Según el gremio, el incremento de la sobretasa, sumada a la tarifa de renta, elevaría el impuesto sobre la renta de la industria al 55%, una tarifa sin precedentes en los mercados globales.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) se sumó a las críticas de otros gremios y señaló que su “profunda preocupación por la ponencia positiva de la Ley de Financiamiento”, que está en trámite en el Congreso, ya que representa un gran golpe contra la viabilidad de la industria del carbón.
“Esta propuesta no solo destruye la inversión y pone en riesgo la sostenibilidad de la industria, sino que también compromete miles de empleos y recursos vitales para las comunidades”, dijo el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño.
Según la ACM, el incremento de la sobretasa, sumada a la tarifa de renta, elevaría el impuesto sobre la renta de la industria al 55%, una tarifa desproporcionada y sin precedentes en los mercados globales, haciendo inviables las operaciones.
“En los 10 principales países productores de carbón del mundo, el promedio de la tarifa de renta es del 26%. Cuando se combinan las tarifas de regalías, las cláusulas de precios altos y los elevados costos de producción post-pandemia, la rentabilidad de las inversiones en Colombia se erosiona a niveles insostenibles”, agrega.
Nariño dijo que la nueva propuesta introduce una sobretasa aplicable en escenarios de precios bajos, lo que la convierte en una medida prácticamente permanente que se fundamenta en indicadores de precios internacionales que no reflejan en su integridad las condiciones del mercado colombiano.
De acuerdo con el gremio, las compañías productoras de carbón ya enfrentan un esquema tributario poco competitivo. “Reducirlas a una rentabilidad mínima o incluso nula, compromete la continuidad de sus operaciones, así como los importantes aportes en renta, regalías, empleo y desarrollo que generan”.
“El Gobierno Nacional debe aclarar si su intención real es marchitar la industria del carbón, poniendo en peligro los aportes sociales, ambientales y económicos”, señaló Nariño. “De ser así, es necesario que se le hable con claridad a las empresas, los trabajadores y las comunidades”.
El sector genera más de 50.000 empleos directos y cerca de 250.000 indirectos, y en 2023 aportó más de 13,2 billones de pesos en impuestos y regalías, recursos que sostienen a municipios productores, portuarios y demás entes territoriales.