada por organizaciones sociales y plataformas promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes.
Silvana Cabrera, representante de la plataforma Regularización Ya, calificó el anuncio como “un sueño” que consideraban “inalcanzable”, durante un acto del partido Podemos en el que se informó del acuerdo con el Gobierno.
Cabrera sostuvo que detrás de cada regularización “hay una vida migrante”, marcada por responsabilidades y dificultades, y afirmó que la medida supone un ejercicio de reconocimiento y reparación.
En la misma línea, el codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, valoró positivamente la iniciativa y consideró “de justicia” que las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país reciban una respuesta rápida a sus solicitudes.
Desde la oposición, sin embargo, la reacción ha sido duramente crítica.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la medida de “disparatada” y afirmó en la red social X que la política migratoria del presidente del Gobierno es comparable a la ferroviaria, en referencia a los recientes accidentes de tren.
“Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”, escribió.
Por su parte, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, acusó al Ejecutivo de promover un “efecto llamada” y calificó al presidente del Gobierno de “tirano”.
“¡500.000 ilegales!”, escribió Abascal en X, afirmando que la medida busca “acelerar la invasión”.
El Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio formal de la tramitación del real decreto, que se aplicará a personas que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, que no tengan antecedentes penales y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en el país.
*Con información de EFE.