Mandatarios regionales estudian no aplicar impuestos al consumo mientras la Corte Constitucional revisa la medida; el Gobierno advierte posibles sanciones.
Una mayoría de gobernadores de Colombia anunció este jueves que evalúa la no aplicación del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, en particular los impuestos al consumo, y la presentación de acciones judiciales para frenar lo que consideran un impacto negativo sobre las finanzas regionales y derechos fundamentales.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que los mandatarios, reunidos en Bogotá en la Federación Nacional de Departamentos, acordaron acudir a la Corte Constitucional y promover acciones de tutela.
“La decisión ha sido unánime. Primero, la intervención de un documento a la Corte Constitucional para que escuche a los gobernadores y los efectos negativos a las finanzas, no solamente a las finanzas, sino a los derechos fundamentales que tiene la salud y la educación, y por eso vamos a poner también una tutela, cada uno de nosotros va a poner una tutela”, señaló Toro.
La mandataria agregó que, por ahora, los departamentos analizan no aplicar el decreto en el impuesto al consumo.
Hasta ahora, la idea es no aplicar el decreto en impoconsumo hasta que salga lo que opine la Corte Constitucional”, señaló.
La postura de los gobernadores se suma a la decisión anunciada por Antioquia, cuyo gobernador, Andrés Julián Rendón, informó que el departamento no ejecutará las medidas tributarias del decreto de emergencia económica mientras la Corte Constitucional no se pronuncie de fondo.
“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto”, dijo Rendón.
El gobernador señaló que el mayor impacto recaería sobre la Fábrica de Licores de Antioquia, una de las principales fuentes de ingresos del departamento, y advirtió que los decretos de emergencia económica y el aumento del salario mínimo le costarían a Antioquia cerca de 1,5 billones de pesos, afectando la obra pública y programas de vivienda.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la posición de los mandatarios regionales y advirtió sobre eventuales responsabilidades legales.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, expresó Benedetti.
El decreto de emergencia económica, expedido a finales de diciembre, incluye el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas del 5% al 19% y un fuerte incremento en los impuestos a los cigarrillos. Los gobernadores han advertido que estas medidas podrían reducir el consumo y, con ello, el recaudo destinado a financiar sectores como salud, educación y deporte en las regiones.
La emergencia económica, prevista en el artículo 215 de la Constitución, otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias por 30 días para expedir decretos con fuerza de ley, los cuales deben ser revisados posteriormente por la Corte Constitucional.