El Ministerio de Vivienda resaltó que la medida inicialmente iba hasta mayo, pero dijo que por la situación de los hogares se decidió extenderla.
El Gobierno Nacional, informó que mediante el decreto 819 se dispusieron nuevos alivios económicos, en medio de la pandemia, con el fin de apoyar a las familias colombianas y a las empresas prestadoras de los servicios públicos en el sector de agua potable y saneamiento básico.
Así las cosas, según explicó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, “hasta el 31 de julio ampliamos el plazo para que las familias de los estratos 1 y 2 tengan la posibilidad de diferir hasta en 36 meses las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo con una tasa de interés del 0%”.
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Respecto a los hogares de los estratos 3 y 4, Malagón explicó que el mismo plazo mencionado queda establecido para estas familias. Mientras tanto, “para los usuarios comerciales e industriales que por la emergencia no puedan pagar oportunamente sus recibos de servicios públicos, en este caso se podrá diferir el pago hasta en 24 meses a un interés real del 0%”, destacó.
Aunque el jefe de la cartera de Vivienda resaltó que inicialmente el beneficio iba hasta mayo, pero que por la crisis y teniendo en cuenta la situación de los hogares, este se amplió hasta el 31 de julio, hizo un llamado para que aquellos que puedan realizar los pagos de manera oportuna, lo continúen haciendo.
De otro lado, Malagón aseguró que “por primera vez en la historia de Colombia tendremos subsidios directos a los acueductos rurales y comunitarios, garantizando la operación y generando un alivio en el costo mensual para las familias. Este alivio será de $12.400 mensuales por usuario y aplicará hasta diciembre”.
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En línea con lo anterior, manifestó que si un usuario rural en Colombia paga entre $19.000 y $20.000 al mes, con este subsidio, quedaría pagando entre $7.000 y $8.000, “lo cual es un alivio significativo para una población con altos niveles de vulnerabilidad”.
Por último, dijo que al apoyo del Gobierno podrán aplicar los 1.621 operadores rurales registrados en la Superintendencia de Servicios Públicos.