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Así se cocina la subasta de Electricaribe, uno de los negocios del año

¿Volverá la luz al Caribe colombiano? Hay alta tensión y expectativa por esta subasta, que podría dar fin al pésimo servicio de energía eléctrica en el norte de Colombia.

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Natasha Avendaño
Natasha Avendaño García, asumió como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Foto: Andrés Rodríguez / Forbes.

Días y noches de oscuridad han vivido con mayor frecuencia todos los rincones del Caribe colombiano, en los que el distribuidor de energía eléctrica Electricaribe ha sido en la última década una odisea que no solo afecta la calidad de vida, sino también la competitividad de la región.

En los últimos indicadores Saidi de la Superservicios, que mide las interrupciones en el servicio de energía, las ciudades con más horas de desconexión fueron Montería, con 97,1; Riohacha, 74,2; Barranquilla, 67,8 y Santa Marta con 64,4 horas, todas por muy encima del promedio nacional, que fue de 26,7 horas al año. Solucionar este problema requerirá de inversiones superiores a los 8 billones de pesos.

Tras la intervención del Gobierno a la compañía, el momento cumbre de la esperanza está en la subasta que se hará este mes de febrero, con la que llegaría un nuevo operador a hacer las inversiones que se requieran para recuperar el rumbo.

Aunque estaba prevista para noviembre del año pasado, el Gobierno decidió aplazarla para febrero tras la caída de la ley de financiamiento, que con cálculos internos impactaba en medio billón de pesos la valoración de la empresa. Tomaban trascendencia aspectos como la tasa nominal y la deducción del iva en los bienes de capital.

Por ello se esperó a que pasara la aprobación de la reforma tributaria, para que de inmediato los proponentes fueran a sus juntas directivas y alistaran sus propuestas con los nuevos cálculos.

“Seguramente habrá más cortes, pero para que en el mañana no se caiga el servicio”

superintendente de servicios públicos domiciliarios natasha avendaño.

En el proceso hay seis precalificados, y los que decidan seguir entregarán los sobres con sus ofertas el 20 de febrero. Seis días después, el 26 será la primera subasta por Nueva Caribe (la región completa) y si no se adjudica, el 28 se dividirá la región en dos para subastar, por separado: CaribeSol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) y CaribeMar (Bolívar, Sucre, Córdoba y César).

“El día que se venda no va a cambiar la situación de un día para otro. De hecho, para poder mejorar toca intervenir redes. Seguramente habrá más cortes, pero para que en el mañana no se caiga el servicio”, le dijo a Forbes la superintendente Natasha Avendaño.

Esta funcionaria recorrió China, Estados Unidos, Chile y las principales ciudades de Colombia en menos de tres semanas para atender más de 70 reuniones con posibles inversionistas.

A pesar del chicharrón que esta compañía representa y aclarando que es de alto riesgo, Avendaño ha llevado el mensaje del jugoso negocio en juego, por ser el Caribe la región con la demanda más alta por las condiciones climáticas, al igual que la de mayor crecimiento en los últimos seis años.

En mercados como Brasil y Centroamérica se han cerrado transacciones de operadores con situaciones similares a las de Electricaribe, por lo que se mantiene el optimismo. Cuando le preguntan por los “clientes malapaga”, ella saca a flote que en otros servicios como el agua y el gas, el recaudo entre los costeños supera el 95%.

Hace 10 años, bajo la operación de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), Electricaribe alcanzaba tasas de recaudo de 96 %, que diez años después bajaron a 83 %. En ese lapso, para Avendaño, se presentó una falta de gestión de infraestructura”.

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De manera extraoficial, se supo que EPM, Celsia, Alberto Ríos, Inkia Energy y Electricidad de Portugal (EDP) han estado interesadas en el proceso. Pero Avendaño no lo confirma ni lo niega porque los nombres de las compañías precalificadas están sujetos a reserva, así como el precio base de la subasta.

EPM, por su parte, recibió una notificación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de no objeción ni condicionamiento para su eventual adquisición del sistema de distribución y comercialización de energía eléctrica atendido por Electricaribe en Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar.

