El Grupo bancario español BBVA ha vendido el 100 % del capital social de BBVA Paraguay al Banco GNB Paraguay, filial del colombiano Grupo Financiero Gilinski, por 250 millones de dólares, tras recibir las autorizaciones regulatorias necesarias.

La operación, anunciada en agosto de 2019, generará una minusvalía neta de impuestos de unos 9 millones de euros por los beneficios que BBVA se ha ido apuntando de la filial en este periodo, y un impacto positivo en el ratio de capital CET1 ‘fully-loaded’ de alrededor de seis puntos básicos.

Estos impactos se verán reflejados en los estados financieros de BBVA en el primer trimestre de 2021, ha comunicado este viernes el grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

BBVA Paraguay cuenta con unos activos de aproximadamente 1.920 millones de dólares (unos 1.640 millones de euros), con datos a cierre del tercer trimestre de 2020.

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El negocio de BBVA en Paraguay ocupa la cuarta posición en el mercado local, tanto por volumen de préstamos, con una cuota del 8,7 %, como por depósitos, con un 9,5 %.

Una vez integradas las dos entidades financieras, el Banco GNB Paraguay se convertirá en el primero por depósitos en el país sudamericano, con unos activos de 3.270 millones de dólares (unos 2.784 millones de euros) y una cuota del 16 %, con datos de finales de septiembre.

BBVA ha asegurado que mantiene su compromiso con América Latina y que continuará invirtiendo en la región, que sigue siendo un área estratégica para el crecimiento del grupo.

EFE

La Superintendencia de Sociedades a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, admitió a la sociedad Almacenes la 14 al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006.

El objetivo del proceso de Reorganización es preservar empresas viables, normalizar sus relaciones comerciales crediticias y llevar a cabo la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

Los accionistas, directivos y colaboradores de la empresa manifestaron su “optimismo y disposición para facilitar la gestión de quien ha sido nombrado Promotor del proceso concursal, el señor Luis Eduardo Pérez, quien conoce ampliamente la organización. La empresa está convencida de que este es un instrumento responsable de protección para acreedores, aliados, colaboradores y accionistas”.

En el marco del proceso, la sociedad deberá entregar en los próximos 10 días de acuerdo a lo que determina la ley, una actualización del inventario de activos y pasivos, incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del Auto, soportados en un estado de situación financiera y un estado de resultado integral y notas de los estados financieros, suscritos por el representante legal, contador y revisor fiscal.

Así mismo, deberá presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, dentro de los dos meses siguientes a la firmeza del auto de admisión, información base para la definición del pasivo a reorganizar para lograr obtener un acuerdo de reorganización que contenga la fórmula de pago con sus acreedores.

La Superintendencia de Transporte impuso una multa de $175.560.600 de pesos a Viva Air como sanción, al encontrarla responsable de vulnerar los derechos de los usuarios de transporte aéreo.

El ente de control encontró dos razones para la sanción: haber impuesto un término distinto del previsto en la ley para redimir el voucher entregado ante la cancelación de vuelos ocasionada por las restricciones que se presentaron para prevenir la propagación del COVID-19, y por limitar la utilización del voucher a un solo uso, lo que implicaba que el usuario perdía cualquier saldo a su favor. Ante la sanción proceden los recursos de reposición y de apelación.

“Haremos uso de los recursos como lo establece la Ley con el objetivo de presentar nuestros argumentos frente a este caso señalado por la Superintendencia de Transporte”, dijeron desde Viva Air a través de un pronunciamiento, en el que señalaron que son respetos de las instituciones y sus decisiones. “Es importante informar a todos los usuarios que todos nuestros vouchers permiten varios usos y tienen validez por un año”.

La SuperTransporte adelantó la investigación luego de recibir 23 denuncias en contra de Fast Colombia S.A.S. (Viva Air) por parte de usuarios que, después de realizar una solicitud de reembolso, habrían recibido vouchers para ser redimidos por servicios. Los usuarios se quejaban por los términos y condiciones establecidos de manera unilateral por la empresa, especialmente porque limitaban su uso a una sola vez, lo que impedía utilizar el saldo restante en la adquisición de otros servicios o la devolución del dinero, y por el término de tiempo máximo otorgado para su redención o uso.

Al respecto, es importante recordar que, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, se expidió el Decreto legislativo 482 de 2020, donde se previó la posibilidad de que las aerolíneas atendieran las solicitudes de reembolso presentadas por los usuarios con la devolución del dinero o prestando un servicio a los usuarios.

“Gracias a un trabajo arduo desde la Delegatura para la Protección de los Usuarios del Sector Transporte, y como resultado de su permanente labor de acompañamiento y su compromiso por velar por los derechos de los usuarios de los diferentes modos de transporte, la SuperTransporte profiere esta sanción, que busca proteger a los colombianos y recordarles a las compañías la necesidad de cumplir las disposiciones definidas. Con esto también fortalecemos el pilar de Legalidad definido por el Gobierno nacional”, manifestó Camilo Pabón Almanza, Superintendente de Transporte.

