El presidente de la Andi, Bruce Mac Master invitó a no estigmatizar la protesta y a rechazar la violencia.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: Andi.
En víspera al paro nacional convocado para el 21 de noviembre, hay un mensaje que ha estado recalcando un amplio sector del empresariado colombiano; si a la protesta, no a la violencia.
La mayoría de los miembros de la Comisión de Concertación Laboral, firmaron un comunicado en el que coinciden en el “respeto total al derecho constitucional a la protesta” y el “rechazo total a la violencia y el vandalismo en todas las formas”.
Ese pronunciamiento no fue firmado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ni por los representantes de los pensionados, porque le pedían al presidente Iván Duque que desautorizara a los ministros que han estado proyectando reformas para los próximos meses.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, expresó que hay un ejercicio de estigmatización contra la protesta.
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“Hacemos un llamado a que se respete el derecho de la protesta, tenemos que ser fuertes en respetarla. Hacemos un llamado a rechazar la violencia y cualquier tipo de vandalismo que se pueda presentar el 21 de noviembre. Si llega a haber infiltrados, que se denuncien los infiltrados”, señaló.
Mac Master invitó a que la jornada del 21 de noviembre mantenga “su carácter de protesta y reflexión ciudadana” y no se permita que sea usada “como una plataforma política de unos, queriendo reivindicar aspiraciones que muchos tenemos y por las cuales debe trabajar todo el país como equidad o lucha contra la corrupción”.
Esta será una semana tensa en Colombia. El jueves 21 de noviembre saldrán a marchar miles de personas en un abanico de argumentos. Algunos sectores protestarán contra las reformas pensional y laboral anunciadas por el Gobierno, cuyas propuestas aún se desconocen. También saldrán opositores a la reforma tributaria que se tramita en el Congreso de la República. De otra parte, al manifiesto de los indignados se suma el rechazo al asesinato de líderes sociales, indígenas y excombatientes de las Farc, así como la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc.
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