El representante a la Cámara Mauricio Toro encabeza la carrera del trámite de la ley de de pago a plazos justos, que está a un debate de ser aprobada.
De contar con el visto bueno que falta, pronto Colombia se unirá a países como Chile, España, Australia y Reino Unido que han regulado los plazos de pagos a proveedores, que en casos no aislados, superan más de los 90, 120 o 180 días, lo cual golpea fuertemente los márgenes de rentabilidad y la liquidez de las empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, que en el país representan más del 90% del sector productivo.
La semana pasada, la Comisión Tercera de Senado aprobó en tercer debate el proyecto de pago a plazos justos, que pretende que las facturas sean pagadas en un tiempo no mayor a 60 días, luego de que una subcomisión de la cámara alta llegara a un acuerdo para reactivar el proyecto, a dos semanas de terminarse la legislatura.
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Lo que falta es su paso por la plenaria del Senado de la República, la conciliación de esa corporación con la Cámara de Representantes y la respectiva promulgación del presidente Iván Duque. Pero llegar a este punto, ha sido un “camino tortuoso, un proceso muy difícil, lleno de palos en la rueda y lobby como nunca había visto en el Congreso por parte de quienes se oponen”, comentó a Forbes Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá (Alianza Verde) y autor de la iniciativa legislativa.
A pesar de tener el respaldo de más de 20 gremios, incluso desde antes que iniciara su trámite; otros dos gremios, la Andi y Fenalco, han sido los más fuertes opositores de la que sería la nueva norma.
Desde Fenalco señalan que se debe reconocer la libre autonomía privada, dando prevalencia a los acuerdos entre las partes, en la relación entre medianas y grandes empresas “y permitir una flexibilidad para que puedan fijar los plazos máximos de pago libremente, de acuerdo con las características de los bienes y servicios que comercializan”.
Desde la Andi dicen que les preocupa “que el Estado intervenga en los acuerdos entre privados” y que este sea “un incentivo a importaciones consiguiendo proveedores en otros países”.
No obstante, en su libro Financing SME and Entrepeneurs, la Ocde resalta que la evidencia muestra que el retraso o la falta de pago son perjudiciales para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que a menudo carecen de capacidades de gestión de flujo efectivo y tienen posibilidades limitadas para encontrar fondos suficientes en otros lugares. “El 28% de las empresas que experimentan retrasos en los pagos, lo consideran como un obstáculo para su crecimiento y se ven incapaces de contratar nuevo personal porque sus clientes no les pagan a tiempo”.
El centro de esto es el flujo de caja de las empresas, dice Toro. El congresista señala que el impacto de esta ley será positivo porque “van a tener dinero disponible en caja, se puede generar innovación más rápido, se tendrán mejores empleos y mejores pagos, se podrá producir con mejor calidad. Nuestras empresas serán más competitivas y productivas, incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no te tienes que endeudar con un banco, se podría trasladar el precio al consumidor final”.
En lo que va del trámite se ha definido que si bien el pago de facturas será de 60 días en el primer año de entrada en vigencia, a partir del segundo año, el tope será de 45 días.
En los debates se incluyó que el Estado también estaría obligado a pagar las facturas en esos plazos, siempre y cuando las entidades tengan la disponibilidad en sus Programas Anuales Mensualizados de Caja (PAC). La vigilancia quedaría a cargo de la Superintendencia de Sociedades y no de la Superintendencia de Industria y Comercio.
En concreto, esta ley pondrá un ‘tatequieto’ a la posición dominante de la que algunos jugadores se aprovechan para imponer sus condiciones. Son muchos los gobiernos del mundo que se han centrado en abordar los retrasos en los pagos mediante la introducción de códigos de pago como la ley de pago a plazos justos e incentivando pagos oportunos del organismo público.