Análisis sobre los desafíos que tiene el país por la propagación del Covid-19.
La coyuntura actual plantea un reto de política complejo. Desde la perspectiva de salud pública, son necesarias medidas de confinamiento y el cierre de muchos negocios. Desde la perspectiva económica, la parálisis de algunos sectores, la caída en la demanda mundial y la pérdida de empleos afecta de manera desproporcionada a familias pobres y vulnerables. En estas circunstancias, los esfuerzos del gobierno central, de los gobiernos locales y de la sociedad deben enfocarse en cuatro objetivos: (i) contener las tasas de contagio sin que aumente la pobreza, (ii) preparar el sistema de salud para que esté en capacidad de atender a quienes lo necesiten en el pico de contagio, (iii) reactivar la economía minimizando el riesgo sobre la salud de los colombianos y (iv) procurar que los efectos de la pandemia sobre la economía sean transitorios.
Debido a la alta informalidad del mercado laboral (cerca del 60% de los ocupados no están afiliados al sistema pensional), la fragilidad de los empleos de los hogares con menores ingresos es muy alta en Colombia. Además, los sectores más afectados por el confinamiento son precisamente los sectores donde más incidencia de informalidad se presenta. Esta combinación de características lleva al primer reto para el Gobierno colombiano: reducir el contagio y, al mismo tiempo, tratar de minimizar los efectos económicos sobre los más vulnerables. El Gobierno ha tomado medidas correctas en esta dirección, puesto que ha hecho importantes esfuerzos encaminados a realizar transferencias de dinero directamente a las poblaciones más pobres. Es fundamental seguir en esta dirección considerando que la reactivación de la actividad económica debe hacerse de forma gradual, y que muchos sectores, cuya reactivación tardará, se emplean una parte importante de la población más vulnerable a la pobreza.
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El empleo formal también está amenazado por las necesidades de confinamiento. Las consideraciones de salud pública imponen el ritmo de la reactivación económica y la capacidad de supervivencia de las firmas se va agotando a medida que se extiende el tiempo de cuarentena. La salida de firmas trae consigo la destrucción de empleo formal, de activos intangibles y de capital humano. Así, la salida de firmas puede hacer que los efectos de esta crisis sean permanentes. Mientras el empleo informal puede tener un proceso de recuperación más rápido por su alta flexibilidad, el mercado formal toma más tiempo en recuperarse y seguramente sufrirá efectos de más largo plazo. Por esta razón, se requieren políticas de protección decidida a las firmas y al empleo formal.
Para proteger el empleo formal, el Gobierno Nacional está apoyando el financiamiento de las nóminas a través de garantías sobre sus créditos. Asimismo, el Banco de la República ha mantenido una política monetaria de abundante liquidez y reducciones de las tasas de interés que deberían abaratar los costos de los préstamos. No obstante, para muchas empresas esto no ha sido suficiente porque las tasas de interés ofrecidas por los bancos comerciales son demasiado altas por la percepción inminente del riesgo de quiebra por parte de empresas pequeñas y medianas, y porque las garantías ofrecidas por el gobierno son parciales. Por esto, proponemos que el gobierno asuma el pago de parte de las nóminas de empresas que cierren temporalmente, ajustando la proporción de la ayuda al nivel de ingresos con el fin de respaldar con mayor determinación a los trabajadores de ingresos más bajos. También es deseable buscar acuerdos entre firmas y empleados para que los costos de la pandemia sean compartidos. En la medida en que los trabajadores estén dispuestos a sacrificar parte de su salario y el Gobierno subsidie otra parte, la probabilidad de supervivencia de las firmas va a ser mayor. Este tipo de acciones aún no se han incluído en la estrategia de tratamiento del problema del empleo formal por parte del Gobierno.
El plan de reactivación gradual de la economía, que permita el regreso a las actividades de algunos sectores, puede reducir los costos directos de protección del empleo formal. Por otro lado, para la reactivación de la economía se requiere de la movilidad física de los trabajadores y del restablecimiento de la demanda interna, objetivos inalcanzables a menos que se relaje la cuarentena. Por supuesto, las medidas mencionadas pueden mitigar los efectos nocivos de la pandemia y también ayudan a reducir los riesgos asociados con la relajación de las restricciones. Sin embargo, para que la activación de sectores económicos no genere rebrotes de contagio se requiere un aumento sustancial en el número diario de pruebas. Las pruebas permiten detectar casos asintomáticos, aplicar acciones de confinamiento selectivas, identificar posibles contagios y, a la vez, estimar el riesgo de contagio en grupos poblacionales específicos.
El Gobierno Nacional ha acertado al descentralizar decisiones acerca de la relajación de restricciones a la movilidad puesto que los riesgos y las capacidades del sistema de salud varían de municipio en municipio. Por esta razón, alcaldes y gobernadores deben aislar los lugares más susceptibles al contagio del COVID-19 y alta comorbilidad donde aún no presentan casos confirmados e implementar sistemas de vigilancia activa en lugares donde hay contagio y la infraestructura en salud es baja. Asimismo, al interior de cada municipio debe haber medidas diferenciales para zonas rurales y urbanas, los gobiernos deben proporcionar los implementos necesarios de prevención y garantizar el acceso a agua limpia para el lavado de manos. Por último, las precauciones de las personas en lo que respecta a distancia social y uso de tapabocas son esenciales para reducir el riesgo del contagio. En este sentido, la estrategia de comunicación de las autoridades puede tener efectos importantes. Otra medida útil para reducir los riesgos del retorno a la actividad económica, es la flexibilización de las jornadas laborales en las empresas que empiecen el aislamiento selectivo y la generación de incapacidades en personas con alto riesgo de contagio o el mínimo síntoma de enfermedades respiratorias.
Los retos que vienen para Colombia y el manejo de la crisis por parte de las autoridades públicas son principalmente tres. Primero, trabajar para lograr el margen, no solo presupuestal, sino también de economía política que le van a permitir hacer sostenibles los altos montos de déficit que serán inevitables en esta crisis. Segundo, reforzar la capacidad de reacción del sistema de salud y en particular los mecanismos de implementación de pruebas, seguimiento y aislamiento de los contagiados, al mismo tiempo que se fortalece la capacidad de atención a los pacientes más graves. Estos dos elementos van a ser un reto importante para las regiones más pobres del país y por lo tanto va a exigir una alta coordinación y reactividad de las instituciones de salud y las autoridades públicas. Finalmente, el reto de mediano y largo plazo no puede enfrentarse aislados del mundo. Será fundamental que el Gobierno colombiano participe activamente en la elaboración e implementación de estrategias apoyadas en organismos multilaterales y acercarse de manera urgente a los países de la región para lograr una voz común y coordinada para definir estas estrategias.
Hernando Zuleta con Andrés Álvarez y Andrés Zambrano
Facultad de Economía de la Universidad de los Andes