El Papa Francisco apoyó el sábado una exención para los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para el COVID-19, respaldando una propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha sido rechazada por algunos países europeos, como Alemania.

En un discurso en un concierto mundial para recaudar fondos para promover el acceso justo a las vacunas, el Papa dijo que el mundo estaba infectado con el “virus del individualismo”.

“Una variante de este virus es el nacionalismo cerrado que evita, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas”, dijo en un mensaje de video grabado.

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“Otra variante es cuando anteponemos las leyes del mercado o del mercado intelectual o de la propiedad intelectual a las leyes del amor y la salud de la humanidad”, agregó, recordando el alto número de muertes que el coronavirus había infligido al mundo.

Sus comentarios se produjeron en medio de un debate sobre si las empresas farmacéuticas deberían renunciar a la protección por patente de las vacunas COVID-19.

Biden respaldó la medida el miércoles, atendiendo las llamadas de India, Sudáfrica y otros más de 100 países.

Sin embargo, muchos países europeos, liderados por Alemania y Francia, se distanciaron el viernes de la sugerencia, argumentando que la clave para poner fin a la pandemia de COVID-19 era fabricar y compartir vacunas más rápidamente. 

Reuters.

El Gobierno de Colombia, enfrentado a duras críticas de la comunidad internacional por la violenta represión de las protestas masivas de los últimos días, rechazó los “pronunciamientos externos” sin “objetividad” frente a la severa crisis social.

“Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria”, indicó la Cancillería.

“El derecho a la reunión y a la movilización ha sido afectado por vándalos y actores violentos. Estos han agredido a la ciudadanía y a la Fuerza Pública e impactado en algunas regiones, la seguridad alimentaria, la vacunación y salud, la movilidad, y otros derechos”, alegó la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en un video difundido.

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La postura del Gobierno de Iván Duque se da luego que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones de derechos humanos y países como Estados Unidos denunciaran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia durante las manifestaciones, que han sido en su mayoría pacíficas.

FLIP: Policía disparó perdigones a periodistas

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía colombiana disparó perdigones contra tres periodistas que cubrían una protesta en el municipio de Sibaté, cercano a Bogotá, y dos de ellos resultaron heridos por el ataque, denunció por su parte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

El organismo detalló en un comunicado que los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de mayo cuando los reporteros del medio alternativo Loco Sapiens cubrían un plantón que forma parte de las protestas que comenzaron en Colombia hace 10 días y en las que -según organizaciones sociales- la respuesta policial ha dejado 37 muertes.

“A las 2:47 am, agentes del ESMAD lanzaron gases lacrimógenos mientras se desplazaban en una tanqueta. Cuando se acercaron al sector donde se encontraban los periodistas, miembros del ESMAD dispararon directamente contra los reporteros con armas de perdigones”, detalló la FLIP.

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La entidad agregó que los agentes dispararon a los comunicadores “a pesar de que ellos alzaron los brazos y gritaron fuertemente que eran prensa” y que “estaban plenamente identificados, tenían cascos marcados como ‘prensa’ y portaban carnés del medio”. Según la FLIP, durante las manifestaciones en Colombia, han sido documentados 115 ataques a la prensa, de los cuales 52 fueron cometidos por miembros de la fuerza pública.

Miles de personas protestan en Colombia desde el 28 de abril contra las políticas del Gobierno conservador. En algunas ciudades la fuerza pública ha reprimido violentamente a los grupos de manifestantes y ha habido choques que dejan más de 800 personas heridas.

DW.

La opositora venezolana Karim Vera pidió este viernes que se reabran los puentes que unen su país con Colombia, cerrados debido a la pandemia de la covid-19, para que los migrantes no expongan su vida cruzando entre naciones por pasos irregulares.

“No se puede mantener la medida alegando el covid-19, cuando miles de venezolanos pasan por la frontera a través de las trochas, sin control ni bioseguridad, y eso nos mantiene igualmente vulnerables”, dijo Vera, según recoge un comunicado de la oposición.

Vera es dirigente del partido opositor Primero Justicia, del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, en el estado Táchira, que alberga los principales paso fronterizos con Colombia, específicamente, con el departamento de Norte de Santander.

La también exdiputada mostró su preocupación por el hecho de “que algunos que ocupan cargos en instituciones del Estado dicen que los puentes (internacionales) están cerrados para el tránsito de personas y mercancías que pudieran generar ingresos a la nación, mientras las trochas están abiertas”.

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Eso, detalló, “lo conoce todo el mundo y además son resguardadas por los grupos irregulares y funcionarios” militares, “únicamente para resguardar los negocios del contrabando”.