Así fue la investigación

Ante las denuncias recibidas, la Superintendencia inició una investigación administrativa a Fast Colombia S.A.S. y, después de haber escuchado a la aerolínea en sus descargos y pruebas presentadas, se concluyó que se vulneraron los derechos de los usuarios.

Frente a las denuncias por el tiempo de redención de los vouchers, en el Decreto Legislativo 482 de 2020 se incorporó una medida en beneficio de las aerolíneas, al permitirles atender las solicitudes de reembolso de los usuarios no en dinero (como es habitual), sino con prestación de servicios de la compañía hasta un año después de que culmine la emergencia sanitaria. Pero en ninguna disposición de dicho decreto se previó que con la entrega de un título valor (bono, voucher u otro) la empresa se liberaba de tal responsabilidad.

Por lo tanto, al limitar el tiempo en el que se podía utilizar el voucher, que en este caso era hasta noviembre de 2020, habría usuarios que se quedaron sin su dinero y sin la prestación de ningún servicio por parte de la empresa. Esto representa una limitación que, en términos expuestos por la Corte Constitucional, iría en detrimento de los derechos de los usuarios y consumidores.

En relación con la cantidad de veces que se podía usar el voucher, teniendo en cuenta que al redimir el voucher era posible que quedara un saldo a favor de los usuarios (por ejemplo, si el valor del nuevo tiquete era menor que el del tiquete originalmente adquirido), al imponer una limitación que implicaría que el usuario perdiera su saldo a favor, se estarían limitando los derechos que la ley le confirió a los usuarios.

Al respecto, el Superintendente Pabón indicó que “la entrega de un voucher o bono no equivale a la prestación de servicios, siendo sólo lo segundo lo que libera a la empresa de su obligación con el usuario. En otras palabras, las aerolíneas pueden reembolsar

El Gobierno de Japón insistió en su idea de celebrar los Juegos Olímpicos previstos para este verano en la capital nipona, a pesar de los rumores sobre su posible cancelación y de la gravedad de la situación de la pandemia en el país y en el resto del mundo.

“Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador (de 2020) y el COI”, dijo hoy (viernes en Japón) el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, durante su comparecencia en una sesión de la cámara alta del parlamento nipón.

Suga reiteró que los Juegos deben servir “como prueba de la victoria de la humanidad contra el Covid-19”, el mensaje que las autoridades japonesas vienen enarbolando desde que en marzo pasado se decidió a raíz de la pandemia posponer un año los Juegos, inicialmente previstos para el verano de 2020.

El líder japonés se pronunció así en medio de las voces crecientes que tanto desde Japón como desde el exterior hablan de un posible retraso o incluso de una cancelación de los Juegos de Tokio debido a la crisis sanitaria global, que en estos momentos es peor en términos de contagios diarios que el pasado marzo.

Hace unas horas, el diario británico The Times publicó una información que señalaba que el Ejecutivo japonés habría ya llegado a la conclusión de que celebrar los Juegos este verano será imposible, a partir de fuentes de la coalición gobernante.

La ministra nipona a cargo de los Juegos, Seiko Hashimoto, desmintió esta información en declaraciones realizadas a los medios de su país este viernes.

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“Desde el Gobierno de Japón haremos todos los esfuerzo hacia la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este verano”, dijo al ser preguntada por el tema Hashimoto, quien añadió que Japón “está haciendo todo lo posible por controlar la pandemia” y “tomando las medidas necesarias” para la celebración de los Juegos.

El comité organizador de los Juegos se expresó este viernes en la misma línea, al afirmar que el Gobierno de Japón “lidera una serie de reuniones de coordinación sobre las medidas contra el Covid-19” y “está implementando extensas acciones para prevenir infecciones con objeto de poder celebrar los Juegos”.

Tanto las autoridades niponas implicadas en los Juegos como el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Paralímpico (IPC) “están plenamente centrados en organizar los Juegos este verano”, recalcaron en un comunicado los responsables de Tokio 2020. 

EFE

Meses antes de hacer de la costa Caribe su nuevo hogar, Blanca Liliana Ruiz pasaba sus días en el centro de operación del Grupo EPM en Medellín. Dirigía el departamento de regulación de energía de la organización, un cargo que se ganó a pulso tras una carrera de 24 años en la empresa.

Tras moverse en el campo financiero, comercial y regulatorio -áreas claves de la multilatina-, esta economista de la Universidad de Medellín, con especializaciones en política económica y finanzas de la Universidad de Eafit, fue designada hace más de tres meses para liderar el cambio en la costa Caribe. El Gobierno Nacional le entregó las llaves de un par de departamentos que atendía Electricaribe a EPM, por lo que se conformó un equipo élite para liderar la transformación del mercado eléctrico en esa zona del país.

