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Economía y Finanzas

La pelea por la venta de Ecopetrol

El Ministerio de Hacienda también evalúa mejoras en su gestión de portafolio, como sinergias entre empresas y mejoras en estructuras de su capital

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Hace casi un año, cuando el nuevo gobierno asumió la administración del país, advirtió que habría cambios en el manejo de las finanzas públicas, que incluyeron en su momento la Ley de Financiamiento, operaciones de manejo de deuda, y una propuesta que todavía no se materializa: la enajenación de participaciones estatales en varias empresas. La que más debate generó, a su vez, fue la posibilidad de vender una parte de la participación en Ecopetrol.

Como consecuencia de la propuesta, los senadores Luis Fernando Velasco, Jaime Enrique Durán y Martiza Martínez radicaron un proyecto de ley ante el Senado que busca prohibir la enajenación de cualquier porcentaje de participación del Estado en Ecopetrol durante los próximos 20 años, con la idea de proteger la empresa que este año le entregó más de $8 billones en dividendos al Estado.

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El director de la Red de Justicia Tributaria y abogado, José Roberto Acosta, señaló que apoyaría el proyecto de ley en la medida que “eso le implicaría una restricción presupuestal a cualquier gobierno que piense en echar mano a un activo para gastar y ser derrochón. De acuerdo porque soy casi que un obsesionado por la regla fiscal y esto implicaría una regla fiscal externa”.

Sin embargo, el Presupuesto General de la Nación tiene por norma constitucional una inflexibilidad en el gasto que cada año supera el 80% aproximadamente. La venta de un porcentaje de la participación de Ecopetrol, igual que pasó con la generadora eléctrica Isagén, podría asegurarle al Gobierno recursos adicionales para inversión o, como sugiere el economista Martín Jaramillo, para el pago de deuda. Esto también podría considerarse una inversión al liberar cupo de deuda para años futuros en los que el país podría necesitarlo para, por ejemplo, evitar que una recesión global lleve de regreso a la línea de pobreza a dos millones de colombianos de clase media vulnerable.

Acosta opina lo contrario. El abogado advirtió que no está de acuerdo en que “se usen esos recursos en los gastos del día a día. Si se destinara a pago de deuda me opondría porque hoy el costo de la deuda está bajo a nivel global, nos podemos endeudar y por ejemplo yo he propuesto que nos endeudemos en yenes, si nos endeudamos en yenes podríamos colocar deuda al 1% o en euros al 1,5% o en día en dólares como el bono que colocaron hace poco por 35 años con tasa de 4,5% aproximadamente”.

El argumento del director de la Red de Justicia Tributaria es que, incluso siguiendo la regla fiscal del país, las condiciones del mercado permiten ahora mayor endeudamiento a una tasa inferior al porcentaje de rentabilidad que le entrega la petrolera estatal al Gobierno, lo que haría inconveniente que se utilice el resultado de la venta de una parte de su participación en reducir endeudamiento.

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En medio del debate, el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda continúa evaluando las posibilidades de administración de sus participaciones en empresas, que suman 13% del producto interno bruto.

En ese sentido, el Ministerio aclaró que “la decisión de enajenación de activos es contingente a las condiciones de mercado de cada una de las empresas con participación de la Nación, de manera que se proteja el patrimonio del Estado”.

Y aunque el Gobierno todavía tiene autorización del Congreso para vender 8,5% de las acciones de la petrolera, el Ministerio de Hacienda aclaró que si se decidiera por esta opción, pasaría nuevamente por un nuevo proceso de autorización en el legislativo, tal como la ley de 1995 establece.

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Pero con o sin la venta de participaciones estatales, el país tendrá que cumplir con un déficit fiscal de 2,4% este año y, en el mediano plazo, llevarlo a 1% sostenido, según establece la Regla Fiscal.

Para lograrlo, el Ministerio de Hacienda explicó que planea priorizar el gasto de manera que este sea más eficiente y garantice una mayor inversión pública y privada, lo que unido a un incremento de productividad debería llevar a mejorar el crecimiento económico del país y por esta vía incrementar y mejorar los ahorros e ingresos del país.

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