El congresista anunció que citará un debate en el Senado de la República para discutir "sobre la ilegalidad" de la plataforma.
El senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) está adelantando una embestida en contra de Uber que concretará en un debate en el Senado de la República sobre “la descarada ilegalidad” de la plataforma.
En la discusión, según dio a conocer el congresista, expondrá “cómo esa transnacional induce a violar la ley y estorba para mejorar el servicio de taxis en el país”, citando a la ministra de Transporte Ángela María Orozco y a la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, e invitando a las superintendencias de Transporte e Industria.
No obstante, la ministra de Transporte Orozco coincide con el congresista de que la plataforma “es ilegal” y tanto la Superintendencia de Transporte como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) han impuesto millonarias sanciones a la compañía estadounidense.
La más reciente, por cuenta de la SIC que ordenó la suspensión inmediata del servicio de la plataforma de transporte Uber en Colombia.
Según Robledo, Uber viola la ley y sus cifras no cuadran, porque la firma habla de 88.000 carros y del pago de $70.000 millones de IVA en 18 meses. “Luego a cada carro le entran $161.281 en promedio al mes, cifra que no paga ni un día de operación de un taxi, otro engaño de Uber”. Luego se pregunta, “¿qué esconde?”, la empresa.
Uber ha detallado que cuenta con 2 millones de usuarios, 88.000 conductores y que a través de su aplicación se ha completado más de 300.000 viajes desde 2013, insistiendo que a pesar de no contar con una reglamentación en el país, ha pagado más de $70.000 millones en impuestos.
Vea también: La carta abierta que Uber emitió tras la suspensión de la SIC
En la arremetida a la empresa a través de su cuenta de Twitter, el senador Robledo señaló que “todo lo de Uber es ilegal; la empresa, la plataforma, las tarifas, los seguros, la propaganda, sus cifras son falsas, no paga impuesto de renta en Colombia, es culpable de las sanciones a miles de chóferes, puede haber taxis de lujo pero lo impide la ilegalidad de Uber”.
El congresista se refirió al decreto del Gobierno en 2015 para que Uber “pudiera legalizar los servicios de lujo que dijo que prestaría y que la transnacional no quiso acoger, otra muestra que su negocio es competir violando la ley”. En su momento, la firma explicó que es una empresa de tecnología y no de transporte.
Robledo argumenta que “a miles de conductores Uber les quitaron la licencia de conducir por 25 años, por ser Uber ilegal. Hoy la sanción es de 3 años, pero las de 25 años se mantienen Violaron las normas porque, con engaños, Uber los indujo. Uber debe pagarles los daños y perjuicios que les causó”.
El senador sostiene que “La publicidad que pone Uber también es ilegal. En días pasados la Superintendencia de Transporte le impuso a Uber una multa de más de $400 millones por incumplir la orden de no hacerlo. Legalidad descarada, grave error de los medios publicarle propaganda ilegal a Uber“.
Para el legislador, “el servicio que presta Uber podría ser legal, pero ella prefiere que sea ilegal, porque sus ganancias no salen de la plataforma sino de la ilegalidad. Uber vino a Colombia a engañar a los colombianos, a violar la ley, a corromper a las autoridades y a empeorar la movilidad”.
Según su concepto, “Uber es un traba para el progreso del país” y “los taxis legales pueden ofrecer un servicio con la particularidades de Uber (plataforma, etc.) y mejor, con calidades que no brinda Uber. Y pueden hacerlo dentro de la ley. Pero se lo impide la ilegal competencia desleal de Uber”.
Entre tanto, el senador, y líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, manifestó: “Nosotros estamos en el plan de buscar reglamentos legales, permitir que en Colombia operen las plataformas, pero en el caso del transporte también cumplir con todos los reglamentos y no permitir que arruinen a los taxistas”:
A finales del año pasado, Uber canceló una inversión de US$40.000 millones en Colombia, que proyectaba generar 600 empleos directos, por la “falta de estabilidad regulatoria” y “apoyo institucional a la innovación”. La plataforma ya está regulada en más de 80 jurisdicciones en América Latina y avanza en diálogos para lograr regulación en Chile, Ecuador y Perú