Este jueves el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que en la legislatura que arranca el 20 de julio llevarán un proyecto de ley que busca regular el trabajo en casa, medida que actualmente está vigente mediante lineamientos temporales por la emergencia expuestos en la circular 041.

“Yo creo que esta figura llegó para quedarse y las cifras así lo demuestran antes de la pandemia en el país había aproximadamente 122.000 personas en teletrabajo y a la fecha la cifra asciende a 4 millones de colombianos entre ambas modalidades (teletrabajo y trabajo en casa)”, agregó el ministro.

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Además, aseguró que las encuestas demuestran que cerca del 60% de personas que están utilizando el trabajo en casa están de acuerdo con ello, mientras que el 82% prefieren el trabajo en casa pero alternando las modalidades. “Eso es lo que estamos trabajando en este momento. El tema de riesgos laborales nos toca legislar un poco más profundo porque no estaba previsto (…) la pandemia nos obligó a cambiar a todos y nos estamos adaptando a las nuevas situaciones”, resaltó Cabrera.

Entre las principales diferencias que hay en el teletrabajo y trabajo en casa, el jefe de la cartera de Trabajo explicó que en la primera hay unas condiciones como el apoyo del empleador relacionado con los elementos necesarios para cumplir la labor en la casa, como por ejemplo, dispositivos móviles, internet y otros y además, el tema de riesgos laborales implicaba otras condiciones.

Por su parte, “la figura de trabajo en casa fue creada exclusivamente para salvar el puesto de trabajo y aplica a las actividades no esenciales, las que se pueden hacer en la casa”, dijo el ministro al agregar que en el Estado colombiano, el 80% por instrucción presidencial está haciendo trabajo en casa.

También explicó que en Colombia desde el 2008 está creada la figura de teletrabajo, “pero con la pandemia la ley del teletrabajo tenía una cantidad de requisitos que prácticamente habilitar a una empresa y trabajador era una proceso que podría tardar entre 1 y 2 meses. Con esta crisis no había forma de acelerar la aplicación de esta ley, por eso creamos una nueva modalidad que se llama trabajo en casa”.

DW.- Aparte de allanar el camino para la posible permanencia de Vladimir Putin en el poder más allá de 2024, la nueva redacción de la Constitución rusa incluye una serie de enmiendas -206 en total- sobre cambios en la vida política y social del país.

Entre las modificaciones en la Carta Magna destacan la indexación anual de las pensiones de los rusos, la inclusión de Dios en la Constitución, el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, así como la prohibición de ceder territorio a otros países o la prevalencia de la ley fundamental sobre el derecho internacional.

El principal opositor del Kremlin Alexéi Navalni calificó esta votación de “enorme mentira”, y llamó a sus partidarios a movilizarse para las próximas elecciones regionales en septiembre.

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La reforma constitucional rusa, que permite al presidente Vladimir Putin optar por otros dos mandatos, obtuvo un apoyo del 77,92 % en el plebiscito del 1 de julio, según informó este jueves la Comisión Electoral.

Tras el escrutinio del 100 % de las papeletas, la Comisión Electoral Central de este país entregó los resultados definitivos: un 77,92 por ciento a favor y un 21,27 % en contra de los cambios en la Constitución.

En el plebiscito contó con un índice de participaron del 64,99 % de los 109 millones de ciudadanos con derecho a voto, precisó la CEC.

En un caso sin precedentes, más de la mitad de los electores ejercieron su derecho al voto por adelantado, aprovechando que las autoridades abrieron los colegios con una semana de antelación, el 25 de junio, para evitar aglomeraciones y un posible rebrote de COVID-19.

Según la CEC, más de 50 millones de rusos acudieron a las urnas en los primeros seis días y sólo unos cuantos millones en la jornada grande de ayer, mecanismo que, a juicio de la oposición, era propicio para el fraude.

El Ministerio del Interior informó tras la votación de un total de 839 denuncias de irregularidades, aunque agregó que ninguna tuvo entidad suficiente como para influir en los resultados electorales.

Ante la situación pandemica la demanda de cubrebocas ha ido en aumento y la empresa japonesa Donut Robotics detectó una oportunidad en esta área.

