La Alianza Colombia Libre de Fracking y 20 congresistas de distintos partidos políticos, tras la reapertura de los despachos fiscales, solicitaron este 1°. de julio ante el Consejo de Estado que se suspenda el decreto de pilotos de fracking en Colombia.

Según argumentan, “el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las condiciones dadas por el Alto Tribunal para avanzar con los proyectos pilotos de investigación integral de fracking (Ppii), lo cual se materializa en el Decreto 328 expedido por el Gobierno del presidente, Iván Duque”.

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Los solicitantes dicen que la norma citada incumple las condiciones dadas por el Consejo de Estado y argumentan los siguientes seis puntos.

1. No incorpora los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos/no compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en los Yacimientos Convencionales.
2. No contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional.
3. No observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información.
4. No establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales.
5. No contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del Comité de Expertos.
6. El decreto contiene disposiciones que no garantizan el carácter científico de los Proyecto Piloto de Investigación.

Los congresistas le solicitaron al presidente, Iván Duque, que “acate las decisiones judiciales que implican cumplir con las condiciones que garanticen aplicar el principio de precaución, los derechos de las comunidades del Magdalena Medio y de los colombianos en general”.

Desde este 1°. de julio el tren de la Sabana que hace un recorrido entre Bogotá y Cajicá retornó operaciones. Tendrá dos servicios diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. En los 48 kilómetros que recorre se podrán movilizar por trayecto alrededor de 600 personas para un total de 1.200 pasajeros al día.

Se tendrán los trayectos Bogotá – Cajicá y Cajicá – Bogotá, a partir de las 5:25 de la mañana y en la tarde desde las 5:15. Tendrá paradas estratégicas a lo largo del corredor férreo que inician en la Avenida El Dorado, específicamente el Centro Comercial Gran Estación, con paradas en la Carrera 30, la Calle 134, la Calle 147, la Calle 170, la estación de La Caro y finalizan en Hacienda Fontanar.

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De acuerdo con el Ministerio de Transporte, durante los tres primeros meses de este año, se movilizaron 148.628, principalmente estudiantes universitarios y turistas. Dado que estos dos renglones, los que más se movían a través del tren, fueron suspendidos por la pandemia se tomó la decisión de restablecer el servicio para el público en general, que de acuerdo con el marco normativo vigente puede transportarse durante esta época.

Entre las medidas de bioseguridad adoptadas se destaca la toma de temperatura antes de abordar, desinfección de manos al ingreso, uso obligatorio de tapabocas y distanciamiento social en los coches respectivos, dice el Ministerio.

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Además, la cartera resalta que “esta apuesta se consolida gracias al trabajo articulado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Consorcio Ibines, la empresa Turistren, la Gobernación de Cundinamarca,los municipios de Chía – Cajicá y el Distrito Capital”.

EFE.- La filial estadounidense de la farmacéutica suiza Novartis acordó pagar US$678 millones a la Justicia de EE. UU. para cerrar un caso en el que estaba acusada de operar “programas de conferencias falsos” en los que “sobornaba” a doctores para que prescribieran sus fármacos, según informó este miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

“Durante más de una década, Novartis gastó cientos de millones de dólares en los llamados programas de conferencias, que incluían comisiones por discursos, comidas exorbitantes y alcohol de primera clase, y que no eran más que sobornos para hacer que los médicos por todo el país prescribieran fármacos de Novartis”, dijo en una nota la fiscal en funciones, Audrey Strauss.

La Justicia estadounidense denunció que entre 2002 y 2011, Novartis, desde su sede en Nueva Jersey, convocó “decenas de miles” de foros supuestamente educacionales que “no servían más que para sobornar”, ya que después eran “eventos sociales celebrados en restaurantes caros, con poca o ninguna discusión sobre los fármacos” de la compañía.

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“Dar esos pagos y otros regalos lujosos interfiere con el deber de los médicos de elegir el mejor tratamiento para sus pacientes e incrementa el coste de los medicamentos para todo el mundo. esta oficina seguirá vigilando y persiguiendo las mordidas, como quiera que se disfracen, en toda la industria farmacéutica”, agregó Strauss.

