Puntos clave para entender el decreto pensional que iba a presentar el Gobierno

Este miércoles se conoció que el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Hacienda, preparaba un borrador de decreto con el que buscaba implementar “medidas para procurar los recursos necesarios para que Colpensiones pueda atender sus obligaciones pensionales y permitir a la Nación destinar más recursos para atender la pandemia ocasionada por la propagación del nuevo coronavirus, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, detallaba el documento.

En otras palabras, el texto que se esperaba saliera con fuerza de ley en medio de la segunda emergencia económica establecida por el Ejecutivo el pasado 6 de mayo y con vigencia durante 30 días calendario que finalizan hoy, buscaba permitir el traslado exprés de más de 350.000 personas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. Según confirmó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, este decreto no será presentado por el Ejecutivo.

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Lo anterior aplicaba para aquellos que tuvieran 750 semanas o más de cotización al momento de ser expedido el decreto que estaba en borrador. Además cobijaba a “quienes les faltare diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez o que ya la hayan cumplido y se encuentren afiliados al Régimen de Ahorro Individual (RAIS)”, administrado por las AFP.

Así las cosas, si los hombres eran mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47 y habían cotizado más de 750 semanas o más, podían haber hecho parte de la medida del traslado a Colpensiones.

El detalle de la razón del decreto

De acuerdo con el borrador del decreto, la Dirección General de Política Macro del Ministerio de Hacienda realizó tres escenarios de evolución de la población ocupada y de la tasa de desempleo del país, en medio de la actual coyuntura, que fueron tomados como referencia para proyectar el posible impacto sobre los recaudos por aportes de los afiliados del Sistema General de Pensiones Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

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Con base en esto, en el escenario medio para 2020 y 2021, Colpensiones dejaría de recibir $1,1 billones y $757.000 millones, respectivamente, frente a lo previsto en el presupuesto inicial.

Para 2019, según el documento, Colpensiones destinó $29,6 billones para el pago de sus obligaciones de pensiones. De estos, $9,2 billones correspondieron a las sumas recibidas por traslados de afiliados de las AFP al Régimen de Prima Media (RPM); $9,9 billones a recursos traslados del Presupuesto General de la Nación en virtud de la Garantía Estatal y $10,5 billones por cotizaciones recibidas de los afiliados a la administradora de pensiones.

Teniendo en cuenta que por la situación y contracción del mercado laboral, los afiliados no podrían efectuar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, es probable que el fondo común del RPM administrado por Colpensiones deje de recibir entre 2020 y 2021 recursos del orden de los $3 billones, los cuales tendrían que salir del Gobierno mediante el presupuesto general, “generando un mayor gasto público y corriendo el riesgo de perder el capital que necesita o que pueda necesitar para atender las otras contingencias acaecidas en virtud de la propagación del nuevo coronavirus”, detallaba el borrador.

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Por esto, el Ministerio de Hacienda argumentaba que se hacía necesario disponer de recursos que puedan garantizar el pago cumplido de las obligaciones que tiene Colpensiones, sin tener que destinar más recursos a ello y poder hacerle frente a las otras contingencias generadas por la pandemia.

Algunos efectos de la medida

De acuerdo con expertos, si bien esta medida le daría caja rápida la Gobierno Nacional, en el mediano y largo plazo esto terminará siendo una deuda grande de los colombianos, pues recibiría algo más de $35 billones por el traslado pero le generaría un hueco de $50 billones que tendrían que ser cubiertos más adelante.

Para entender mejor esto, lo anterior afectaría la sostenibilidad del sistema dado que implicaría un mayor esfuerzo fiscal que haría necesario impuestos futuros para saldar esos pasivos generados.

José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, explicó que esta medida también tendría impacto en los mercados “porque significaría liquidar portafolios de inversiones de hasta de $37 billones si se trasladan las 384.000 personas que lo podrían hacer (…) Eso significa que los fondos tendrían que salir a vender acciones e inversiones en dólares, y luego veríamos a Colpensiones vendiendo TES y bonos de deuda privada para pagar pensiones”.

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Por su parte, Rodrigo Galarza, abogado experto en temas económicos y financieros, comentó que debido a la falta de caja de Colpensiones, que además de la coyuntura ha perdido cotizaciones por un decreto que salió en la primera emergencia económica que permite cotizar un menor porcentaje, “si se logra el traslado se tendría en stock de inversión de $25 billones que se le pagan al seguro social. Desde el punto contable, eso lo que significaría es que el Gobierno Nacional no tiene que pasarle plata a Colpensiones”.

Galarza agregó que “sin embargo, como las pensiones de esos individuos que se pasan son sustancialmente más altas que las que hubieran obtenido en ahorro individual, se le están regalando subsidios a quienes no deberían tener derecho”.