El Fiscal General señaló que hay varios militares enredados en contratación de recursos
En una rueda de prensa conjunta, el Fiscal General, Francisco Barbosa; el procurador General, Fernando Carrillo, y el contralor General, Felipe Córdoba, anunciaron los resultados de nuevas indagaciones con relación al gasto que han hechos los entes regionales para enfrentar la propagación del coronavirus.
El fiscal Barbosa señaló que hay evidencia suficiente para imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento a cuatro alcaldes porque habrían desviado recursos destinados a los más necesitados por la emergencia que ha dejado el avance del coronavirus.
Contralor denuncia sobrecostos de 80.000 millones en ayudas por Covid-19 en el país
Los alcaldes son: Jorge Augusto Tobón Castro, de Necoclí (Antioquia); Édgar Augusto Gallego Arias, de Barbosa (Antioquia); Donaldo Ortiz Cárdenas, de San José de Miranda (Santander), y Víctor Candelo Reina, de El Charco (Nariño). Ellos tendrán que responder por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.
De igual manera, dijo el Fiscal General, pedirá medida de aseguramiento contra el ya suspendido gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, quien tendrá que responder como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, y lavado de activos.
Así mismo, el ente acusador anunció que llevará a los estrados judiciales a 17 funcionarios y contratistas, entre los que están Nataly Toro Pardo, secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca; el representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora.
Igualmente, en esta misma situación hay algunos militares como el director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes; el supervisor de contrato, capitán del Ejército Nacional Hárold Cárdenas Mesa; el jefe de contratos de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz.
Más de 800 procesos disciplinarios: Procuraduría
Por su parte, el procurador General, Fernando Carrillo, señaló que esa entidad lleva 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones y 396 alcaldías por presuntas irregularidades con los recursos para atender la emergencia sanitaria por covid-19.
Carrillo recordó que de los procesos avanzan los juicios disciplinarios contra los gobernadores de Arauca y Vichada, así como tres funcionarios de la Gobernación de Quindío. También, permanecen suspendidos los gobernadores de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de salud de la Gobernación del Tolima.
El Ministerio Público anunció que emitió el primer fallo para atender la pandemia al suspender al subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero, porque autorizó el pago de 538 almuerzos por 8.177 millones de pesos sin que mediara un contrato. “Acero no pudo justificar porqué suministró almuerzos a personas que de manera directa no estaban atendiendo a la población vulnerable del municipio de Armenia afectada por la pandemia por el covid-19”, señaló la Procuraduría.
Por su parte, el contralor General, Felipe Córdoba, señaló que vinculó al gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, a tres procesos de responsabilidad fiscal por 2.121 millones de pesos.
“El gobernador Orozco deberá explicar presuntos sobrecostos en 2 contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo. También, deberá explicar el posible el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación de campañas contra el Covid”, dijo Córdoba.
De igual manera, se abrieron dos procesos de responsabilidad fiscal por 8.960 millones de pesos contra la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. “Se le atribuyen, en principio, presuntos sobrecostos y posibles irregularidades en contrato para suministro de insumos importados de uso médico y otro para suministrar elementos de protección individual en bioseguridad”, dijo el Contralor.