Expertos aseguran que un impuesto a los llamados "súper ricos" no sería del todo viable al ser un grupo que acumula niveles elevados de deuda.
La discusión sobre quién debe pagar más impuestos en una nación no solo se está dando en Colombia, sino en todos los rincones de América Latina, dada la crisis económica que se ha derivado de la pandemia de Covid-19. Para recaudar más dinero en el corto plazo y salir de la crisis financiera, muchos gobiernos están considerando la posibilidad de que sean los llamados “súper ricos” quienes asuman estas cargas tributarias.
En la actualidad, solo hay tres países de la región que cobran impuestos a los ricos: Colombia, Uruguay y Argentina. En nuestro caso, se grava el patrimonio neto de personas naturales y jurídicas calculando el total bruto, sin contar las deudas. La tasa única es de 1% para fortunas que superen los US$1,5 millones.
El consultor empresarial, Martín Jaramillo, le dijo a Forbes que, si bien esto se hace con una buena intención, no es la forma correcta. “Hay que buscar la manera de que paguen una tarifa efectiva parecida a la que pagamos todos, pero no buscando una base del patrimonio que puede incentivar a la gente a tener patrimonios líquidos, es decir, comprar activos como casas o pinturas para que el revisor de la Dian no vea que tiene un patrimonio como tal”.
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El experto agregó que ese problema se soluciona de forma mas efectiva y eficiente poniendole el ojo a temas como exenciones, deducciones y practicas contables de los mas ricos, que a través de deudas falsas o depreciación de su patrimonio encuentran formas de eludir impuestos. De acuerdo a ello, la forma mas eficiente de gravar grandes fortunas sin tener efectos negativos en la inversión y alojamiento de capitales es “fortaleciendo a la Dian en su capaicdad de auditoria y eliminando decucciones sin sustento técnico“.
Por el lado de Argentina, el nuevo impuesto a los más ricos le ha permitido al gobierno de Alberto Fernández recaudar alrededor de US$2.400 millones, cifra que representa 74% del dinero que se había propuesto obtener para impulsar la recuperación económica del país en medio de la pandemia y que, a su vez, equivale a 0,5% del PIB.
Para el doctor en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Lanza, este gravamen, conocido en ese país como impuesto a los bienes personales, “se tendría que aplicar”, pese al descontento de más de 200 contribuyentes frente al mismo. “Por lo general estoy a favor de instrumentos más redistributivos desde el punto de vista de las finanzas públicas. Se tendría que aplicar a aquellos sectores con ingresos más elevados, así que en ese sentido sí apruebo y apoyo las iniciativas”, destacó.
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No obstante, el académico le explicó a Forbes que, al ser un impuesto de una única vez, no es claro si pueda funcionar para una coyuntura muy especial como la que se vive en la actualidad, pues no cambia la estructura impositiva de forma importante ni el impacto de su utilidad en una crisis muy grande que implique la necesidad de financiamiento del Estado, dada la pandemia y la merma en la actividad económica.
Nuevos miembros del clan
Frente a esa misma coyuntura, este club de países que cobran impuestos al patrimonio podría incluir un nuevo miembro desde hoy, pues la Cámara de Diputados de Chile votará el proyecto de ley que busca gravar con una tasa de interés de 2,5% a los titulares de bienes equivalentes o superiores a US$22 millones.
La iniciativa busca el financiamiento deuna renta básica de emergencia, así como una disposición para aumentar el impuesto de primera categoría a empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios cuyos ingresos superen los US$42 millones. La tasa actual, que llega a 27%, subiría hasta 30%.
El proyecto también eliminaría los beneficios tributarios establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta y la exención de impuestos que beneficia a los retiros de los Fondos de Inversión Privados.
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A pesar de ello, algunos expertos del país no lo ven con buenos ojos. El decano de la facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, José Miguel Sánchez, manifestó a Forbes que “gravar a las grandes fortunas es difícil, porque son muy complicadas de valorar y evaluar, no solo porque implica definir el patrimonio neto, sino que también hay que descontar los pasivos. Además, los millonarios son personas que tienen un nivel elevado de deuda“.
El académico subrayó su preferencia por un impuesto a los ingresos progresivo, donde haya una tributación de tipo vertical, donde los ricos paguen más, y horizontal, donde los que ganen igual paguen lo mismo, sin importar el sector en el que trabajen. “Lo clave es que no impacte a la clase media y que las rentas más altas paguen más”, concluyó.
En la actualidad, Chile es el tercer país con más millonarios de Iberoamérica según la lista Forbes con ocho en total, solo superado por México con 13 y España con 28. Su principal objetivo con este impuesto es mitigar los costos fiscales de la crisis sanitaria, que han llevado al Gobierno a desembolsar alrededor de US$18.000 millones. Mediante el impuesto a los súper ricos, se prevé que la recaudación ascendería a US$6.250 millones, impactando hasta 5.840 personas.
