Hugo Ospina, líder taxista, calificó la medida como una forma de 'hacer justicia' y anunció que adelanta una demanda contra Didi, Beat, InDriver y Picap.
Desde este viernes usuarios de la plataforma de transporte compartido Uber empezaron a recibir en sus correos electrónicos la confirmación de que la aplicación dejará de estar disponible en el país.
Así, la compañía da inicio a su proceso de salida en el país, para acatar la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le ordenó cesar cualquier operación en Colombia. Dicho proceso tendría como fecha límite el próximo primero de febrero, según informó la Uber este viernes a través de un comunicado de prensa.
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Forbes habló con Hugo Ospina, visible líder de un grupo de taxistas y abierto detractor del servicio que presta la plataforma en el territorio nacional. Para Ospina, esta decisión “no es un triunfo sino una forma de hacer justicia, porque bajo ninguna circunstancia el Estado colombiano va a permitir que se preste el servicio de transporte individual de pasajeros en vehículos particulares”, continúa.
Según el líder de un grupo de este gremio, pese a que las plataformas están constituidas de manera legal en nuestro país, su servicio es ilegal, pues “las únicas autoridades que pueden establecer qué tipo de vehículos pueden prestar estos servicios y con qué tarifas son el Ministerio de Transporte y las Secretarías de Transporte”, puntualiza.
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Por eso, la única salida que, desde el gremio de taxistas se plantea para la permanencia de las plataformas de transporte en el país es “que presten su servicio con los taxis. Pero en ningún caso el Estado va a permitir que sigan operando con vehículos particulares y motos”, dice Ospina.
Para continuar con este propósito, Hugo Ospina y su grupo de taxistas tienen programado adelantar acciones legales en contra de las aplicaciones móviles que continúan prestando este servicio en el país.
El líder taxista anunció que, de la mano de la firma de abogados Mario Iguarán Asociados (del exfiscal general de la Nación Mario Iguarán), demandará a Didi, Beat, Picap e InDriver por “usurpar las funciones del Estado, que es el único que puede definir lineamientos para la prestación de estos servicios”.
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