Claro, Movistar, Tigo y Avantel ambientan la víspera de la adjudicación de la subasta del espectro con candentes discusiones.
La cruzada que encabezaron los mayores operadores de telecomunicaciones en Colombia para la aprobación de la ley de modernización del sector TIC, conocida como la ‘Ley TIC’, los unió como nunca.
Los presidentes de Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica), Tigo (Millicom) aparecían juntos en foros y coincidían en medios de comunicación, como respaldo a la iniciativa legislativa. La expedición y el lobby tuvo éxito porque la propuesta, promovida desde el Gobierno, fue aprobada en junio de este año.
En paralelo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tenía pendiente definir si Comcel S.A. (Claro) es un operador dominante en el sector de las telecomunicaciones para el servicio de voz y datos, decisión por la que sus competidores han pedido una pronta deliberación.
Este pronunciamiento fue aplazado varias veces en las sesiones de la entidad y tras la entrada en vigencia de la Ley TIC, los comisionados no están completos para tomarla.
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Hacen falta un economista y un ingeniero electrónico −cuya búsqueda está en proceso−, que se sumarán a la ministra de las TIC, Sylvia Constaín; al comisionado que tomó posesión de manera más reciente a la entrada en vigencia de la ley, Carlos Lugo Silva y a Camilo Jiménez, el comisionado designado en encargo por el presidente Iván Duque.
A la ministra Sylvia Constaín la han criticado fuertemente por la tardanza de aquella decisión, pero ella argumenta que la revisión que la CRC está haciendo sobre la posición de dominancia de uno de los operadores, no tiene que “limitar” la tarea del Ministerio de las TIC “de llegar a los colombianos que están sin conectividad”.
Para el secretario general de la Ocde, Ángel Gurría, es necesario que ingresen más competidores para los servicios de internet y telefonía en Colombia, según comentó en una reciente visita a Bogotá, en la que enfatizó que los tres principales operadores acaparan cerca del 73% de las conexiones de banda alta y “uno en particular tiene una posición muy importante”.
Entre tanto, se ambienta la víspera de la asignación de la subasta del espectro de 700, 1.900 y 2.500 MHz, que se ha intentado adjudicar sin éxito desde 2015 y finalmente se ha programado para el 20 de diciembre, con las nuevas ventajas que otorga la ‘Ley TIC’ aprobada este año por el Congreso de la República. De ahora en adelante, la comercialización de uso del espectro, que se asignaba por un máximo de 10 años, se podrá adjudicar hasta por 20 años.
El espectro es como una gran autopista invisible por donde transitan las telecomunicaciones, lo que permite una señal de televisión o una conexión móvil, llegue de un lugar al otro. La banda de 700MHz es poderosa porque es la que, entre otros aspectos, permitirá que la conectividad llegue a zonas rurales y el funcionamiento del servicio de internet móvil en edificios de las ciudades.
El Gobierno revelará el “valor de reserva” luego de que declararan desierto el proceso inicial porque solo llegó una propuesta. Los operadores interesados en la subasta −Claro, Movistar, Tigo y Avantel− habían enviado comentarios al Gobierno con peticiones como revelar la cantidad de espectro disponible, el índice de reserva para planificar inversiones y el precio base.
De hecho, desde el conglomerado propietario de Tigo, el presidente de Millicom, el colombiano Mauricio Ramos, envió una carta al presidente Iván Duque manifestando que “no existe antecedente relevante en el mundo en un proceso de subasta de espectro, en el cual se haya guardado silencio sobre el precio mínimo, el valor base, o como en este caso se denomina, el valor de reserva”.
La discusión entre los operadores ha estado fuerte en las últimas semanas. Avantel se ha opuesto a la nueva tarifa que Claro, Tigo y Movistar le han impuesto para el uso de sus redes, mientras que a principios de octubre Tigo suspendió los servicios de voz a las líneas que utilizan las suyas, por deudas a las que Avantel se refiere como “inexistentes”.
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Como si fuera poco, Claro la emprendió contra Movistar hace unas semanas luego de que se quedara con un jugoso contrato de $695.000 millones para hacer la renovación de los servicios tecnológicos, de información y comunicación del Sena.
La filial de América Móvil, del multimillonario mexicano Carlos Slim, prometió demandar a la filial de Telefónica. No obstante, casi de inmediato anunciaron un acuerdo, al que llegaron porque en la ejecución del contrato necesitarán utilizar parte de la infraestructura que Claro tiene en las sedes de la institución, por lo que esta empresa informó que se garantizará la “conectividad que permitirá al Sena no ver afectados sus programas educativos en todo el país”.