En todo caso, el que sea tiene que saber a lo que llega, pues no solo es tener el capital. La superintendente reitera que “tiene que aprender de los errores del pasado”.

Quien llegue recibirá obras andando, de los 860.000 millones de pesos que el Gobierno garantizó para el primer año de inversiones aprobadas en los distintos Conpes.

De acuerdo con Electricaribe, con estos recursos se invertirá ocho veces más del promedio de los últimos cuatro años, rompiendo el círculo de bajas inversiones en infraestructura y redes eléctricas. A esto se suma que el Gobierno asumirá el pasivo pensional por $1,2 billones.

Si la subasta llegara a declararse desierta, varios expertos consultados coincidieron en que desde el Gobierno se tienen previstas opciones como nacionalizar la empresa o acudir a la figura de empresa mixta.

Para hacer brillar el negocio

En la reforma tributaria, se incluyeron dos nuevos artículos para hacer más atractiva la venta de Electricaribe. El primero de ellos determina la creación del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (Fonse), que podrá recibir recursos por hasta dos billones de pesos cada año, para apoyar la capitalización de empresas de servicios públicos mixtas (como sería el caso de Electricaribe) o públicas y evitar así la interrupción en el servicio.

La ley advierte que “las inversiones que realice el Fonse en los instrumentos de capital a los que se refiere este artículo podrán tener retornos iguales a cero o negativos de acuerdo con el comportamiento de las empresas en las que se realicen”.

El segundo artículo reglamenta la forma en que las empresas que adquieran a otras en liquidación podrán diferir los pasivos que estas tuvieran en varios años, de modo que no se afecte su equilibrio financiero y, nuevamente, no se interrumpa el servicio prestado a determinada región que en este caso sería el Caribe colombiano.

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Por coronavirus, piden no importar textiles chinos

Los textileros colombianos aprovecharon la coyuntura para pedir una nueva medida contra las importaciones chinas que aseguran, los tienen en aprietos financieros

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La Cámara Colombiana de la Confección y Afines le envió una nueva petición al Gobierno Nacional, esta vez pidiendo que se prohíban las importaciones chinas dado el potencial de mortalidad del coronavirus, originado en ese país.

El gremio aseguró que “Colombia tiene alto riesgo de contraer la enfermedad mortal que hasta el momento no tiene cura”, aunque el Ministerio de Salud ha asegurado que el riesgo del país de contagiarse del virus es bajo.

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Además, los textileros recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la alerta máxima por el virus que ya la causado la muerte de más de 1700 personas y ha infectado a más de 71.000.

En ese sentido, el gremio advirtió que “Colombia debe estar en alerta máxima pues la extraña enfermedad se puede contraer a través de prendas de vestir ya que las empresas chinas carecen de procedimientos con altos estándares de salubridad, lo que genera un riesgo latente de que la enfermedad llegue al país, pues por los puertos podrían ingresar productos contaminados”.

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La idea del gremio de textileros es que el Gobierno prohíba la entrada de estos productos hasta que establezca un mecanismo para asegurar que las importaciones no se convertirán en un foco de infección del coronavirus.

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Cerrejón y sindicato prorrogan negociación laboral

El sindicato exige un aumento salarial de 7,80%, cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación de 2019.

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REUTERS.- Cerrejón, una de las principales productoras de carbón en Colombia, y su mayor sindicato de trabajadores prorrogaron por 20 días más la negociación que comenzaron a finales de enero en busca de un acuerdo laboral que evite una eventual huelga en la mina, informaron el lunes las partes.

Cerrejón, que pertenece en partes iguales a BHP Group, Anglo American y Glencore, exportó 26,3 millones de toneladas de carbón en 2019 y tiene 5.896 trabajadores, de los cuales 4.600 están afiliados a los sindicatos.

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La etapa de arreglo directo de 20 días entre la empresa y Sintracarbón concluyó el sábado y las partes decidieron extenderla hasta el 6 de marzo. Si en esta fase de la negociación no hay un acuerdo, el sindicato debe convocar a sus afiliados para que durante 10 días decidan en una votación entre una huelga o un tribunal de arbitraje.

