El departamento tendrá que tener nuevo gobernador encargado hasta el 31 de diciembre debido a estos hechos.
Este miércoles la justicia llamó a responder a dos prominentes figuras de la política en Santander. El primero de ellos fue el exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, quien fue capturado en horas de la mañana en el aeropuerto internacional Palonegro de Bucaramanga por agentes del CTI de la Fiscalía.
Aunque no se conocen los hechos puntuales que llevaron a su detención, se presume que la captura se debe a que Aguilar Naranjo habría incumplido algunos de los compromisos de su libertad condicional y que no se trataría de una nueva investigación en su contra.
El exmandatario, padre del gobernador electo de ese departamento Mauricio Aguilar y del senador y exgobernador de Santander Richard Aguilar, ha sido investigado por irregularidades en el contrato de construcción del Parque Nacional del Chicamocha (Panachi) por una suma que ronda los 21.000 millones de pesos, además de un proceso por lavado de activos.
En 2013 la Sala de Casación Penal, quien habría solicitado su recaptura, lo condenó a nueve años de prisión por nexos con grupos paramilitares. Dicha condena incluyó una multa de 10.750 salarios mínimos legales vigentes, por el delito de concierto para delinquir y su participación con el paramilitarismo. Sin embargo, en 2014 Aguilar argumentó que estaba en incapacidad económica absoluta para hacerse cargo de la deuda, por lo que logró un acuerdo mensual de pago por $500.000.
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En 2015 la Procuraduría solicitó que dictara medida de aseguramiento contra el exmandatario debido a que incumplió con tales beneficios, pues en 2015 fue visto conduciendo un vehículo Porsche avaluado en más de 400 millones de pesos que habría sido exportado por Aguilar y luego inscrito a su nombre.
Detención domiciliaria a Didier Tavera:
El otro mandatario santandereano que hoy tuvo que responderle a la ley es el actual gobernador de ese departamento Didier Tavera Amado. El Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento después de que se le imputara el delito de celebración indebida de contratos por las irregularidades encontradas en el Programa Escolar de Alimentación (PAE) 2016.
Por este contrato, el cual asciende a 35.744 millones de pesos, fueron capturados en 2017, la secretaria de Educación de la época, Ana de Dios Tarazona; el coordinador del PAE, Aníbal Gonzales; y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, con quien se contrató este suministro.
Pese a la decisión el juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel, por lo que ahora el presidente Iván Duque tendrá que designar un gobernador encargado para ese departamento, quien estará en el cargo hasta el 31 de diciembre.
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