Los entes de control recordaron que la EPS que compró a Saludcoop tuvo un incremento "exponencial" en sus pasivos en 2019
El procurador general y el contralor de la República le pidieron a la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud que, de manera inmediata, apliquen una liquidación forzosa de la EPS Medimás, que reemplazó a Saludcoop.
Mediante una comunicación enviada al ministro encargado de Salud Iván Darío González y el superintendente de Salud Fabio Aristizábal, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba explicaron que la EPS tiene “irregularidades en la administración de los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud”.
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Además, consideraron que Medimás presenta una “falta de garantías en la prestación del Plan Básico de Salud –PBS-“. Ambos factores estarían llevando a la vulneración de los derechos de sus pacientes.
Los jefes de los entes de control también destacaron que Medimás incrementó sus pasivos desde dos billones de pesos en 2018 hasta 2,7 billones de pesos en 2019, lo que consideraron como un incremento “exponencial”.
En ese sentido, también mostraron preocupación por las pérdidas acumuladas de la EPS, que ya superan los 803.295 millones de pesos.
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En la comunicación también se destaca que “según el informe del Contador con Funciones de Revisor Fiscal, el 60% de los activos que Medimás reportó en noviembre de 2019 en 1.761 billones de pesos, corresponden al denominado activo intangible”.
Además, advirtieron que las auditorías y otras acciones preventivas habrían podido demostrar “posibles acciones y omisiones por parte de los administradores de Medimás E.P.S. S.A.S (contratistas, y/o empleados) a través de las cuales, al parecer, se estarían desviando los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud que superarían los 635.000 millones de pesos”.
Esto se podría comprobar en los giros de anticipos a los accionistas de Prestnewco, sin legalizar ante las IPS, así como en autorizaciones entregadas con fechas superiores a sus solicitudes y pagos por servicios superiores a su valor real.