Sintracarbón dijo que la empresa ofreció un incremento salarial de 3,80%, igual a la inflación de 2019, y la acusó de buscar congelar por dos años los ingresos y beneficios de los trabajadores a valores de 2019.

“La multinacional Carbones del Cerrejón pretende deteriorar las condiciones laborales en la mina de carbón, afectar el bienestar de las familias de los trabajadores y eludir responsabilidades con la salud, el ambiente y la vida de las comunidades de La Guajira”, dijo un comunicado de Sintracarbón.

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El sindicato exige un aumento salarial de 7,80%, cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación de 2019, además de beneficios en salud, educación y vivienda. La empresa minera también mantiene una negociación separada con Sintracerrejón, un sindicato minoritario.

“Presentamos una oferta al sindicato Sintracarbón. Esta oferta está alineada a la situación del negocio y busca lograr un acuerdo que permita continuar brindando bienestar a los trabajadores, a sus familias y que al mismo tiempo asegure la sostenibilidad y competitividad de la compañía”, dijo Cerrejón en un mensaje enviado a Reuters.

Los precios del carbón han caído aproximadamente un 40% en el último año a alrededor de 44 dólares por tonelada.

Colombia es el quinto exportador mundial de carbón y ese producto es el segundo generador de divisas para la cuarta economía de América Latina, después del petróleo.

Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en el departamento de La Guajira, al noreste de Colombia, que incluye una mina a cielo abierto, una línea de ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto marítimo sobre el Mar Caribe.

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Venezuela suspende por 90 días vuelos de Tap Portugal por viaje de Guaidó

Las autoridades venezolanas además dicen que Guaidó no figura con su nombre completo en la lista de pasajeros de ese vuelo Lisboa-Caracas.

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Juan Guaidó en Bogotá

Reuters.- El gobierno de Nicolás Maduro suspendió el lunes por 90 días los permisos a la aerolínea TAP Portugal, acusándole de cometer irregularidades durante un vuelo que tomó hace unos días el líder de la oposición, Juan Guaidó, para regresar a Caracas.

Los aviones de la aerolínea no podrán aterrizar temporalmente en Venezuela, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Twitter y dejó abierta la posibilidad de aplicar multas y otras medidas en contra de TAP Portugal. “Venezuela se respeta”, agregó en el mensaje.

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El gobierno de Maduro acusa a la aerolínea de haber cometido fallas de seguridad en el vuelo donde viajó Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente interino de la nación sudamericana.

El 11 de febrero Juan José Márquez, un tío de Guaidó que lo acompañó en el vuelo de TAP Portugal, fue detenido al llegar al aeropuerto y un tribunal ordenó que continúe en prisión acusado de trasladar de forma ilícita armas y explosivos, acusaciones negadas por su defensa.

Las autoridades venezolanas además dicen que Guaidó no figura con su nombre completo en la lista de pasajeros de ese vuelo Lisboa-Caracas.

TAP dijo en un comunicado que no comprendía las razones de la suspensión “ya que cumple con todos los requisitos legales y de seguridad exigidos por las autoridades de ambos países”.

“Esta es una medida grave que perjudica a nuestros pasajeros”, agregó la aerolínea al destacar que no tuvo la oportunidad de rebatir los señalamientos de las autoridades venezolanas.

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A raíz de las acusaciones públicas de funcionarios venezolanos, un portavoz del gobierno portugués dijo la semana pasada que se ordenó a la Inspección General de Administración Interna adelantar una investigación sobre una supuesta violación de seguridad en el vuelo que trajo de regreso a Guaidó.

Los aviones de TAP Portugal hasta ahora aterrizaban en Caracas seis veces al mes, pese a la decisión de la mayoría de las aerolíneas internacionales de no viajar a Venezuela desde que el gobierno dejó de desembolsar miles de millones de dólares a las compañías por boletos vendidos en bolívares durante un estricto control de cambios.

El Ministerio de Información dijo el lunes en un comunicado que entregó una nota de protesta a Francia porque su embajador en Caracas, Romain Nadal, recibió a Guaidó en el aeropuerto internacional la semana pasada en lo que denominó “una clara estrategia de provocación, injerencia e intromisión”.