También lamentó que el cierre de los puentes que unen los dos países se haya convertido “en un negocio que beneficia a un grupito que se han enriquecido a costa del sufrimiento de ciudadanos que mantiene sus hogares con el paso hacia lado colombiano porque en Venezuela se les niega el derecho a progresar”.

Finalmente, y según recoge la información, destacó que “el daño causado al patrimonio público y a la seguridad de la nación” en la zona es responsabilidad de quienes “prefieren la muerte de venezolanos que arriesgan la vida cruzando el río Táchira, mientras los autodenominados socialistas llenan sus bolsillos a través de la irregularidad”.

La oposición venezolana ha denunciado que, debido al cierre fronterizo, varios migrantes han perdido la vida tratando de cruzar por las trochas y, especialmente, atravesando el río Táchira, frontera entre los dos países.

El último caso lo expuso el político opositor David Smolansky en Twitter el pasado 24 de abril, cuando dijo que un hombre había muerto ahogado junto a sus dos nietos cuando trataba de cruzar a Colombia. 

EFE.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Externado, ubicada en Bogotá, le envió una carta al rector de esa institución para solicitarle que desvincule del cuerpo de docentes al actual fiscal general de la nación Francisco Barbosa.

Según los estudiantes, la razón de la solicitud está relaconada con decaraciones “faltas de sustento, absurdas y humillantes con las que se ha manifestado en los últimos días el mencionado docente” y que, según ellos, buscan deslegitimar el ejercicio democrático y la manifestación pacífica.

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“Valga manifestarse que la filosofía liberal de la Universidad nos ha permitido acercarnos y aceptar otros puntos de vista desde el respeto”, dice la carta, en la que se advierte que quien actualmente enseña e imparte clases para entender la situación sociopolítica del país, las bases constitucionales del mismo y en general la enseñanza del derecho público, “también defiende el asesinato de marchantes y el abuso de poder”.

Las señaladas declaraciones por las que hoy es cuestionado el fiscal, son las que dio el funcionario en entrevista con Semana, en donde afirmó: “En este momento, la Fiscalía General de la Nación va a proceder a que los vehículos que estén obstruyendo vías públicas y que puedan afectar derechos de la ciudadanía [sean sometidos] a la acción de extinción de dominio y me voy a quedar… esta Fiscalía se va a quedar con los camiones en el marco de la extinción”.

Para la comunidad educativa, estas declaraciones denotan un tono “autoritario” y “violatorio del debido proceso”, por cuanto señala que “será él quien detentará la propiedad de los vehículos sobre los que se ejerza la acción de extinción de dominio”.

El documento sostiene que al ver su equivocación en vivo el fiscal “intenta corregirse, para luego determinar que es esa Fiscalía la que obtendrá la propiedad de los vehículos, es decir que el señor Francisco Barbosa considera como propia una institución pública que debe velar por el cumplimiento de los derechos y garantías ciudadanas”.

Estas manifestaciones, según los estudiantes, ponen en riesgo su integridad y los marginaliza. “La presencia de Francisco Barbosa como docente de la Universidad Externado de Colombia representa una constante amenaza a la libertad de expresión, el derecho a manifestarse y la vida misma”, finalizaron.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Turbay, convocó a través de su cuenta de Twitter una marcha para el próximo 8 de mayo “para apoyar a la Fuerza Pública que protege a los ciudadanos en el marco de la legalidad”.

“Para rechazar la violencia y defender la vida; para apoyar a la fuerza pública que protege a los ciudadanos en el marco de la legalidad”, escribió Turbay. “Por las víctimas (policías y civiles) de estas protestas vioentas; para apoyar a nuestra ciudad y al comercio”.

Turbay se ha pronunciado en los últimos días en su cuenta de Twitter en rechazo a los actos vandálicos que se han registrado en los últimos días de la protesta. En su más reciente publicación, explicó, incluso, que “quienes estamos en contra de la violencia y a favor de la vida; quienes respetamos a la fuerza pública; quienes queremos acabar la corrupción, pobreza y desigualdad; quienes trabajamos por un país de oportunidades para todos… decimos: #CuentaConmigoColombia”.

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Es de resaltar que el político también ha hecho un llamado a la calma, advirtiendo que más de 7.000 “cuentas falsas se dedican a incendiar las redes sociales, promover violencia y a replicar noticias falsas. No nos dejemos engañar”.

Es viernes se completaron nueve días de manifestaciones, en rechazo al Gobierno Nacional. De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Temblores ONG, se registraron 1.708 casos de violencia de la fuerza pública, 37 homicidios, 222 víctimas de violencia policial, y 831 detenciones arbitrarias contra manifestantes.

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