Columna de Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, sobre el panorama para el sector

En el primer trimestre del año vimos cómo se conjugó una ‘tormenta perfecta’ que puso en jaque a la economía mundial: la pandemia de un nuevo coronavirus, Covid-19, que ha afectado las proyecciones de demanda de petróleo, así como una guerra de valores del crudo desatada tras el último encuentro de países productores en Viena. El resultado de estas circunstancias se tradujo en una sobreoferta que tiene los precios por el piso.

Dicho encuentro reveló la disputa geopolítica y la molestia de los sauditas con los rusos por no apoyarlos en su propuesta de recorte, lo que desató que tanto Arabia Saudita como Rusia amenazaran con llevar su producción al máximo, adicionando un total aproximado de 4 millones de barriles al mercado. A esto se suma la molestia de ambas naciones con Estados Unidos, que no ha hecho esfuerzos por reducir la oferta de petróleo ni ahora ni en el pasado reciente. Todo lo contrario, se ha convertido en el mayor productor del mundo, con 13 millones de barriles diarios gracias a la producción de shale oil.

En consecuencia, el precio del barril, referencias WTI y Brent, ha rodeado los US$30, acercándose a precios de 2015, cuando tocó fondo en US$27. Lo preocupante es que se prevé que se mantenga en estos niveles durante unos meses, no solo por la disputa entre los mayores productores del planeta sino por la incertidumbre en materia de demanda ocasionada por el Covid-19 y acrecentada por la parálisis de las actividades económicas.

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Para Colombia la combinación coronavirus + guerra de precios plantea consecuencias aún difíciles de predecir, tanto para las compañías y sus planes de inversión, como para las proyecciones fiscales del Gobierno Duque, que se basaron en un crudo a US$60. Hace unas semanas Ecopetrol anunció un recorte de US$1.200 millones en sus planes de inversión. Similar ocurrió con empresas privadas del sector, lo que a su vez, afectará la demanda de bienes y servicios.

En esta coyuntura es importante recordar la crisis de precios de 2014-2016, que golpeó a Colombia significativamente: la producción cayó más de 200 mil barriles, el hueco fiscal fue de tal dimensión que condujo a tres reformas tributarias (2014, 2016 y 2018-19), las exportaciones de petróleo pasaron de representar el 55 % del total en 2013 al 34 % en 2016, la economía se desaceleró y las regiones productoras sufrieron el desempleo y la reducción dramática de la contratación de bienes y servicios, e inversión.

En ese entonces, las empresas hicieron esfuerzos para reducir sus costos, logrando ser más eficientes. Hoy, las lecciones aprendidas les permitiría sortear mejor la nueva crisis. No obstante, esto va a depender del nivel en que la cotización finalmente se ubique, del tiempo que se extienda la guerra de precios, de los proyectos y sus costos de operación, de la liquidez de cada compañía y de la demanda.

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Esta situación ha llevado al Gobierno y a la industria a examinar medidas de choque y a poner de nuevo sobre la mesa temas estructurales que le impiden a Colombia ser más competitiva, dado que en el país producir petróleo y gas es costoso comparativamente, especialmente por lo caro que resulta el transporte y la conflictividad en las zonas de operación.

De que se adopten medidas dependerá, en parte, que la reactivación de la industria energética no se eche a perder, que no se ponga aún más en riesgo la autosuficiencia del país en materia de hidrocarburos y que el impacto en las finanzas públicas no sea mayor. Ojalá, al momento de publicarse esta columna, el impacto del Covid-19 esté atenuado y esta coyuntura se logre convertir en una oportunidad para Colombia.

*Por: Francisco Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)