“Todos los días digo que el Grupo EPM tomó una decisión muy acertada atendiendo esos cuatro departamentos que nos corresponden: Bolívar, Córdoba, Sucre, y César. La región nos ha recibido de manera generosa, con una gran apertura”, le dice a Forbes Ruiz, quien desde hace más de 100 días es la gerente general de Afinia, la empresa encargada de operar uno de los mercados en los que se dividió Electricaribe.

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Aunque los últimos meses no han sido fáciles, advierte que el reto se ha enfocado en cambiar la tendencia del negocio y los rezagos en materia de prestación del servicio que venían de los últimos años. Se han dispuesto para tal fin más de $20.000 millones, que han sido invertidos para ampliar siete subestaciones y cuatro circuitos nuevos.

“Nosotros recibimos un sistema en cuidados intensivos y había que prestarle los primeros auxilios. Lo primero que hicimos fue una campaña supremamente bonita, de esos que se resuelven con primeros auxilios, que se resuelven con inversiones”, advierte la directiva.  ¿Qué hicimos apenas llegamos? Continuar con las obras que se habían empezado, porque el Gobierno ya había incorporado recursos importantes del orden de $350.000 millones. Sin embargo, faltaba ejecutar una plata importante. Nos enfocamos entonces en continuar esas obras, y en otros frentes de trabajo”.

La crítica situación que encontró Ruiz al llegar a estos departamentos la llevó a actuar rápido, con un equipo que se desplegó por las zonas más criticas que se encontraron. A su llegada, el indicador de pérdidas de la empresa bordeaba el 30 %, con por lo menos 115 interrupciones de energía al año. A su vez, el recaudo tan solo llegaba al 75 %. “Por cada 100 pesos que se facturan, se pierden casi 30 por problemas de pérdidas y si se dejan de pagar 25, entonces de esos 100, llegan 45 pesos. En esas condiciones es muy difícil tener una empresa sólida”.

Con este triste panorama, y cargando la cruz de la precaria herencia que dejó Electricaribe, Afinia le ha apostado a solucionar los problemas estructurales, así como el déficit operativo, que, según explica, Ruiz, llegó a los $50.000 millones mensuales antes de la llegada de los nuevos operadores a la costa.

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“El indicador de interrupción del servicio estaba en 118 horas, ya pudimos mermar 20 horas. El otro indicador es el número de agresiones, y el cierre de vías, de robos de infraestructura. Lo hemos logrado disminuir a la mitad. Yo creo que eso se producía porque los usuarios no se sentían atendidos”, advierte la gerente, que además destaca que ya se empezó a estabilizar el servicio de energía para los más de 6 millones de habitantes de la región.

El plan de inversiones

Con todas estas acciones, Afinia ya alista toda una estrategia para fortalecer su estructura empresarial y la mejora gradual del servicio. Ruiz aclara que este año serán en total $700.000 millones de inversión, 10 veces más de lo que anteriormente se invertía anualmente en la infraestructura eléctrica en ese territorio.

En concreto, el dinero se destinará para el funcionamiento de cuatro nuevas subestaciones, iniciando por la subestación Cereté (Córdoba) en febrero. También se instalarán 13 transformadores de potencia adicionales en distintas subestaciones, como en La Jagua (Cesar) y Magangué (Bolívar). Asimismo, entrarán en funcionamiento 32 nuevos circuitos, entre ellos el circuito Río Zinú 5 en Córdoba, San Jacinto 2 y Magangué 4 en Bolívar.

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Los $700.000 millones hacen parte del grueso de $4 billones a los que se comprometió el Grupo EPM en los próximos cinco años. Según explica Ruiz, serán recursos propios, pues la empresa no recurrirá a la deuda. Todas estas inversiones harán que gradualmente se mejore el servicio, pero que además los usuarios experimenten un incremento en las tarifas de energía.

Así lo reconoce la gerente general, que sin tapujos advierte que las tarifas van a subir.

“Es una utopía pensar que las tarifas no van a subir. Cuando yo le incorporo $4 billones a la infraestructura, y además le aumento los costos de gastos, mantenimiento y operación, y refuerzo a todo el tema comercial, por su puesto las tarifas no pueden seguir igual”.

Pese a que tradicionalmente la costa Caribe se ha caracterizado por no tener las tarifas más altas del país, con los recursos que destinará EPM, advierte Ruiz, se podrá igualar el rezago tarifario de los últimos años.

“Este año todavía no lo hemos fijado, pero la idea es subir un 7 % o un 9 %, que son números muy razonables”, destaca la directiva, que advierte que con la entrada de Hidroituango y las plantas de energía solar previstas para 2022 y 2023 se estabilizarán los incrementos, pues la energía que se venda al mercado se podrá comprar a precios más accesibles.

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La empresa por ahora trabajará para limpiar el triste legado que dejó Electricaribe, así como para cambiar la cultura del no pago. “Esa cultura se va a empezar a cambiar cuando vean que ya están sucediendo cosas en el mercado, cuando ellos se den cuenta que de verdad están recibiendo un buen servicio. Entonces esa tendencia se va a quebrar en esa medida, disciplinando el mercado”, concluye.