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EFE_ España dio un paso histórico en la lucha contra la pobreza severa con la aprobación este viernes del ingreso mínimo vital (IMV) para sus habitantes en esta condición, una herramienta ya adoptada en otros países europeos y que beneficiará hasta a 2,3 millones de personas.

El Gobierno español aprobó esta ayuda como una herramienta clave para la lucha contra la pobreza, especialmente entre los niños, que comenzará a funcionar gradualmente desde el próximo mes de junio y que para el Ejecutivo de izquierdas supone un avance social de carácter histórico.

El IMV es una “política de garantía de rentas que ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país”, explicó hoy en Twitter el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien destacó el carácter “permanente” de la medida.

Medida prevista pero acelerada por la pobreza de la pandemia

El Gobierno de coalición progresista (Partido Socialista y el izquierdista Unidas Podemos) estudiaba la medida desde hace varios meses, pero la aprobación se aceleró con la grave crisis económica causada por la pandemia de la covid-19, con un fuerte aumento del desempleo y la pobreza, que ha traído de regreso las filas para recibir alimentos en numerosos puntos de España.

La medida equipara a España con la de los países de Europa Occidental que ya tenían algún tipo de esquema de ingreso mínimo garantizado para las personas en pobreza y exclusión social.

El sistema acordado finalmente establece ayudas de entre 461 y 1.100 euros mensuales (500-1.200 dólares) en función del número de miembros de la familia, que se recibirán hasta que cese la situación de necesidad.

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Este ingreso será el mínimo en todo el país, pero podrá ser mejorado con otras ayudas de las autoridades regionales y dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar, con especial atención a familias con niños y monoparentales.

Se podrán acoger personas de entre 23 y 65 años o desde los 18 años con menores a cargo y un año como mínimo de residencial legal en España.

El coste anual para el Estado se calcula en unos 3.000 millones de euros anuales (un 0,24 % del PIB de 2019).

Las previsiones iniciales del Gobierno apuntan a que unas 100.000 familias comiencen a cobrar en junio esta renta mínima, aunque el objetivo final es llegar a 850.000 familias y 2,3 millones de personas, la mitad de ellas niños.

“Medida de justicia social y de recuperación económica”

“Es una medida de justicia social, pero también es una medida de justicia económica”, afirmó en rueda de prensa el vicepresidente segundo del Gobierno y responsable de Derechos Sociales en el Ejecutivo, Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Iglesias subrayó que este sistema permite “una redistribución de la riqueza” y además es “absolutamente imprescindible para la recuperación económica”, ya que los recursos “no irán a paraísos fiscales, sino al consumo”, y dinamizarán la economía nacional.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, incidió en el objetivo final de la inclusión social de los beneficiarios, ya que no se trata solo de la prestación económica, sino de “una serie de políticas” para acompañar a los beneficiarios y ayudarles a salir de la pobreza.

Esta medida llega en medio de una crisis económica severa causada por la pandemia de coronavirus, que en España ha disparado el desempleo (unos 950.000 parados más desde el inicio del confinamiento) y amenaza con hundir el PIB un mínimo del 9,5 % durante este año, según previsiones del Banco de España.

Antes de esa crisis, 4,5 millones de hogares españoles se encontraban en riesgo de exclusión social o pobreza severa, lo que suponía casi el 25 % del total de la población, según un estudio del Banco de España el pasado marzo, antes de la explosión de la pandemia.

Avance en protección social al nivel europeo

En estas circunstancias, “el ingreso mínimo vital pone a España en un contexto de la normalidad europea”, explicó a Efe Andoni Montes, analista de la Fundación Alternativas, ya que este país no posee “una política de protección social tan ambiciosa como otros países” de su entorno.

A pesar de que “España ha llegado tarde” en implantar esta medida, “tiene el potencial de ser una política muy exitosa. Si se logra financiar correctamente puede lograr sacar a mucha gente de la pobreza”, añadió.

César Lajud, profesor de Economía de la Universidad Europea (Madrid), considera la medida como una “magnífica política de desarrollo social” que tendrá un “impacto positivo en la salud mental de los hogares que la reciben”.

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Lajud señaló a Efe que los beneficiarios, “al tener ingresos, tendrán gastos” y se generará “una actividad económica positiva”, aunque también destacó la importancia de que este tipo de políticas “estén combinadas con el interés de que no decaiga la búsqueda de empleo”.

En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de la principal organización empresarial (CEOE), recalcó hoy que este sistema “no tiene ningún sentido si no tiene un camino hacia la empleabilidad” y pidió aplicarlo “con formación” y con la “obligación” de no poder rechazar ofertas de empleo.

“No podemos tener un país subvencionado”, recalcó Garamendi durante un foro virtual.

Entre la oposición política, el portavoz en el Senado del conservador Partido Popular, Javier Maroto, consideró “muy grave” que el Gobierno pretenda usar para este ingreso los fondos de las pensiones de retiro, ya que “es imposible cumplir el milagro de los panes y los peces con el dinero de las pensiones”.

Este jueves el Gobierno Nacional anunció la extensión de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en todo el país. Pese a que la medida terminaría este 31 de mayo luego de dos meses en cuarentena, el presidente Iván Duque anunció que esta se mantendrá entre el 1 de junio y el 1 de julio.

Sin embargo, alineado con los pasos hacia la reapertura económica que ya se han dado en el país, el Gobierno el decreto 749 que reglamenta las condiciones del aislamiento, contempla 43 excepciones y siete actividades completamente prohibidas durante ese periodo.

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Las prohibiciones

De acuerdo con el decreto, “en ningún caso” serán permitidas durante el aislamiento preventivo las siguientes actividades:

• Los “eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Misterio de Salud y Protección Social”.
• No podrán abrir los “los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video”.
• Los restaurantes seguirán con sus puertas cerradas, solo podrán prestar su servicio mediante domicilios o por entrega en punto de venta para llevar.
• No podrá haber actividades en “gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles”.
• Los cines y teatros permanecerán cerrados y continuará prohibida la práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto.
• No estarán permitidos los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones.

De igual forma, la norma “limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, con el fin de hacer efectiva la medida.

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Las excepciones

Están exentos de la restricción, siempre cumpliendo los debidos protocolos de bioseguridad, los siguientes sectores y personas:

• Prestación de servicios de salud.
• Adquisición y pago de bienes de primera necesidad.
• Desplazamiento a servicios bancarios y servicios notariales.
• Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado.
• Prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.
• La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales.
• Actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias, y los servicios funerarios, entierros y cremaciones.
• La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad.

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• Actividades de la industria hotelera estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus.
• El comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias.
• Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.
• Desarrollo de actividad física así: personas entre los 18 y 69 años máximo dos horas diarias; adultos mayores de 70 años, tres veces por semana, media hora al día; niños mayores de 6 años, tres veces por semana, una hora al día; niños entre los 2 y los 5 años, tres veces por semana, media hora al día.
• Se autoriza apertura productiva de los servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas.

En el documento se establece que quienes trabajen en los sectores habilitados tendrán que cumplir con las medidas de autocuidado y bioseguridad, como el uso obligatorio del tapabocas y las distancias mínimas de un metro en espacios como el transporte público.

Además, quienes deban salir del aislamiento para trabajar tendrán que portar las respectivas credenciales que los acrediten como miembros de ese sector.

La crisis económica que atraviesa el mundo debido a los confinamientos que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, sumado a otras tensiones internacionales y choques, ha hecho que las proyecciones para distintos indicadores económicos de los países vayan a niveles negativos, luego de que se estimara que este año sería bueno. Esta situación hace que los jóvenes recién graduados se enfrenten a un mundo laboral y económico muy distinto al que esperaban previo a esta coyuntura.

Datos recientes del Dane arrojaron que en el trimestre móvil de enero a marzo de este año, la tasa de desempleo de la población joven (14 a 28 años) fue de 20,5% en Colombia, lo que significó casi 1,4 millones de desocupados. En este periodo, las mujeres fueron las más afectadas con una tasa de 26,8%, mientras que la de los hombres fue de 16%. Vale decir que las cifras de la entidad indican que el 20,5%, es el más alto desde el mismo trimestre de 2012 cuando fue de 19,7%.

Respecto a cuáles son los retos del mercado laboral a los que se enfrentan los recién graduados, en medio de una pandemia y una crisis económica, Oscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, explicó que este va a estar lleno de dificultades y va a tener efectos que tomarán tiempo en desaparecer.

Añadió que “estudios en países desarrollados han encontrado evidencia de que aquellos que se gradúan justo en una crisis, empiezan sus carreras con un nivel de salario más bajo (es más difícil encontrar empleo y los salarios ofrecidos y aceptados tienden a ser menores) y se demoran años en “alcanzar” unos salarios similares a los que tendrían personas que iniciaron sus historias laborales en tiempos normales. Además, enfrentan mayores tasas de desempleo”.

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Sobre este mismo punto, según un documento que se encuentran desarrollando David Forero, Víctor Saavedra y Cristina Fernández, investigadores de Fedesarrollo, los recién egresados del colegio y la universidad se enfrentan a dos situaciones. En la primera de estas, destacan que los menores ingresos que reciben las familias ha hecho que las opciones e incentivos para continuar estudiando se vean reducidas, a lo que se le suma el menor interés por tener clases en línea, lo cual puede terminar en deserción escolar.

