El funcionario elevó una carta a los congresistas de la Comisión de Conciliación rechazando uno de los incisos del texto.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, calificó como “altamente inconveniente y contrario a los fines de transparencia”, el proyecto que busca que el Congreso imponga a la agencia Colombia Compra Eficiente la obligación de concertar con entidades del orden nacional y local, los cambios y las mejoras en los pliegos tipo, con los que se busca poner fin a las licitaciones a dedo.

A través de una carta enviada a los congresistas de la Comisión de Conciliación, el jefe del Ministerio Público explicó lo que a su juicio sería el “riesgo” de aprobar el texto del inciso segundo del proyecto, que establece que será esta agencia quien elabore los pliegos tipo.

“Para el efecto, Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, elaborará los documentos tipo y los revisará para su mejora constante, en coordinación con las cabezas de los sectores correspondientes en el nivel nacional, y en el nivel territorial con los departamentos, distritos y municipios, así como los cuerpos consultivos del Gobierno y universidades, a través de mesas técnicas”, reza dicho inciso.

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Para Carrillo Flórez “la ausencia de reglas uniformes en la estructuración de los pliegos ha sido uno de los instrumentos que han aprovechado los corruptos para apropiarse de los recursos que se gestionan en la contratación estatal”.

Según el funcionario, uno de los factores que contribuyen a la corrupción es la indebida aplicación y entendimiento del principio de autonomía de la voluntad. Por eso, explica, la necesidad de unificar los pliegos tipo por una autoridad técnica”.

En el documento, Carrillo también recordó que el Ministerio Público en concepto a la Corte Constitucional respaldó la legalidad de que la elaboración de los pliegos tipo recaiga de manera exclusiva en ‘Colombia Compra Eficiente’, sin que se pueda interpretar que una regulación general en cuanto el tipo de contratos y las condiciones para contratar.

“Tener una autoridad para regular, hacer eficientes y trasparentes los procesos de contratación es armónico con la finalidad de la Ley 80 de 1993, la cual racionalizó, centralizó y derogó los códigos fiscales de los departamentos, distritos y municipios, que permitieron prácticas de corrupción”, puntualizó el Procurador.