Mientras el país volvía a debatir una reforma tributaria que ya se había aprobado y aplicado, los expertos hablan de la necesidad de menos regulación y más inversión en ciencia, tecnología, investigación e innovación para que el país recupere su competitividad y productividad, que le permitirán volver a crecer por encima de 3,5 %.
En medio de las amenazas de recesión global, Colombia intenta recuperar los años de crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano a 4% que lo acompañaron durante el boom petrolero.
Entre tanto, la moneda local sufre una nueva devaluación que iniciando octubre la llevó al récord de $ 3.500 por dólar, y su déficit de cuenta corriente volvió a superar el 4 % del PIB. A la vez, la inflación se acerca al límite superior del rango meta (2 a 4%) y la actividad económica parece darle la razón al Ministerio de Hacienda y su proyección de crecimiento del PIB cercano a 3,6 %.
Si, como consecuencia de la materialización de la anunciada recesión, “la demanda global baja mucho, el precio del petróleo seguiría cayendo. Obviamente, en estos años ha habido choques de oferta de ese mercado que le han ayudado a mantener su precio, y mientras tanto la demanda ha sido adecuada. Pero en una recesión habría menor precio de petróleo, y sabemos que eso tiene su impacto sobre las cuentas fiscales de Colombia”, dice Benjamin Ramsey, director ejecutivo de investigación para América Latina de J.P. Morgan.
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El petróleo sigue siendo el producto de mayor exportación de Colombia, aunque disminuyó 11,6 % para agosto, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Las ventas externas de productos de actividades extractivas fueron las de mayor disminución en dicho periodo, con una contracción de 21,3 %.
Con la situación actual, J.P. Morgan y la mayoría de analistas esperan que, en efecto, el déficit de cuenta corriente del país llegue este año a 4,4 % del PIB. Pero, “si el precio del crudo baja significativamente, eso primero va a derivar en un déficit mayor y, segundo, querrá decir que habrá una necesidad de más financiamiento internacional. Esto tendría sus riesgos en cuanto al crecimiento del país”, añadió Ramsey.
Más allá del petróleo
Una de las soluciones la había planteado el gobierno de turno desde la caída de las materias primas: diversificar la canasta de exportaciones nacionales. Para el actual Ministerio de Hacienda, la estrategia “es especialmente exitosa cuando se incrementan las exportaciones de bienes con precios negativamente relacionados con los precios de los commodities.
Sin embargo, los desafíos en productividad y competitividad han dificultado la tarea. Se estima que, en el país, 96 % de las empresas son mipymes que generan 90 % del empleo formal. Pero tanto estas como las grandes compañías se enfrentan a desafíos que han quedado expuestos en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial en 2018. Allí, Colombia ocupa el lugar número 57 entre 140 países evaluados.
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Mientras el ambiente macroeconómico y la salud son los dos aspectos mejor situados del país, con puntajes superiores a 85 cada uno, en innovación y adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC), el país logró apenas su primer avance en cuatro años en el ranking.
En el caso de la innovación, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la reciente implementación del sistema de aprobación de recursos a proyectos presentados mediante convocatoria pública debe acelerar su trámite y aumentar la cantidad de propuestas recibidas. A esto se suma la aprobación del Plan Bienal de Convocatorias por un monto de $ 2,54 billones, en total.
El DNP también destaca que “el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) se ha fortalecido en el último par de años, con resultados muy positivos. Este sistema cuenta con un comité ejecutivo del más alto nivel que da línea y resuelve cuellos de botella, además de una serie de comités técnicos público-privados encargados de articular y dar seguimiento periódico a la implementación de diversas estrategias transversales, como el desarrollo productivo, la cti, la formalización, la calidad o la mejora regulatoria”.
De otro lado, el país se sigue destacando en su calificación de marco macroeconómico. De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el gobierno, el PIB del país debería crecer 3,6 % en 2019 como resultado de la aceleración en su dinámica productiva y la aplicación de la ley de financiamiento, que será inválida desde el primero de enero de 2020, pero que nuevamente aprobó el Congreso.
El Banco de la República, que ha hecho dos cambios en su proyección de crecimiento del PIB para este año, espera que la economía crezca un poco menos y llegue a 3,2 %, la misma proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, sin embargo, es superior al reporte de 2018 y uno de los pronósticos más altos de la región.
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En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que cada año presenta el Ministerio de Hacienda, se especifica que para 2020, el PIB debería crecer 4 % —el FMI, menos optimista, espera un alza de 3,6 %— con la aplicación de la ley de financiamiento, pero decaería a apenas 2,8 % de no aplicarse esta ley, misma que proyecta un recaudo fiscal de 0,2 puntos porcentuales del PIB adicionales para 2020.
Mientras el Congreso volvió a aprobar el mismo texto legislativo que ya había aprobado y que el presidente firmó para convertir en ley de la República, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda confía en la “posición de ventaja” que le dejó “reducir desde ya la presión de caja a través de operaciones de manejo de deuda” adelantada en 2019, aprovechando oportunidades en el mercado internacional para mejorar el blindaje frente a una posible desaceleración.
El mismo Congreso también tendría que discutir durante el gobierno de Iván Duque las anunciadas reformas pensional y laboral. En especial, este último es uno de los mercados evaluados por el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, y en el que el país no tiene una buena calificación.
Según Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad del país, el mercado laboral del país es inflexible desde su legislación, no obstante los avances que se han aplicado en los últimos años para disminuir los sobrecostos de la contratación formal, calculados en 60 % por cada peso pagado al trabajador.
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Un ejemplo son los impedimentos que tienen las empresas para realizar recortes en su nómina cuando presentan resultados financieros negativos, obligando a estas a mantener un costo operativo superior al que pueden soportar. Para Córdoba, es necesario enfrentar este problema, en especial en esta época de aumento del desempleo, digitalización del trabajo y migración venezolana.
El otro mercado que tiene problemas de competitividad es el de bienes, provocados en buena parte por las distorsiones en los precios de las materias primas y la falta de competencia, producto nuevamente de la falta de innovación del país y sus obstáculos para la productividad y competitividad empresarial.