En el segundo frente, explican que las posibilidades de conseguir empleo se han reducido críticamente con la crisis reciente. En línea con lo descrito previamente, indican que la tasa de desempleo entre los jóvenes era del 19,5% en el primer trimestre de 2019 (45% de los desempleados) y en el primer trimestre de este año se incrementó a 20,5%, a pesar de que el confinamiento apenas empezaba.

“Teniendo en cuenta lo anterior, la opción que seguramente tomarán muchos jóvenes es entonces, ingresar a los ‘ninis’, aquellos que no estudian ni trabajan, que en el 2019 ya se estimaban en 1,8 millones“, agregan los expertos del centro de investigación económica y social.

Una de las consecuencias que esto trae es un ‘efecto cicatriz’, según el cual el no encontrar alternativas de ocupación al inicio de la vida laboral crea una cicatriz que determina los resultados laborales del futuro, resaltan Forero, Saavedra y Fernández.

Propuestas de políticas enfocadas en este segmento

De acuerdo con Becerra, docente de Los Andes, se podrían considerar dos frentes. Primero, para los que se gradúan, una política activa con estímulos a la contratación de los más jóvenes (algo parecido a la ley del primer empleo) e incentivar los canales de comunicación entre las empresas con vacantes y las universidades. Segundo, desarrollar mecanismos que eviten la deserción en la educación superior y así facilitar que las personas sigan estudiando y no generen mayores presiones en el mercado laboral.

Por su parte, los expertos de Fedesarrollo destacaron que es necesario ocupar a los jóvenes que decidan quedarse en sus hogares. Agregan que para este grupo, el desarrollo de contenidos para los cursos de capacitación a través de internet, radio o televisión, es fundamental. También se sugiere que los programas de ayudas que está dando el Gobierno a las familias se condicionen a requisitos de capacitación, que les faciliten la consecución de empleo en el futuro.

Para los bachilleres, comentan que el potenciamiento y uso adecuado del portal Buscando Carrera se vuelve una herramienta crucial para obtener información de las alternativas con las que cuentan para continuar su educación. “Esto se podría complementar con una difusión más efectiva de los resultados del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, que permiten conocer la vinculación laboral y el nivel salarial obtenido por los graduados de diferentes carreras”, añaden.

Para Juan Carlos Guataquí, experto en temas laborales, el Gobierno puede mejorar la información (y el procesamiento de la misma) sobre la inserción laboral de los egresados. “Eso también puede servir a futuro. Que la gente sepa qué vale la pena estudiar y dónde”, dijo.

Radiografía de los universitarios recién graduados en 2020

Aunque se consultó al Ministerio de Educación para conocer el dato de cuántas personas se habían graduado y de qué carreras en el transcurso de este año, la Cartera aseguró que la última base consolidada es la de 2018 y que la de 2019 está lista después de mitad de año.

Sin embargo, en un ejercicio realizado por Forbes con cuatro instituciones de educación superior, se totalizaron 9.503 personas que en lo corrido del año han recibido su título de pregrado en el país. De manera más detallada, de ese total el Politécnico Gran Colombiano participa con 5.151, la Universidad Nacional lo hace con 2.358, la Javeriana con 1.363 y la Universidad del Rosario con 623.

De la primera en mención, las tres carreras con más graduandos fueron administración de empresas (1.576), ingeniería industrial (670), y psicología (636). En el caso de la Nacional, en la sede de Bogotá de un total de 1.800 graduados, medicina (181), ingeniería química (73) e ingeniería civil (72), fueron las de mayor número.

En la Javeriana no se detalló por carreras, sino por facultades y diferentes fechas de grado. Así las cosas, en la ceremonia del 24 de enero la de mayor número de graduandos fue la de medicina con 74 personas. En la del 13 de marzo, la que graduó más alumnos fue la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con 219. Por último, en la jornada del 14 de marzo, el puesto se lo llevó la Facultad de Ingeniería con 189 alumnos.

Por último, en la Universidad del Rosario, los programas de medicina, jurisprudencia y administración de negocios internacionales fueron los que más graduandos han tenido con corte al 4 de mayo.

Poco después de que el presidente Iván Duque anunciara que el aislamiento preventivo obligatorio se extiende hasta el 1 de julio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió un trino que se ha interpretado como un nuevo pulso entre la mandataria local y el Gobierno Nacional frente a las medidas para contener el coronavirus.

Sin nombrar al Presidente o a otro funcionario, dijo: “Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluquerias, etc.. y dicen que “extienden aislamiento” Qué esperan? Que abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida (sic)”.

El mapa de ruta de la reactivación de Colombia

El presidente Duque amplió el aislamiento, pero continuó con las medidas que había anunciado como la apertura gradual y protocolos de centros comerciales, comercio al por mayor y al por menor, peluquerías y los llamados servicios profesionales, entre otros. En total, son 43 excepciones que hay en el decreto de la ampliación de la cuarentena en el país.

