El proceso se inició por presunto incumplimiento de la normatividad para instalar y operar dichos equipos automáticos.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, debido al presunto incumplimiento de la normatividad vigente para la instalación y operación de las cámaras de fotodetección, se le formuló pliego de cargos a seis organismos de tránsito.

Entre los investigados están las secretarías de movilidad de: Santiago de Cali, Medellín, Envigado, Bello, Sabaneta y Arjona. La entidad explicó que “las autoridades locales de tránsito pueden expedir y recaudar órdenes de comparendo con ocasión de las infracciones de tránsito que ocurran en su jurisdicción, apoyándose en ayudas tecnológicas como cámaras de video, equipos electrónicos de lectura y otros (SAST), siempre y cuando las mismas cuenten con la autorización respectiva y cumplan con los criterios técnicos”.

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Entre las posibles sanciones que pueden acarrear los organismos de tránsito en mención, como consecuencia de las investigaciones, está la suspensión de las ayudas tecnológicas hasta que cumplan los criterios técnicos definidos. Además, podrían ser multados con hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes por no suministrar la información requerida, detalló la Supertransporte.

Los cargos imputados:

  • No suministro de información legalmente requerida por la Superintendencia de Transporte.
  • Presunta instalación y puesta en operación de las cámaras de fotodetección sin la autorización respectiva.
  • Presunta instalación y puesta en operación de dichos equipos automáticos sin el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas por la normatividad vigente.

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Además de los organismos de tránsito citados previamente, la Superintendencia informó que también se les ha solicitado información a “las secretarías de movilidad de Bogotá D.C., Agustín Codazzi, Galapa, Soacha, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, el Instituto de Tránsito y Transporte municipal de Ciénaga y el Instituto de Tránsito y Transporte de Clemencia”. Lo anterior, con el fin de verificar que se esté cumpliendo con la normatividad en medio de la pandemia.