Los gobernadores de San Andrés, Arauca y Guaviare fueron llamados a interrogatorio, mientras otros 14 se encuentran en indagación preliminar.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General entregaron este jueves el segundo balance de la estrategia ‘Transparencia por la Pandemia’, que vincula a las tres entidades en una lucha por garantizar el adecuado manejo de los recursos destinados a la atención del coronavirus en el país.
De acuerdo con la información entregada por los entes de control y el acusador, a la fecha se han evaluado 3.000 contratos suscritos desde que inició la pandemia y han derivado en 187 acciones investigativas, además de la orden de captura de diez alcaldes del país, dos de ellos ya en manos de las autoridades.
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Los alcaldes señalados por presuntas irregularidades son los de los municipios de Armenia (Quindío), Cereté (Córdoba), Socorro (Santander), Calarcá (Quindío), San Pedro (Valle del Cauca), San Antonio (Tolima) y Cobeñas (Sucre). Los mandatarios locales ya detenidos son el alcalde de Guaduas (Cundinamarca) y Palocabildo (Tolima).
De acuerdo con el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, entre los cargos imputados a los mandatarios están celebración indebida da contratos, diversos tipos de peculado, entre otros.
Por su parte, los mandatarios de Girón (Santander) Acacías (Meta) y Sincelejo (Sucre) fueron llamados a interrogatorio en calidad de indiciados por la Fiscalía, junto a diez funcionarios más de esos municipios que también serán investigados.
Irregularidades contractuales
El contralor general Felipe Córdoba entregó el detalle de los contratos evaluados por parte de ese ente de control, que suman al menos 3,3 billones de pesos. De acuerdo con el funcionario, por lo menos el 21 % de las compras que ha revisado de kits de alimentos y de salud tendrían sobrecostos.
Dentro de esos contratos, el 32 %, con un costo de 1,2 billones, son contratos a particulares por prestación de servicios. Mientras el otro 68 %, con un valor de 2,1 billones de pesos, son contratos para comprar insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos.
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En los contratos de insumos, la Contraloría ha identificado presuntos sobrecostos en el 21 %, con una posible pérdida para el erario de 427.000 millones, situación por la que se han proferido 245 alertas.
Según la Contraloría, de 30 gobernaciones en las que se analizaron contratos, solo en seis no se encontraron sobrecostos: La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y Caquetá.
Los departamentos con mayores sobreprecios en kits de alimentos y salud son: Valle del Cauca: 37.775 millones; Arauca, 21.148 millones; Atlántico, 19.308 millones; Sucre, 11.366 millones; y Tolima, 11.520 millones de pesos.
En cuanto a las ciudades indagadas por la misma razón, las que generan mayor alerta por sobrecostos son: Barranquilla, 18.652; Bogotá, 14.592 millones; Medellín, 9.729 millones; Cali, 5.740 millones; y Sincelejo, 3.999 millones de pesos.
Armada Nacional, a responder
Dos oficiales de la Armada Nacional y una empresa contratista tendrán que responder en un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones relacionados con un contrato para la compra de tapabocas. Según la investigación, mientras que la Policía compró cada tapabocas a 750 pesos, mientras la Armada pagó el doble por unidad 1.500 pesos.
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Los señalados son el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.