Los más vulnerables serán quienes paguen los duros efectos del cambio climático. Allí es donde la transición justa se convierte en una posible salida, transformando de base las sociedades.

A medida que se van materializando los riesgos del cambio climático, se hace evidente que los impactos negativos son y serán mucho mayores para unos que para otros, y se resuelve la duda que nadie tuvo sobre cuáles individuos, comunidades y naciones sufrirían las afectaciones más severas: los más vulnerables. Sin embargo, no solo asumen los más graves efectos del cambio climático, sino también, como si de una broma se tratara, de las medidas para combatirlo.

Cerca de la mitad de la población humana (entre 3 y 3,6 mil millones de personas, según el IPCC) vive en contextos de alta vulnerabilidad al cambio climático. Y sumado a la disparidad de sus impactos, están las desigualdades en la capacidad de mitigación y de transición y la realidad de que, en muchos casos, los impactos del cambio climático son irreversibles y rebasan la capacidad de adaptación.

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Aunque el término justicia climática se usa de manera heterogénea y puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, generalmente comprende tres principios: la justicia distributiva, que engloba la asignación de cargas y beneficios entre los individuos, naciones y generaciones; la justicia procesal, que se refiere a quién decide y participa en los procesos de toma de decisiones; y el reconocimiento respetuoso, justo y comprometido de las diferentes culturas y perspectivas.  Según el reporte de 2022 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la justicia climática, esencialmente, vincula el desarrollo y los derechos humanos para conseguir un enfoque basado en derechos para abordar el cambio climático.

Acuerdos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París y el objetivo de desarrollo sostenible de acción por el clima (ODS13), tienen disposiciones explícitas sobre la transición justa.

Tras el concepto de transición justa está la convicción de que es posible un modelo de desarrollo económico que simultáneamente aborde los retos ambientales y asegure trabajos decentes e ingresos para las comunidades afectadas por las medidas para enfrentar dichos retos. La transición justa abarca las intervenciones políticas, económicas y sociales que se requieren para conseguir una transformación hacia sociedades y economías bajas en carbono. Básicamente, lo que se propone es garantizar que los trabajadores y comunidades dependientes de sectores con altos impactos negativos en el medio ambiente e intensivos en emisiones tendrán empleos con ingresos justos y medios de vida decentes en economías alternativas.

De alguna manera, la transición justa puede ser resumida por la frase que Brian Kohler, del Sindicato de Comunicaciones, Energía y Papeleros de Canadá, enfatizaba en 1996: “la verdadera elección no son los empleos o el medio ambiente. Es ambos o ninguno”.

Existe un gran dilema entre los intereses de los ambientalistas, los compromisos internacionales de los países y los justificados temores por la pérdida de empleos. A causa de los cambios en las preferencias de consumo y en las formas de producción, las políticas y regulaciones hacia la transición energética y la descarbonización, muchos trabajadores en el mundo perderán o tendrán que cambiar sus empleos. Por esto, resolver el dilema de “o el planeta o las personas” requiere, según Becca Wilgosh y co-investigadores, tener un enfoque de justicia de transición donde participen seis grupos de actores: el gobierno, organizaciones de defensa de los derechos humanos, los representantes de los trabajadores, el sector privado, la academia y las coaliciones entre cualquiera de los actores mencionados.  

Recientemente la revista Futures publicó un estudio del investigador Matthew J. Burke que concluye que, dadas las extremas incertidumbres sociales, económicas y ecológicas de nuestro tiempo, tanto en el concepto como en la práctica, las transiciones justas deben centrarse en el bienestar duradero de las economías y las sociedades y en desprenderse de la dependencia tanto a los combustibles fósiles como al crecimiento económico infinito.

Si bien es claro que los países y las empresas deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de forma eficaz y rápida, la reducción no es suficiente para alcanzar la meta de descarbonización de las economías.  El net zero o balance cero de emisiones es el punto en donde se equilibran la emisión residual de GEI mediante prácticas como la conservación de ecosistemas, la siembra de árboles, la captura directa de emisiones en la atmósfera (DAC) o la bioenergía con captura y el almacenamiento de carbono (BECCS).  Gerardo Torres Contreras y otros colegas suyos del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) en el Reino Unido explican que debido al desequilibrio entre los que causan las emisiones y quienes soportan la carga de la descarbonización y sostienen las vías para alcanzar el net zero, la justicia climática debe estar en el corazón de dicho objetivo.

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Por más de cuatro décadas hemos sabido que las emisiones de GEI vienen aumentando aceleradamente, y el reporte del año 2022 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) enfatiza los riesgos asociados a la interdependencia entre el clima, los ecosistemas y las sociedades humanas. Por esta razón, aunque según el Net Zero Tracker las emisiones anuales de Colombia alcanzan 232 toneladas métricas de CO2 equivalente —lo cual es un porcentaje muy bajo de las emisiones mundiales—, el gobierno colombiano ha asumido el compromiso (NDC) de reducir el 51% de las emisiones al año 2030 y se ha trazado como meta la neutralidad de carbono para el año 2050. Lograrlo implica, según el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS), que Colombia tendrá que detener totalmente la deforestación y cambiar el sistema productivo actual.

Los riesgos de transición climática afectan todo el orden económico. No asumir una transición inmediata y coordinada y no contar con una adecuada gestión de los riesgos pone en inminente peligro la competitividad y la existencia de las empresas en Colombia. De ahí que en el país exista una alianza para la adaptación al riesgo de transición climática liderada por el Centro Regional de Finanzas Sostenibles (CFS) de la Universidad de los Andes y el programa Colombia-UK PACT —en cooperación con el Reino Unido—.

En definitiva, sin embargo, las acciones de una sola organización no son suficientes para reducir los riesgos sistemáticos asociados a la transición climática. Por eso, necesitamos trabajar juntos y de forma coordinada las empresas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la academia: un hacer de la unión la fuerza para lograr que tan gigante desafío parezca pequeño.

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LinkedIn: María Alejandra Gonzalez-Perez
Twitter:@alegp1
*La autora es profesora titular de la Universidad Eafit. Es expresidente para América Latina y El Caribe de la Academia de Negocios Internacionales (AIB). PhD en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Nacional de Irlanda.

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