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Ocde pide a Colombia proteger por ley a denunciantes de sobornos

Según el organismo internacional, al país le falta mejorar la colaboración entre entidades públicas para imponer sanciones a los infractores.

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Foto: Pexels

EFE – La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le hizo un llamado de urgencia al Gobierno para que adopte una ley que proteja a los denunciantes de sobornos en el extranjero. La entidad además reprochó el “compromiso limitado” del país para luchar contra el cohecho internacional.

La petición nace como resultado de un informe publicado este jueves que se enmarca en la misión sobre cohecho que realizó ese organismo en Colombia en junio de este año. En el texto, la organización pide que el Gobierno se asegure de que se apliquen a las personas jurídicas que pagan sobornos en el extranjero “sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias”.

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Frente a ese tema, la Ocde estima que la Superintendencia de Sociedades debería tener capacidad para requisar los sobornos o activos con un valor correspondiente o al menos sanciones monetarias con un efecto comparable contra las entidades responsables, y eso aunque no haya imputación o condena de personas físicas.

Y sugiere que mejore la cooperación y la coordinación entre la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación para garantizar un intercambio de información “más eficaz y proactivo” en esos casos.

Pese a lo anterior, el grupo de trabajo destaca “avances alentadores” en este ámbito, pues desde 2018, dos años después de la entrada en vigor de la ley sobre responsabilidad corporativa, se concluyó el primer caso de cohecho internacional. Este significó una multa de 1,3 millones de dólares a una empresa de aguas, filial de una empresa española y actualmente al menos 20 empresas son investigadas.

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Para la Ocde la necesidad actual para continuar avanzando es “aumentar la colaboración” entre las autoridades gubernamentales y los organismos públicos encargados de la lucha contra los sobornos para llevar a cabo “una política global” e imponer sanciones contra las personas y empresas infractoras.

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