El efecto de la salida de Uber de Colombia

Desde la medianoche de este viernes Uber apagará sus servicios en Colombia y el país se convertirá en el único del continente en donde se ordena la salida de la plataforma.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la suspensión del servicio en Colombia el pasado 20 de diciembre, después de estudiar una demanda de uno de los gremios de taxis más grandes del país, por considerar que hay competencia desleal. De nuevo, dicha decisión generó un debate nacional, el mismo que se ha dado en otros países del mundo.

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Este debate ya ronda todo tipo de escenarios: desde si es legal o no; que si es ilegal, entonces por qué paga impuestos; si es justa o no con el gremio de taxistas; que quedan más de 88.000 familias sin el ingreso, y sobre si el efecto de la salida de Uber es un golpe al buen desarrollo que ha tenido el emprendimiento tecnológico en el país y a la certidumbre de la inversión extranjera en emprendimientos tecnológicos.

La vía de la regulación

Hace seis años, desde que llegó Uber al país, se ha hablado de regular, verbo que poco les suena a los taxistas por considerar que, en cualquier caso y después de cualquier discusión, no habrá igualdad de armas y se seguirá atomizando el servicio. Pero parece ser que este es uno de los caminos por el que optó el presidente Iván Duque: impulsar y apoyar la discusión en el Congreso de la República en la nueva legislatura, que comienza en marzo.

“Mientras unos prestan un servicio pagando cupos, seguros e inspecciones, otros están compitiendo sin cumplir con esas normas, y eso tiene que ver con la prestación de un servicio de transporte (…) la cancha tiene que ser de competencia leal, y por otro lado que lo que corresponda a la reglamentación también tiene que ser parte de esta gran discusión nacional”, dice.

Pero tampoco le suena a Uber. La aplicación en Colombia ha dicho que si bien hay un esfuerzo para reglamentar, la “propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses” y sugiere que el Presidente puede tomar decisiones por decreto.

Además, pide que en aras de fomentar la discusión, se le permita mantenerse activa como las otras que también funcionan en el país mientras se llega a un marco regulatorio. E incluso amenazó con denunciar al Estado colombiano porque, a su juicio, están violando el TLC con Estados Unidos.

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“Hay muchas iniciativas legislativas que proponen modernizar la normatividad de transporte de cara a la economía colaborativa. La decisión del Gobierno es acompañarlas y revisarlas”.

Ángela maría orozco, ministra de transporte.

Si hasta el momento los ojos están puestos en el Congreso, el proyecto que se está moviendo es el del representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, y Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, quienes han querido no solo regular las aplicaciones de transporte, prometiendo “nivelar la cancha”, sino meterse además en el espinoso tema de las garantías laborales de quienes trabajan y dependen de aplicaciones como las de domicilios.

Según le dijo Toro a Forbes, la decisión de la SIC es “desproporcionada”; Uber se debió esperar a la decisión final del Tribunal de Bogotá, donde está apelada la decisión, y en su criterio hubo “chantaje” de los taxistas. “Lo que siento es una manipulación de los taxistas al Gobierno que se da en el marco de los paros.

Lo amenazan, lo amordazan y le dicen: ‘Si nosotros salimos, esto se les termina de complicar; entonces prohíba la plataforma’. Y el Gobierno decide aceptar esos chantajes”, explica Toro. “Esto es como si, en su momento, las compañías de beeper estuvieran demandando a las de telefonía celular por competencia desleal”. Ballesteros, por su parte, dice que la solución “no es prohibir, sino regular, y con esto se trata de equilibrar las cargas para que la libre competencia sea la que gane, y en esa misma medida gane el usuario”.

Pero ¿cómo lo piensan hacer? En esencia, la norma que promueven Toro y Ballesteros tiene tres componentes: primero, un fondo de compensación de cupos para los inversores de los taxis, el cual deberán asumir las plataformas con el 1 % de sus ventas. Segundo, equiparar los requisitos para las aplicaciones móviles, en el que se entrarán a regular elementos como el seguro para pasajeros que deben tener los taxis o la licencia especial para transporte de pasajeros en las plataformas.

