El Ministerio de Vivienda, liderado por Jonathan Malagón, radicó ante el Senado la iniciativa legislativa que busca simplificar la normativa de los auxilios para la compra de vivienda, además de liberar el tope máximo de 30 años que hoy existe en los créditos de este renglón.
Jonathan Malagón, ministro de Vivienda. Foto: Presidencia
El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, radicó ante el Senado de la República el proyecto de ley de Vivienda y Hábitat mediante el cual busca hacer más sencilla la normativa asociada a los subsidios de vivienda y también, promover el crecimiento ordenado y planificado de las ciudades.
Por ejemplo, con la iniciativa legislativa se permite que los hogares que en el pasado recibieron un subsidio familiar de vivienda para mejoramiento puedan acceder a un subsidio familiar en la modalidad de adquisición, siempre y cuando, a la fecha de la solicitud no cuenten con un título de propiedad y cumplan los demás requisitos establecidos en la reglamentación.
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Otro de los puntos clave del proyecto es que las familias que hayan adquirido un subsidio con el programa ‘Mi Casa Ya’ no tendrán restricción de tiempo para poderla vender; mientras que en el caso de las viviendas adquiridas gratuitamente, la restricción durará 5 años con el fin de promover la cohesión social de estos proyectos. Así, las familias podrán apalancarse en ese activo, indicó la cartera de Vivienda.
Además de lo citado, la iniciativa permite liberar el tope máximo de años respecto a los plazos de financiamiento de los créditos de vivienda que actualmente es de 30 años. En este punto, que busca entender los cambios en las dinámicas de mercado y las preferencias de los usuarios, se faculta al Gobierno Nacional a revisar las condiciones en las cuales operan.
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También se crea el Fondo Cuenta de Catastro Multipropósito, que genera más recursos para el fortalecimiento de las finanzas municipales y la actualización catastral, como la simplificación de los trámites asociados a la habilitación de planes parciales para desarrollar vivienda.
Por otro lado, el acceso a la vivienda rural mediante el proyecto busca impulsar una atención diferencial, de acuerdo con el género, etnia, edad, condición de discapacidad, reconocimiento como víctima del conflicto armado o en proceso de reincorporación.