Otro hecho que marcó la jornada de este miércoles, es que la alcaldesa había dicho en horas de la tarde ante la Comisión Primera del Senado, sesión a la que fue invitada, que la cuarentena en Bogotá seguirá hasta el 15 de junio y se mantendrá más estricta. “Trabajamos de la mano, pero no podemos decir que podemos abrir cuando se están duplicando los contagios”, afirmó López a los congresistas.

En Bogotá, la alcaldesa dice que los sectores de construcción y manufactura seguirán funcionando, pero solo las empresas autorizadas. Manifestó que este sábado dará a conocer junto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, las medidas adoptadas para lo que viene en la ciudad.

No es la primera vez que López ha hablado sobre las decisiones que ha tomado el Gobierno alrededor del manejo que le ha dado a los planes de reactivación económica y el aislamiento. Sin bien en algunas ocasiones Claudia López ha felicitado públicamente al Presidente y siempre ha dicho que trabaja de la mano con el Gobierno Nacional, en otras ha manifestado sus preocupaciones.

En el pasado anuncio de ampliación de la cuarentena del 11 de mayo al 25 de mayo, y que abrió la puerta al comienzo del funcionamiento, entre otros, del comercio bajo rigurosos protocolos, la alcaldesa López señaló el domingo 10 de mayo: “Estas siete semanas de cuarentena salvaron vidas. El Presidente de la República ha autorizado a 2.500.000 de personas a salir a trabajar. Lo vamos a organizar escalonadamente, por horarios, con medidas de bioseguiridad para tratar de minimizar el riesgo, porque entre más haya gente en la calle, más riesgo de contagio hay. Pero eso es responsabilidad de él (del Presidente), el haber sacado a la gente a la calle, y la de cada uno de nosotros es ser consciente del riesgo y tomar las decisiones de autocuidado”, dijo la alcaldesa Claudia López en una transmisión de la Alcaldía.

El presidente y su gabinete ha insistido en que son los alcaldes los que “tienen la llave de la gradualidad”, tal como lo ha manifestado en diferentes oportunidades el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo. Por lo tanto, la responsabilidad de qué tanto se da apertura económica está en manos de los mandatarios locales, pero bajo los lineamientos del Ejecutivo, que ha expedido más de una decena de decretos con fuerza de ley bajo la sombrilla de la emergencia sanitaria.

Precisamente este último punto también ha generado algunos interrogantes de los empresarios, quienes esperan que el liderazgo del presidente Iván Duque no se diluya al llegar a las regiones. Esperan que en junio se dé pasos grandes para la reactivación en esta nueva normalidad y llaman la atención de que “debe haber homogeneidad de decisiones” sobre la gradualidad entre las regiones y que no se exijan nuevos requisitos más allá del protocolo que emitió el Ministerio de Salud en su momento, temas de los que habló Sandra Forero en #CharlasForbes.

La ministra de Transporte Ángela María Orozco anunció este jueves que las medidas de restricción de vuelos internacionales permanecerán vigentes hasta el próximo 31 de agosto, por lo que desde el 1 de septiembre se reactivará la compra y venta de pasajes aéreos fuera del país.

El anuncio se dio durante el último balance del presidente Iván Duque sobre el avance del coronavirus en el territorio nacional, que superó los 25.000 casos tras registrar una cifra récord de 1.268 contagios en un día.

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La ministra Orozco también informó que a partir de este 1 de junio y hasta el 30 de ese mes se mantendrán los protocolos de bioseguridad en el transporte público, estos incluyen la distancia mínima de un metro entre los pasajeros, el uso obligatorio de tapabocas y que estos no excedan el 35 % de su ocupación.

En cuanto al transporte aéreo doméstico, a través del decreto 749, el Gobierno ordenó mantener suspendidos los vuelos hasta el próximo 1 de julio. Hasta esa fecha solo estarán permitidos los vuelos nacionales humanitarios y de transporte de carga o mercancía.

Fronteras seguirán cerradas

Se ordena el cierre de fronteras

El mismo decreto 749 dado a conocer este jueves por el Gobierno ordena el cierre de las fronteras –pasos marítimos, terrestres y fluviales- con Venezuela, Perú, Brasil, Panamá y Ecuador. La medida regirá a partir de las cero horas del 31 de mayo hasta las cero horas 1 de julio.

No obstante, se exceptúa el cierre de frontera en casos de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, caso fortuito o fuerza mayor y para la salida del territorio colombiano de ciudadanos extranjeros de manera coordinada con las autoridades nacionales, locales y municipales competentes.

Por último, la norma determina que quien viole las medidas adoptadas y las instrucciones dadas se verá sujeto a sanción de tipo penal.