A once días del cambio de gobierno, la Fiscalía abrió una indagación por un presunto caso de tráfico de influencias.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro encara sus últimos días en la Casa de Nariño rodeado de nuevas controversias. Mientras la Fiscalía abrió una indagación para esclarecer un presunto esquema de tráfico de influencias que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, la Contraloría General emitió una función de advertencia por la firma de 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones entre el 22 de junio y el 21 de julio.
Fiscalía abre indagación por el caso Juliana Guerrero
La Fiscalía inició una indagación para establecer si las hermanas Juliana y Verónica Guerrero hicieron parte de una presunta red de tráfico de influencias dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de pagos realizados por empresarios.
De acuerdo con una investigación publicada por la revista Semana, el supuesto esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de $200 millones para iniciar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.
El caso tomó mayor relevancia luego de que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y excolaboradora cercana del mandatario, asegurara que había advertido personalmente al presidente sobre la influencia que ejercía Guerrero dentro del Ejecutivo. Horas después de esas declaraciones, Petro ordenó su salida del cargo y calificó a Rodríguez de “gran manipuladora”.
Contraloría alerta por contratación en el cierre del Gobierno
En un frente distinto, la Contraloría General advirtió sobre el incremento de la contratación estatal en las últimas semanas del actual Gobierno.
Según el organismo de control, entre el 22 de junio y el 21 de julio se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, cifra que supera en 22,5 % la registrada durante el mismo periodo del gobierno de Iván Duque.
La entidad llamó especialmente la atención sobre que más de 11.000 de esos contratos fueron adjudicados mediante contratación directa.
Para la Contraloría, el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, por lo que asumir nuevos compromisos sin respaldo financiero suficiente podría afectar el equilibrio fiscal, incrementar las necesidades de endeudamiento y comprometer recursos públicos.
El informe también identificó riesgos asociados con la planeación financiera, el crecimiento de la contratación directa y la concentración de recursos en contratos de obra pública y prestación de servicios. Entre las entidades con mayores riesgos por la suscripción de contratos sin suficiente respaldo presupuestal aparecen el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Los dos episodios se conocen cuando restan once días para el relevo presidencial. Mientras la Fiscalía deberá establecer si existieron irregularidades en el presunto esquema de tráfico de influencias, la Contraloría mantendrá el seguimiento a los compromisos presupuestales adquiridos en el cierre del Gobierno.
Con información de EFE
Escrito por Santiago Sánchez Mejia
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