La minera canadiense Eco Oro le reclama al país por la prohibición de realizar exploraciones en el Páramo de Santurbán. Exige más de 2 billones de pesos.
Ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington D.C, se presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para defender al país por la millonaria demanda presentada por la minera canadiense Eco Oro, en la que alega que sus inversiones en el territorio colombiano se vieron afectadas por la prohibición de realizar exploraciones en el páramo de Santurbán, en Santander.
La audiencia de arbitraje celebrada entre el 20 y el 24 de enero, según confirmó W Radio, la Agencia, en coordinación con la firma Latham & Watkins, presentó, entre otros argumentos, que las medidas cuestionadas en el arbitraje se han venido adoptando por el Estado colombiano desde hace más de 20 años.
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Además, se fundamentó que estas son medidas legales, destinadas a la protección del medio ambiente, de forma coherente con su ordenamiento jurídico, respetando siempre el debido proceso y la legalidad.
De acuerdo con la defensa, el TLC con Canadá reconoce que las medidas adoptadas con la finalidad de proteger el medio ambiente no pueden ser cuestionadas como expropiatorias. Por lo que las medidas discutidas en el arbitraje no eran discriminatorias y fueron adoptadas de forma racional y proporcional en ejercicio legítimo de los poderes regulatorios del Estado.
Respecto a los reclamos relacionados con el trato justo y equitativo, Colombia argumentó que el inversionista no podía tener expectativas legítimas pues desde antes que realizara la inversión existían restricciones a la minería en zona de páramo.
Por último, defendió la metodología utilizada para la delimitación de este espacio natural, la cual obedeció a criterios técnicos y científicos.
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En su demanda, la empresa Eco Oro Minerals Corp reclama por la imposibilidad de desarrollar minería en el Páramo, argumentando que esta viola el nivel mínimo de trato previsto en el TLC entre Canadá y Colombia, y, según la multinacional, constituye una expropiación indirecta a las expectativas de su inversión.
Sus pretensiones sobre una indemnización alcanzan los 736 millones de dólares (cerca de 2,4 billones de pesos).
La sentencia que emita el Tribunal en el arbitraje iniciado por Eco Oro, será la primero en decidir sobre medidas destinadas a la protección del medio ambiente.
A la fecha existen dos arbitrajes internacionales de inversión más, iniciados por las mineras Red Eagle y Galway, en los que también se cuestionan las medidas destinadas a prohibir la minería en el Páramo de Santurbán, para proteger este ecosistema.