La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría entregaron el primer balance del programa conjunto que busca evitar la corrupción con recursos destinados para atender la emergencia.
Este viernes se llevó a cabo el primer balance del programa de vigilancia y control ‘Transparencia para la emergencia’ en el que trabajan la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría con el fin de vigilar los recursos extraordinarios dispuestos para atender la contingencia provocada por el Covid-19 en el país.
Durante una rueda de prensa realizada de manera virtual, las tres entidades anunciaron que han identificado hasta el momento 53 procesos contractuales que suman 135.000 millones de pesos (($135.918’838.213).
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Frente a esto, los órganos de control anunciaron la suspensión por tres meses del gobernador del Chocó Ariel Palacio, por la firma de un contrato de 2.000 millones de pesos que, hasta el momento, no ha sido debidamente justificado.
Junto a él, serán indagados por sobrecostos los mandatarios de Arauca (Facundo Castillo Cisneros), Cesar (Luis Alberto Monsalve), Magdalena (Carlos Caicedo), Tolima (Ricardo Orozco), San Andrés y Providencia (Everth Hawkins) y Vichada (Álvaro León).
Los investigados
En el caso de Facundo Castillo, gobernador de Arauca, este fue notificado sobre la investigación y medida cautelar que le impusieron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por irregularidades en la firma de contratos para adquirir mercados y otras ayudas para la población más vulnerable de su departamento. La Contraloría le inició juicio fiscal por 1.050 millones de pesos.
El gobernador del Tolima, responde por un contrato por 1.020 millones de pesos que se destinaron para un plan de comunicación en plena pandemia. Mientras que Salomón Sanabria, de Casanare, tendrá que responder por un contrato de 8.181 millones de pesos para raciones.
Por su parte, en la lista de municipios indagados aparecen Malambo, Soledad, Tocancipá, Girón, Barrancabermeja, Puerto Gaitán, Coveñas, Soacha, Cota, Puerto Escondido y Mapiripán.
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El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte señaló que continúa en la acción preventiva sobre 17.486 contratos relacionados con la emergencia y existen 50 casos en análisis. La Procuraduría General, en cabeza de Fernando Carrillo Flórez, anunció que ha asumido más de 990 acciones preventivas a nivel País.
En materia contractual se han analizado 5586 contratos por un 1,4 billones de pesos, 18 % a nivel nacional y 82 % a nivel territorial y en materia disciplinaria ha abierto 116 indagaciones para evaluar el tramite a juicio disciplinario y 7 investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.
El Fiscal General Francisco Barbosa, por su parte, reveló que la entidad ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar.