El funcionario fue declarado insubsistente por medio de un decreto firmado por el presidente Duque y la ministra de Minas y Energía.
Un decreto firmado por el presidente Iván Duque y la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez declaró insubsistente al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Miguel Morelli, luego de poco más de un año en el cargo.
Aunque las razones de la decisión aún no son claras, se cree que esta estaría relacionada con una serie de roces que se produjeron entre Morelli y la ministra Suárez.
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Se espera que en los próximos días el Ejecutivo de a conocer el nombre de quien ocupará este cargo, por ahora la viceministra de Minas Carolina Rojas Hayes será la encargada de la entidad.
Luis Miguel Morelli había llegado al la ANH en septiembre del 2018, antes había sido gobernador del departamento de Norte de Santander (2003 – 2007), y alto ejecutivo de Ecopetrol, además de tener una estrecha relación con el presidente Duque.
La declaración de insubsistencia, vista también como un desido, algo poco común en el gobierno, es una causal autónoma de retiro del servicio que aplica para quienes desempeñan empleos de libre nombramiento.
Un polémico contrato:
Según han revelado algunos medios de comunicación nacionales, el despido de Morelli se da en medio de un escándalo por supuestas irregularidades en un contrato de arrendamiento de la ANH, de acuerdo con un informe de la Contraloría.
Dicho contrato, celebrado en el 2019 con la firma AB Consultores, tendría un sobrecosto en el contrato de arrendamiento, que podría superar los mil millones de pesos.
En una carta enviada por el ente de control al ministerio de Minas y Energía, la Contraolría advierte que dicho contrato firmado asciende a los 3.535 millones de pesos, del cual deben restarse 1.295 millones de pesos por adecuaciones de las oficinas. Así las cosas el valor final llega a los 2.240 millones de pesos, que corresponde al canon de arrendamiento por 18 meses.
El convenio tendría un presunto detrimento patrimonial que, según el organismo de control, podría variar entre los 67 y 361 millones de pesos durante la ejecución del contrato, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.