La Fiscalía neoyorquina alegó que cuando los médicos prescribían los fármacos de Novartis para dolencias cardiovasculares o diabéticas, el Gobierno federal pagaba cientos de dólares en reembolsos por esas “recetas engañosas”.

Como parte del acuerdo para cerrar la demanda civil por fraude, Novartis admitió haber pagado honorarios a médicos “para inducirlos” a prescribir sus productos y haber convocado “programas” de conferencias en algunos de los restaurantes más caros de Estados Unidos, como Peter Luger en Nueva York, Nobu en Dallas o Matsuhisa en Los Angeles.

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Novartis celebró más de 12.000 eventos con gastos de comida por persona superiores a US$125, el límite establecido en sus políticas internas, con ejemplos extremos como el de una conferencia en el restaurante Ruth’s Chris Steakhouse de Pikesville (Maryland), a la que solo asistió un médico y el gasto fue de US$448 en comida y alcohol, más US$1.000 de honorario.

Los eventos, que abarcaban viajes de pesca, acontecimientos de deporte o catas de vino, también se celebraban en la cadena de restaurantes Hooters, conocida en EE.UU. porque sus camareras son mujeres jóvenes uniformadas con ropa ajustada y reveladora, más que por su comida típica americana.

Además de esas admisiones, la farmacéutica tuvo que comprometerse a reformar sus prácticas de negocio y firmar un acuerdo de integridad con las autoridades por el que reducirá drásticamente sus conferencias y el dinero que invierte en ellas, haciéndolas generalmente en formato virtual. 

Mientras revisaba unas resoluciones en una oficina del Ministerio de Salud en la mañana del miércoles 29 de abril, Karen Abudinen Abuchaibe se da cuenta que, mientras estaba ocupada atendiendo asuntos, tenía varias llamadas perdidas de Presidencia. Llamó y le dijeron que se fuera inmediatamente a la Casa de Nariño.

Unas horas después, estaba siendo presentada en la sala de prensa como la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en relevo de Sylvia Constaín —quien se retiró para ser vicepresidente de la procesadora de pagos Visa—, tras estar como alta consejera para las Regiones desde que inició el Gobierno.

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Momentos antes del anuncio, el presidente Duque le había manifestado que quería que fuera jefe de la cartera de las TIC, a la que quiere darle un sentido de equidad ante los desafíos sociales.

Abudinen llega a liderar la transformación digital de un país que, en medio de la pandemia del Covid-19 que encerró a los ciudadanos en sus casas, vio aumentar su tráfico de internet 38,8 por ciento en marzo, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que también informó que en abril el incremento fue de 11,5 %.

Pero esta misma situación dejó al descubierto que, entre los colombianos —que se tuvieron que volcar al trabajo remoto y a las clases virtuales— hay 20 millones que no tienen acceso a internet de banda ancha, servicio cuya suscripción representa el 12 % del salario promedio para el 40 % de la población más pobre; casi el doble que Chile o México y cuatro veces mayor que el promedio de la OCDE. Y en las zonas rurales, solo el 17 % de los estudiantes rurales tiene internet y computador, como lo calcula el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.

La ministra entrante cree que en materia de conectividad hay una hoja de ruta clara, con hechos concretos. “Estos proyectos son los más ambiciosos que ha tenido Colombia en su reciente historia. Ningún municipio o centro poblado se quedará por fuera de los beneficios que ofrece la era digital, pero especialmente en aquellos que están en la Colombia profunda, allá donde no llegan las oportunidades por tratarse de zonas muy alejadas o de escasos recursos”, dijo a Forbes Abudinen.

Se refiere a varios planes que vienen andando, como la ampliación de la cobertura de banda ancha móvil en 3.658 localidades, compromiso pactado en la más reciente subasta del espectro que quedó repartido entre los operadores Claro, Tigo y Partners, que este año deben dar inicio al despliegue de infraestructura. Muchas de esas poblaciones empezarán a ver cómo sus redes de comunicaciones móviles pasarán de 2G y 3G hacia 4G.

