La ACP advirtió que Norte de Santander, Cesar y Arauca están entre las zonas más afectadas por el comercio ilegal de combustibles, que golpea el recaudo territorial y la cadena formal de distribución.
La comercialización ilegal de combustibles habría generado una pérdida superior a los $2.600 millones en recursos de sobretasa para las regiones durante 2025, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). El gremio señaló que la problemática se concentra especialmente en Norte de Santander, Cesar y Arauca, donde el hurto y la venta por fuera de los canales legales afectan las finanzas territoriales y la operación de la cadena formal.
De acuerdo con la ACP, en 2025 se comercializaron ilegalmente más de 27,5 millones de galones de combustibles en el país, un volumen que equivale aproximadamente al necesario para abastecer durante un año a cerca de 55.000 vehículos particulares.
El impacto fiscal está relacionado con la caída de ventas oficiales en la cadena de distribución. Con base en proyecciones de volúmenes y cifras del Sistema de Administración de la Sobretasa al ACPM y a la Gasolina (ASGA), la ACP estimó que en 2025 se dejaron de vender formalmente 4,8 millones de galones en Norte de Santander, Cesar y Arauca, lo que habría reducido el recaudo territorial por sobretasa en más de $2.600 millones.
La sobretasa a la gasolina y al ACPM es una fuente clave de financiación para departamentos y municipios. En 2025, según la ACP, este recaudo alcanzó $4,03 billones, recursos destinados a inversión pública regional. El Ministerio de Hacienda explica que el ASGA permite registrar declaraciones, hacer seguimiento al recaudo y agilizar giros a entidades territoriales y transferencias al Invías.
“Cada galón que se vende por fuera de la legalidad es menos inversión”, afirmó Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP, al advertir que el combustible ilegal no solo evade impuestos, sino que también fortalece redes criminales.
El gremio indicó, además, que la venta ilegal de combustibles no paga sobretasa ni IVA, lo que reduce los recursos disponibles para infraestructura vial, transporte, movilidad, mantenimiento urbano y servicios públicos locales, y advirtió que este efecto se acumula sobre la capacidad fiscal de las regiones afectadas.
A las pérdidas fiscales se suma el deterioro de la infraestructura energética, debido a la instalación de conexiones ilegales en los poliductos para el hurto de combustibles. Durante 2025, las autoridades registraron más de 490 válvulas ilícitas de este tipo, y solo en enero de 2026 el Ejército Nacional ubicó 11 más en el sur del Cesar.
También, la ACP sostuvo que la comercialización ilícita afecta a las estaciones de servicio legalmente constituidas, presiona el empleo formal en las regiones y genera riesgos para los distribuidores que operan dentro de la legalidad. Asimismo, señaló que estas actividades pueden estar vinculadas con otras economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal.
El gremio alertó igualmente sobre riesgos ambientales y de seguridad derivados de la perforación ilegal de poliductos y la manipulación inadecuada de combustibles, prácticas que pueden provocar derrames, contaminación de suelos y fuentes hídricas, incendios o explosiones, además de afectaciones a comunidades cercanas.
Los consumidores también quedan expuestos, ya que el combustible vendido por fuera de estaciones autorizadas no cuenta con controles de calidad ni con los estándares técnicos exigidos para su almacenamiento, transporte y distribución. Por ello, la ACP hizo un llamado a comprar combustible en puntos autorizados y a fortalecer las acciones de control entre autoridades nacionales, regionales y la Fuerza Pública para proteger los recursos públicos y la seguridad energética.
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