Debate por los páramos, metido en una botella

La propuesta de pagar una prima de conservación de los páramos colombianos a cambio de adquirir una botella plástica (reciclable) que contiene agua para el consumo, ha desatado discusiones apasionadas.

La mayoría de ellas giran en torno al derecho al líquido, la función pública de proveerlo y protegerlo, la inconveniencia de utilizar envases de un solo uso para distribuirlo, el papel de la publicidad para mercadearlo y, por supuesto, la ética de los inversionistas que buscan mejorar la rentabilidad lícita de su operación, pero que en esta oportunidad le apuestan a un objetivo social compartido: invertir en la protección de los ecosistemas y la recuperación de su funcionalidad ecológica, más allá de sus responsabilidades sociales, ambientales y legales.

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Existen muchas maneras de interpretar esta arriesgada decisión, pues camina en el filo de la navaja de la gestión ambiental público privada y la necesaria construcción de sostenibilidad para todos.

¿Cuál es el debate real?

La pregunta que habría que hacer es si las personas creen que este mercado emergente vaya a crecer hasta reemplazar la provisión de agua vía servicios públicos (un derecho fundamental) , si compite con ella, es neutral, o si por el contrario, es complementaria.

En el primer caso, la venta no es ética y termina la discusión. En el segundo, debería constituirse en un claro mensaje a las autoridades para recordar su función de garantes del derecho al agua y hacer, de una vez por todas, las inversiones requeridas.

Si habláramos de la neutralidad o de que el mercado que se conforme realmente contribuya a canalizar de manera eficiente recursos financieros, que por vía de impuestos tardarían años en captarse y administrarse, vale la pena analizar los puntos a favor o en contra, especialmente porque se trata de un mecanismo que tiene el potencial de ser aplicado a todas las cadenas de consumo en las cuales intervienen los mercados, regulados o no.

Hay que anotar que ninguna de las otras marcas de agua embotellada o en bolsa promueve el reciclaje o la transferencia de una parte de la rentabilidad financiera del negocio a la conservación; les dejan esa carga completa a los ciudadanos o al Estado, así paguen juiciosos sus impuestos.

“La sostenibilidad requerida tras el abastecimiento de agua a las ciudades, donde ya vive el 80 % de los colombianos, implica un sólido mecanismo de financiación para transformar los usos de la tierra incompatibles”

Brigitte Baptiste.

Algunos pros y contras de estas alianzas:

En muchas regiones de Colombia y el mundo ya se han establecido Fondos de Agua o mecanismos similares que conjugan la acción privada con la pública para el manejo coordinado de cuencas hidrográficas, donde el abastecimiento del líquido para diversos propósitos, a veces confrontados, requiere acuerdos entre actores para mejorar la gobernanza de la función ecosistémica.

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Los sistemas de pago o transferencia de capacidades a comunidades locales que habitan los páramos, por ejemplo, requieren fuentes suficientes y persistentes de inversión para garantizar equidad entre quienes deben limitar sus actividades productivas para proteger la provisión de agua urbana y quienes la utilizan, tanto en la agricultura como en la industria, incluso devolviéndola totalmente contaminada sin responder por ello.

El caso emblemático tras la botella de marras es el páramo de Santurbán y sus comunidades cebolleras o mineras a quienes la ciudad de Bucaramanga reclama acciones de conservación que comprometen su bienestar, el de miles de personas asentadas en las áreas de alta montaña, pero donde no se plantea un esquema de gestión equitativo para promover un manejo más sostenible de sistemas productivos que también dan de comer y beber a la ciudadanía… porque del oro legal de Vetas y la cebolla de Berlín viven miles en Bucaramanga y Cúcuta.

La sostenibilidad requerida tras el abastecimiento de agua a las ciudades, donde ya vive el 80 % de los colombianos, implica un sólido mecanismo de financiación para transformar los usos de la tierra incompatibles. Es decir, aquellos que la ley definió y refina actualmente en la reglamentación de la normativa de gestión del páramo (niveles de intensidad de la actividad agropecuaria).

¿Y la solución?

En cualquier caso, los cientos de miles de personas que habitan estos ecosistemas y dependen de ellos para sobrevivir deben recibir una atención justa y proporcional de manera que no se transfieran (más) sus niveles de bienestar a los habitantes de la ciudad, a menudo indolentes y egoístas en sus aspiraciones.

Hasta ahora, nadie ha dado ese paso. La botella contiene una factura (con costos de transacción completos) y una advertencia: no hay nada gratuito en el ecosistema y la ciudadanía debe escoger cómo paga su aporte.

El debate, si prospera, deberá llevar a una discusión de fondo acerca de la porción de todas las transacciones financieras que debe transferirse a los agentes de la conservación, restauración y gestión sostenible de la funcionalidad ambiental del país, así como de los mecanismos públicos y privados que entran en juego en esa actividad.

Seguramente en el futuro veremos innovaciones institucionales y nuevas alianzas público privadas para la provisión de los bienes y servicios que nos provee la naturaleza, donde se combine la eficiencia de los mercados con las capacidades de una gestión pública más responsable y menos populista y corrupta. Tal vez entonces seamos capaces de reemplazar la botellita.

Contacto:
LinkedIn: Brigitte Baptiste
*La autora es Bióloga y Rectora de la Universidad EAN, en Bogotá.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.