El Ministerio de las TIC tiene previsto adjudicar en el segundo semestre de este año el servicio de internet gratuito a 10.000 comunidades rurales y 840 zonas digitales con conexión inalámbrica gratuita, con operación garantizada hasta 2030. La entidad espera cerrar este año con 342.000 hogares de estratos 1 y 2 pagando tarifas asequibles a internet fijo ($8.613 mensuales para estrato 1 y $19.074 para estrato 2, que más adelante deberían llegar en total a 500.000 casas).

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Karen, la abogada de 43 años graduada de la Universidad del Norte, con un máster en leyes de la Georgetown University, luego de ser consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, estaba hace una década encabezando una cruzada por la nutrición desde la Fundación Nu3, pero de ahí su salto a la gestión pública fue en ascenso.

Como una escalera, fue primero secretaria de Gestión Social de Barranquilla, de ahí pasó a ser directora nacional de primera infancia de ICBF, se devolvió a Barranquilla a ser Secretaria de Educación; para el cierre del gobierno de Juan Manuel Santos era directora del ICBF y desde el primer día del gobierno de Iván Duque, es una de las voces que le habla al oído al mandatario.

“Mi vocación de servicio, a darlo todo por hacer posible lo que a veces parece imposible, con un trabajo comprometido e incansable, sin importar el lugar en el que me encuentre”, expresa Abudinen al comentar que le gusta salir de la oficina e ir a las regiones porque “yendo al territorio es que se conocen las necesidades y realidades del país. Es así como siempre he procurado realizar proyectos que transformen vidas, haciéndolo con el corazón, pero, sobre todo, pensando en el beneficio de los demás”.

La han criticado desde distintos sectores por llegar a una entidad tan técnica sin experiencia en el sector, pero ella dice que es una mujer ejecutora, de resultados y de hechos. “Para mí es esencial conocer y entender las necesidades de la gente en el territorio, porque a través de las TIC podemos mejorar calidad de vida de las personas y ver cómo las sociedades se transforman a partir de las oportunidades que trae el sector. Mi experiencia es con la gente, con su desarrollo y su progreso. Vamos a estar conectados como nunca en todas las regiones de Colombia. Entiendo de cerca las necesidades digitales del país más allá del centralismo. A este campo hay que ponerle rostro regional y social”, rescata.

Al posesionarse, en seguida se encontró con casos particulares que contrastan entre innovadores apuestas y embrollos. Por un lado, presentó con Movistar y Huawei un piloto de 5G, que, usando temporalmente el espectro en la banda de 3.500 MHz, instala una cámara térmica que permite medir la temperatura corporal de las personas, registrando la temperatura de hasta 30 personas al mismo tiempo para generar alertas visuales o informáticas en tiempo real y de manera remota.

Por el otro, la delicada firma del contrato con la empresa adjudicataria del preciado dominio .CO, que fue aplazada en tres ocasiones ante cuestionamientos del proceso licitatorio —tanto de la Procuraduría como de una de las empresas perdedoras—, que finalmente se dio el pasado 22 de mayo. Entre tanto, la ministra ha decidido mantener la meta de su antecesora para formar a más de 100.000 niños, niñas y jóvenes en habilidades para la cuarta revolución industrial, como pensamiento computacional y programación.

“Mi experiencia es con la gente y el componente social es esencial sin importar el sector, porque el objetivo siempre debe ser el bienestar de la gente, y precisamente esa experiencia me va a permitir hacer de las TIC un elemento de oportunidades para todos, donde la conectividad sea mucho más que llevar antenas o cables, donde pueda brindarle a los colombianos la posibilidad de soñar con un país de oportunidades, llevando conectividad a las regiones, dándoles la posibilidad de acceder a la educación, al emprendimiento, a servicios de telemedicina, a comunicarse, entre otras ventajas que mejorarán la calidad de vida”, concreta la funcionaria.

Tres desafío de la Ministra

El primer desafío que tiene la ministra Abudinen es seguir incrementando la cantidad de gente que está conectada a lo largo y ancho de país, definitivamente, la conectividad hoy más que nunca está determinando la calidad de vida y la posibilidad tanto de estudio como del trabajo de la gente.

