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El dilema de las aplicaciones de transporte con la regulación en Colombia

La falta de regulación y la incertidumbre en la contratación son algunos factores que frenan su crecimiento. ¿Cuál es el camino a seguir?

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Reuters- La estadounidense Uber, la china Didi y la española Cabify – entre otras plataformas – actualmente operan en el país en medio de un vacío jurídico. Esto, porque si bien el Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTIC) permite su uso, la cartera de Transporte sostiene que prestan el servicio de manera ilegal.

Plataformas de diversos sectores están en el radar de las autoridades por supuestamente incumplir las regulaciones del país, en temas que van desde derechos laborales, hasta regulaciones de transporte y estatutos de comercio.

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Los emprendedores explican que las normas están diseñadas para modelos tradicionales y pueden amenazar el estatus del país como segundo destino más popular de la región para este tipo de inversión, detrás de Brasil.

Como ejemplo, en Chile, donde Uber sufrió un escenario parecido a Colombia, en julio fue aprobada en el Senado una ley para regular las aplicaciones, que está pendiente de entrar en vigencia.

La plataforma estadounidense recientemente canceló su plan de construir en Colombia su tercer centro de soporte de servicio de Latinoamérica, de 40 millones de dólares.

“Colombia está rezagado, es el único país en Latinoamérica donde opera Uber en el que ni siquiera hay una charla regulatoria abierta y lo cierto es que ya no estamos nuevos aquí, llevamos más de seis años”, explica Nicolás Pardo, gerente de Uber en el país.

“Los demás países o están regulados como México, Brasil, o ciudades como la ciudad de La Paz en Bolivia, Mendoza en Argentina y en los otros por lo menos hay una conversación”.

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El dilema entre ser o no ser

El asunto cobra relevancia en momentos en que los fondos de capital cuestionan si vale la pena poner dinero en ideas buenas pero que no prometen ganancias pronto, tras recientes golpes en valoraciones como WeWork y Uber.

En octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Rappi, por presuntamente incumplir una orden para acatar normas de comercio electrónico, que podría ocasionarle millonarias multas.

Rappi argumenta que solo es un portal de contacto que conecta la oferta con la demanda -como Uber-, pero la autoridad afirma que es un establecimiento de comercio electrónico y es parte de la cadena de comercialización en donde se venden productos.

“Las demandas son por cosas que no son la realidad de nuestro negocio. Nos ponen contra la pared”, dijo Simón Borrero, cofundador de Rappi, en una videoconferencia. “Absolutamente puede frenar las inversiones”.

Rappi -que opera en ocho países de la región- recibió este año 1.000 millones de dólares del japonés Softbank.

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La autoridad colombiana admite que la complejidad de operación de las aplicaciones son un reto de regulación, pero afirma que las normas existentes son claras.

“No estamos en contra de las startups, pero cualquier emprendimiento, cualquier idea creativa debe cumplir con los derechos de los consumidores”, enfatizó María Carolina Corcione, delegada de protección al consumidor.

No hay claridad en modelos de contratación

Rappi también enfrenta protestas de los domiciliarios o ‘Rappitenderos’, que rechazan que no los consideren empleados y no cubran sus pagos de seguridad social.

Abogados especialistas en la ley laboral colombiana afirman que no existe un modelo de contratación que aplique para esta forma de trabajo, mientras inversores concuerdan con que haya regulación, pero sin exagerar.

“Hay que tener mucho cuidado que la regulación no asfixie la innovación y que entiendan que tiene que evolucionar en la medida en que la forma de hacer las cosas van cambiando”, dijo Mauricio Saldarriaga, socio director del banco de inversión Inverlink.

Algunas startups han logrado adaptarse, aunque signifique costos adicionales, como Domicilios.com, que comenzó a pagar seguridad social a sus domiciliarios.

Ya legisladores han comenzado a tomar nota. El congresista Mauricio Toro presentó en noviembre un proyecto de ley para incorporar normas para trabajo digital, y otro para reglamentar el transporte privado intermediado por plataformas.

“Tenemos que crear el marco normativo y la reglamentación necesaria para dar seguridad jurídica a las inversiones que ya están y las que están por venir”, dijo.

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