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Tumban decreto que reducía aporte a pensión en medio de la crisis
La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 558 de 2020 que permitía que empleadores e independientes aportaran únicamente el 3% a pensiones para abril y mayo.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 558 de abril de 2020 que permitía reducir temporalmente la cotización al Sistema General de Seguridad Social, y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado en medio de la crisis.
Respecto a qué paso deben seguir las empresas y empleados independientes que se acogieron a la norma y no hicieron el aporte completo que corresponde al 16%, se indica que será el Gobierno el que defina qué se debe hacer en dichos casos. Es decir, la sentencia tiene efectos retroactivos, en otras palabras, todo vuelve al estado en que se encontraba antes de la expedición del Decreto Legislativo.
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En su momento, el Gobierno comunicó que con el propósito de aliviar la carga de empresas (públicas y privadas) y trabajadores independientes frente a las dificultades derivadas de la crisis del coronavirus, se expedía el decreto citado, el cual estableció la cotización parcial del 3% a pensiones para los meses de abril y mayo de 2020 que debían ser pagados en mayo y junio.
Además de lo descrito, la norma permitía los recursos de un grupo de pensionados bajo la modalidad de retiro programado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se trasladaran a Colpensiones para que se protegiera su ahorro.
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Sobre el último punto, la norma 558 indicaba que era necesario dicho traslado debido al riesgo de que los fondos privados tuvieran dificultades para entregar los recursos a los pensionados por las fluctuaciones en las tasas de interés, precios de acciones, entre otros, afectados durante los primeros meses del año debido a la incertidumbre que generaba la pandemia en los mercados.
En su momento, los cálculos de Asofondos, el gremio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), eran que el traslado de estos pensionados que reciben cerca de un salario mínimo le representaría a Colpensiones una caja adicional de entre $4 y $5 billones.
Dicho valor le habría ahorrado durante al menos un año el mismo valor en transferencias a la Nación para asumir pagos pensionales y, por lo tanto, serían entre $4 y $5 billones que el Gobierno podía haber destinado a la atención de la emergencia causada por la pandemia.
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No obstante, meses después de que salió la norma 558, el Gobierno en el segundo periodo de emergencia económica sacó el decreto 802 en junio modificó el traslado de pensiones de retiro programado de los fondos privados a Colpensiones y dejó que las AFP se acogieran a este de manera voluntaria y no obligatoria como se detallaba en la primera norma.