Por ello anunció su nuevo cubrebocas inteligente C-Mask, el cual se podrá conectar a cualquier smartphone vía bluetooth, destacando esta funciones:

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• Amplificar la voz del usuario
• Puede traducir hasta ocho idiomas
• Realizar llamadas sin necesidad de utilizar directamente el celular.
• Mandar mensajes de texto a través del habla

Este nuevo producto estará disponible a finales de septiembre y tendrá un precio aproximado de 140.000 pesos colombianos.

Este nuevo producto tiene como objetivo facilitar el cuidado de la salud pues no tendrías necesidad de retirar el cubrebocas en lugares públicos, lo que reduce las probabilidades de contraer Covid-19.

Con información de agencias.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de Estados Unidos detuvo a la “socialite” británica Ghislaine Maxwell, socia del fallecido magnate acusado de abuso de menores Jeffrey Epstein, acusada de estar involucrada en sus supuestos delitos sexuales, según informó este jueves el canal NBC y confirmaron poco después las autoridades.

Dos fuentes veteranas de las fuerzas del orden dijeron al programa News 4 New York, de ese medio, que el FBI arrestó a Maxwell en el estado de New Hampshire bajo cargos de conspiración con Epstein para abusar sexualmente de menores y que se espera que comparezca más tarde durante el día ante un tribunal.

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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que Maxwell se enfrenta a seis delitos, cuatro de ellos relacionados con “persuadir, inducir, atraer y coaccionar” a menores a viajar con el objetivo de realizar actos sexuales criminales con Epstein entre 1994 y 1997, así como dos delitos de falso testimonio a las autoridades ocurridos en 2016.

El documento de imputación, al que accedió Efe, expone que la mujer “asistió, facilitó y contribuyó al abuso de niñas menores por parte de Jeffrey Epstein al, entre otras cosas, ayudarle a captarlas, prepararlas y en última instancia abusarlas, sabiendo tanto Maxwell como Epstein que tenían menos de 18 años”, y con edades tan jóvenes como 14 años.

Epstein llevaba apenas un mes en una cárcel de Nueva York acusado de crear una red de tráfico sexual de menores cuando se ahorcó en su celda en agosto de 2019, lo que llevó a cerrar el proceso penal contra él, pero se mantienen abiertas otras pesquisas por la vía civil.

Maxwell, expareja de Epstein y amiga íntima suya desde hacía años, supuestamente ayudaba al magnate a captar adolescentes, generalmente de bajos recursos, para que tuvieran sexo con personas influyentes, incluido él, a cambio de favores como educación y trabajo, de acuerdo a varias denuncias civiles.

Hija del magnate editorial británico Robert Maxwell, la detenida ayudaba a Epstein a gestionar sus propiedades y lo introdujo en círculos de la alta sociedad en los que se encontraban celebridades y ejecutivos de negocios. 

EFE.

La Alianza Colombia Libre de Fracking y 20 congresistas de distintos partidos políticos, tras la reapertura de los despachos fiscales, solicitaron este 1°. de julio ante el Consejo de Estado que se suspenda el decreto de pilotos de fracking en Colombia.

Según argumentan, “el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las condiciones dadas por el Alto Tribunal para avanzar con los proyectos pilotos de investigación integral de fracking (Ppii), lo cual se materializa en el Decreto 328 expedido por el Gobierno del presidente, Iván Duque”.

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Los solicitantes dicen que la norma citada incumple las condiciones dadas por el Consejo de Estado y argumentan los siguientes seis puntos.

1. No incorpora los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos/no compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en los Yacimientos Convencionales.
2. No contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional.
3. No observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información.
4. No establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales.
5. No contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del Comité de Expertos.
6. El decreto contiene disposiciones que no garantizan el carácter científico de los Proyecto Piloto de Investigación.

Los congresistas le solicitaron al presidente, Iván Duque, que “acate las decisiones judiciales que implican cumplir con las condiciones que garanticen aplicar el principio de precaución, los derechos de las comunidades del Magdalena Medio y de los colombianos en general”.