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Álvaro Uribe revela su declaración de renta y su patrimonio

No tuvo saldo para pagar en el 2019. Además, reportó 10 lotes rurales en Córdoba y Antioquia.

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El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez reveló este lunes su declaración de renta, tal como lo obliga la ley 2013 del 2019, sancionada por el presidente Iván Duque a finales del año pasado.

En el documento se puede ver que la declaración de renta del 2019 no tuvo saldo por pagar. De igual manera, el senador del Centro Democrático tiene un patrimonio bruto de 12,351 millones de pesos, una deudas por 2.937 millones de pesos, por lo que su patrimonio líquido fue de 9.414 millones de pesos.

Declaración de renta de Álvaro Uribe Vélez

El expresidente también registra 10 lotes rurales ubicados tres en Montería, Córdoba, y siete en San Carlos (Antioquia). Uno de ellos está avaluado por la Secretaría de Hacienda de la capital de Córdoba e 8.595 millones de pesos.

De igual manera, en el documento se lee que tiene cuatro créditos hipotecarios con Itau y Colpatria que suman 3.824 millones de pesos.

Además, sostiene que tiene “potencial conflicto de intereses” con actividades relacionadas con ganadería y por sus hijos, quienes tienen entre actividades “residuos industriales y propiedad raíz“.

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La polémica reforma de las pensiones francesa llega al Parlamento

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Emmanuel Macron
Emmanuel Macron / Foto: EFE

EFE.- La polémica reforma de las pensiones impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, llegó este lunes al Parlamento tras dos meses de huelgas y convertida en uno de los asuntos que fagocita la política del país.

La propuesta, con la que el Ejecutivo pretende instaurar un sistema universal, llega tras nueve jornadas de manifestaciones en su contra desde el pasado 5 de diciembre, y en vísperas de la décima, convocada para el próximo jueves, síntoma de la oposición que despierta entre los sindicatos.

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Si las huelgas de diciembre lograron paralizar en parte el país por el amplio seguimiento en los transportes públicos, sobre todo en los de París, el movimiento fue perdiendo fuerza a medida que los sindicatos menos radicales entablaron negociaciones con el Gobierno.

Las discusiones, centradas en la edad mínima de jubilación y en la financiación de las pensiones, se desarrollarán en paralelo en una conferencia que reunirá a partir de mañana a sindicatos y patronal.

En ella, los interlocutores sociales han recibido el encargo del Gobierno de encontrar una fórmula para que el sistema tenga déficit cero en 2027.

El Ejecutivo había propuesto para ello crear una “edad de referencia” de la jubilación, que fijó en los 64 años, antes de los cuales un trabajador perdería parte de su pensión si decide poner fin a su vida laboral.

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Esa idea fue finalmente retirada ante el rechazo en bloque que despertó en los sindicatos, que ahora tendrán que buscar otra fórmula para equilibrar el sistema.

Mientras, en la Asamblea Nacional los diputados afrontarán el eje central de la medida, que consiste en eliminar los regímenes especiales que en la actualidad tienen sectores como los ferroviarios, que pueden jubilarse antes que el resto de los trabajadores.

El Gobierno, que cuenta en la cámara baja con una amplia mayoría, se topará con la oposición de una izquierda que se esfuerza en retrasar la aprobación de la reforma.

Para ello, en la primera jornada presentaron una moción para que el texto sea adoptado por referéndum, propuesta que no tiene visos de progresar pero que demora el debate.

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Lo mismo que las más de 41.000 enmiendas presentadas, que dificultan el calendario del Ejecutivo, que pretende que la reforma sea aprobada, en primera lectura, antes de las municipales de mediados de marzo, para minimizar el impacto electoral.

Frente a ello, el Gobierno se plantea aprobar la reforma por decreto, lo que reduciría los plazos pero enturbiaría la imagen dialogante del Ejecutivo.

El presidente Macron expresó la semana pasada su deseo de que la reforma quede aprobada antes de verano para dar por finalizada la primera parte de su mandato y dedicar los dos años siguientes a proyectos menos impopulares, como la ley de dependencia.

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