El proyecto de ley se aprobó en segundo debate en la Cámara de Representantes hoy, pese a que el Gobierno se opone a la iniciativa.
Este miércoles, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 99 votos a favor proyecto de ley 050 de 2019, que autorizaría el cambio de régimen pensional. En otras palabras, este permitiría que durante seis meses, todos los afiliados a pensión, ya sea en un fondo privado o público, puedan cambiar de sistema. Para ser ley, este debe surtir dos debates más en el Congreso.
De acuerdo con el representante, Juan Carlos Wills Ospina, vocero del Partido Conservador y autor del proyecto, la iniciativa “brinda la posibilidad de traslado de afiliados entre regímenes, siempre y cuando tengan como mínimo 750 semanas cotizadas y tengan la edad requerida”. En el proyecto se especifica que aplicaría para hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 50 años.
Entre las restricciones que existen en el sistema está que las personas, actualmente, a las que le quedan menos de 10 años para recibir su pensión, no pueden cambiar de regímenes. Es decir, los hombres pueden trasladarse de sistema máximo hasta los 52 años y las mujeres hasta los 47.
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En palabras del congresista, compartidas a través de su cuenta de Twitter, “con este proyecto buscamos justicia social donde miles de personas están sufriendo por la incapacidad de cambiar de régimen (…) Hay 380.000 familias que podrían beneficiarse de este proyecto de ley“.
Sin embargo, en una carta realizada por el Ministerio de Hacienda y enviada a la Cámara de Representantes, se detalla que el impacto de la medida durante su primer año de implementación, es de $27,9 billones, por la cual se solicitó archivar el proyecto.
Además, en la misiva dice que “la iniciativa legislativa trae consigo costos asociados a los subsidios que otorga el régimen de prima media con prestación definida a las personas de más altos ingresos. Con base en la información entregada por Asofondos con corte al año 2017, se ha identificado que los potenciales individuos que estarían cobijados por esta norma ascenderían a 384.442 personas”.
En un escenario proyectado por el Ministerio de Hacienda, y expuesto en la carta, se supone que se traslada hacia Colpensiones “el 90% de los afiliados con salario mayor a 1,6 salario mínimo mensual legal vigente (SML), el 45% de los afiliados con salario inferior a 1,6 SML y el 30% de los afiliados que tienen salario a 1 SML y no tiene expectativa de pensión”, dice el documento.
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De acuerdo con Jorge Llano, vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), “un proyecto de ley cuyo propósito sea abrir la puerta para que la población de mayores ingresos reciba subsidios por parte del régimen público de pensiones, y que los costos adicionales sean $60 billones carece de todo sentido social, no tiene presentación que un proyecto de ley vaya en contra de la equidad y de la sostenibilidad del sistema”.
Además, Llano dijo que para dar una idea del costo de oportunidad, “con esos mismos recursos se podrían sacar de la pobreza a 2 millones de adultos mayores de forma vitalicia, lo cual si tendría mucho más sentido dado los altos niveles de pobreza en la vejez”.