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La tercera parte se refiere al tema tributario. Teniendo en cuenta que las plataformas pagan IVA (Uber dice que ha entregado a la Dian más de $ 70.000 millones por este concepto), el proyecto pretende que las aplicaciones paguen impuesto de renta sobre las ventas y no solo sobre las oficinas que ocupan.

De convertirse en ley, este otorga al Ministerio de Transporte la responsabilidad de reglamentar la tarifa dinámica para las empresas de taxis. El Gobierno tendría un año para especificar las reglas, y los taxis, para acogerse a operaciones a través de tabletas y geolocalización.

Cruce de comunicaciones

Detrás de la discusión de fondo, que es permitir o no estas plataformas, han jugado estrategias y movimientos de parte y parte. El Gobierno dejó plenamente la vocería del tema en la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ningún otro funcionario puede hablar al respecto debido a que la Casa de Nariño quiere ubicar esa discusión allí y no llevarla al sector del emprendimiento en el país.

De hecho, Felipe Buitrago, viceministro de Economía Naranja, señaló que “Uber no hace parte de la economía naranja porque no es una plataforma del sector de contenidos culturales”.

Si bien el Gobierno se ha querido desmarcar de que el problema de Uber no está vinculado con la realidad del emprendimiento y del desarrollo tecnológico, personas del sector han manifestado que sí ven en la decisión de la SIC un desincentivo para la inversión en este tipo de operaciones.

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“Esto es como si, en su momento, las compañías de beeper estuvieran demandando a las de telefonía celular por competencia desleal”.

Mauricio toro, representante a la cámara por el partido verde.

De hecho, cabe recordar que a finales del año pasado, desde la sede Uber en San Francisco (Estados Unidos), se dio la orden de cancelar la creación en Colombia de un Centro de Experiencia para Latinoamérica, tasado en 40 millones de dólares y que iba a proveer 600 empleos directos, por “la falta de estabilidad regulatoria y apoyo institucional a la innovación”.

“El Gobierno y la SIC prefirieron, en contra del consumidor, proteger los monopolios y expulsar la tecnología, violando la ley, violando el principio de neutralidad en la red. Estamos viviendo el principio del fin de los beneficios que genera la economía digital, esto es vergonzoso”, señala David Luna, exministro tic y director de Al Centro.

Uber, por su parte, les ha enviado a sus clientes correos electrónicos diarios que se refieren a su salida del país e historias de sus conductores asociados. “Ella podría perder una de sus principales opciones para generar ganancias (…) Al día de hoy no existe una solución que nos permita seguir funcionando”. Y ha llamado a los usuarios a usar la etiqueta #UnaSoluciónParaUberYa, que en un día puede tener más de mil trinos.

Los inamovibles de los taxistas

Los abogados de los taxistas, de otro lado, han manifestado que replicarán la misma demanda aplicada a Uber para las otras plataformas de transporte, entre las cuales se encuentran Didi, Cabify y Beat. Incluso han manifestado la idea de irse en contra de la operación de las patinetas eléctricas por considerar que también transportan personas.

Uno de los líderes de los taxistas, Hugo Ospina, ha dicho públicamente que en caso de que se permita la operación en Colombia de estas plataformas, bloquearían a Bogotá con más 480.000 taxis. Y, sobre la propuesta de Toro y Ballesteros, aseguran que es un “proyectico” que no puede cambiar la Constitución y una ley estatutaria.

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Otras aplicaciones como Didi se han pronunciado públicamente a favor de la regulación y han dado alternativas como incorporar la tarifa dinámica para los taxistas.

Este rompecabezas no es fácil de armar y demorará su tiempo. Tanto la justicia, con la decisión de apelación de Uber ante el Tribunal de Bogotá, con la posibilidad que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, o el Congreso de la República podrán definir el futuro inmediato de estas plataformas.