El segundo gran desafío está en generar una real transformación digital por parte del estado colombiano, que puede hacerse desde el Ministerio TIC hacia afuera, para que cada vez los procesos del sector público sean mas eficientes y por supuesto en medio de una pandemia puedan trabajar de manera segura sin perder el impulso de cada una de las actividades del estado.

Sin duda, el tercer desafío está en mantener un ambiente regulatorio dentro del cual se permita la actividad empresarial relacionada con las tecnologías de la información y las comunicaciones, esto teniendo en cuenta el despliegue de infraestructura que eso es uno de los grandes obstáculos para la industria. Pero también por ejemplo poder generar todo tipo de facilidades para que la economía colaborativa siga demostrando todas sus capacidades de atender al público ante una circunstancia atípica como la que estamos viviendo.

Por: Alberto Samuel Yohai
Presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones

Más de 1.000 trabajadores repartidores que trabajan con aplicaciones se reunieron este miércoles en la ciudad de Sao Paulo (Brasil) para protestar por mejoras en sus condiciones de trabajo, en uno de los movimientos más grandes del tipo que se lleva a cabo en el país.

Protestas y cese de operaciones similares se vieron también en Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile y Argentina, donde también convocaron a protestas para desafiar el estado actual de su situación laboral.

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Los repartidores quieren tasas de entrega más altas y mejores condiciones de trabajo, que se han vuelto más complicadas desde que la pandemia de coronavirus llegó al país a mediados de marzo. El movimiento es parte de una huelga nacional para realizar entregas el miércoles e incluyó actos en otras ciudades, como el Distrito Federal y Río de Janeiro.

Los trabajadores afirman que los ingresos que obtienen al trabajar para las solicitudes han disminuido con el tiempo y que tienen que operar en condiciones precarias.

“Nos están haciendo trabajar los fines de semana, todos los días, o nos enfrentamos al riesgo de ser bloqueados”, dijo Felipe Gomes, quien reparte para iFood.

Las empresas clasifican a los conductores como autónomos, insistiendo en que son intermediarias entre los restaurantes y la fuerza laboral de entrega. Dicen que las aplicaciones brindan a los trabajadores la libertad de establecer sus horas y su nivel de compromiso. Pero los trabajadores y los fiscales están totalmente en desacuerdo.

El gobierno dijo esta semana que alrededor del 50% de los brasileños en edad laboral están sin trabajo debido al coronavirus, en momentos en que la crisis empuja a más y más personas a opciones de empleo precarias.

“Un algoritmo determina todo para los repartidores; valor y duración del trabajo, la ruta que deben tomar, y si no lo aceptan, sufren sanciones”, dijo Tatiana Simonetti, una de las promotoras de la huelga. “En el momento en que se registran en el sistema, se convierten en títeres”.

Los funcionarios de Uber no hicieron comentarios al respecto. iFood y Rappi declararon que las demandas de los trabajadores se han cumplido y que no aumentarán bajo presión las tarifas pagadas al personal de entrega. Rappi dijo que la mayoría de los repartidores reciben 18 reales (US$3,5) por hora, aunque los trabajadores dicen que reciben mucho menos.

Rodrigo Gandolfo, vicepresidente de logística de iFood, dijo que los repartidores reciben alrededor de 20 reales (US$3,8) por hora durante las horas pico, como el almuerzo y la cena.

En un comunicado de prensa, el presidente interino de la Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte y Logística, Eduardo Guterra, dijo que organización quiere “discutir otro modelo de relación basado en las directrices de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), con descanso entre días y mejor remuneración, en la que el participante, ya sea un conductor de automóvil, hombres en moto o repartidor de bicicletas, no es explotado debido a la falta de condiciones de seguridad y salud”.

No es la primera vez que los trabajadores de reparto salen a las calles a manifestarse contra Uber, Rappi e iFood. Pero esta manifestación parecía ser más grande.

Los clientes y restaurantes recurrieron a las redes sociales para apoyar a los conductores. Sus condiciones de trabajo también han llamado la atención de los fiscales, que han iniciado investigaciones de todas las aplicaciones y demandaron a iFood.

Con Reuters.